Obligan a empleados públicos a un “aporte solidario” salarial para ATE y UPCN

Si se tomó el trabajo de revisar esta semana su recibo de sueldo, cualquier empleado público de la administración nacional no afiliado a ningún sindicato puede haberse sorprendido: por primera vez, sin que nadie se lo haya consultado, está contribuyendo con un 0,5% de su salario a los gremios estatales UPCN y ATE.

“Aporte extra solidario”, dicen los recibos, aunque la medida sea en realidad compulsiva. Se inició, ironías de los tiempos de inflación, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, cuando los sindicatos y el Gobierno firmaron un acta que no explica el motivo del cobro, pero que lo dispone retroactivo a enero y con el Estado como agente de retención. El Consejo Nacional Directivo de ATE lo celebró en su página web con lenguaje inclusivo. “Crecemos entre todes: el aporte solidario de les trabajadores se utilizará para iniciativas de capacitación y distintas acciones sociales”, prometió ese día. El acta está redactada con franqueza: dice que la iniciativa obedece a un pedido de los dirigentes gremiales. “Atento la solicitud realizada por las entidades sindicales signatarias del CCTG [Convenio Colectivo de Trabajo General], se establece un aporte extraordinario solidario para los trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el CCTG para la Administración Pública Nacional homologado por decreto 214, consistente en el cero coma cinco por ciento (0,5%) de la remuneración bruta mensual, normal, habitual y permanente a partir del 01/01/2022 y durante la vigencia del presente período paritario del acuerdo suscripto en fecha 26/05/2021″, indica el texto, firmado por funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía y representantes de ATE y UPCN.

Para los trabajadores no hubo en cambio motivo de algarabía. Días después de la reacción del festejo de sus pares del Consejo Nacional, la comisión ATE Mecon, que nuclea a empleados del Ministerio de Economía, protestó en las redes. “Se produjo un nuevo manotazo salarial que pretende ser disfrazado burlonamente de aporte solidario”, publicaron en Twitter. Consultados por LA NACION, en UPCN sustentaron la decisión en la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo (14.250), que se promulgó en 1953. “Esto sucede en muchos gremios, nosotros lo habíamos retrasado por una cuestión de generosidad -contestó un referente sindical-. Los no afiliados reciben los mismos aumentos que los afiliados y es justo que todos aporten. En la paritaria de junio a mayo conseguimos 54%, le ganamos a la inflación”.

Este tipo de aportes solidarios, ya presentes en la mayoría de los gremios de la Argentina, ha sido siempre motivo de discusión. Empezaron a proliferar en los 90, cuando los sindicalistas advirtieron que, pese a la fortaleza del salario, tenían una escasa cantidad relativa de afiliados. Entonces, como las leyes 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo) y 23.551 (Asociaciones Sindicales) prohíben hacer aportes y contribuciones por fuera de los convenios, adoptaron la modalidad de incluirlos dentro de esos acuerdos. Hubo, sin embargo, y a raíz de presentaciones de empleados de sectores como la alimentación, el comercio y sanidad, seis fallos de inconstitucionalidad de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Pero fueron sentencias que afectan al reclamante y, por lo tanto, no obligan a otros tribunales a decir lo mismo. “Como se trata de fallos individuales, más allá de que la Justicia les dio la razón a esos seis empleados, los aportes quedaron aceptados”, explicó a LA NACION el abogado laboralista Julián de Diego.

El debate se oye desde el lunes en varias dependencias del Estado, donde parte del personal analiza presentar medidas cautelares. Hay constitucionalistas que, si de ellos dependiera, les darían la razón. “En mi opinión, los aportes compulsivos tienen validez legal, pero no validez constitucional porque van contra el derecho del trabajador de afiliarse y el de propiedad”, dijo Félix Lonigro. ¿Y si algún trabajador va a la Justicia?, le preguntó este diario a un sindicalista. “Que vayan. La Justicia hará lo que tiene que hacer”, contestó. En la Corte no hay jurisprudencia al respecto. Lo más cercano es un fallo de septiembre de 2018 en que el tribunal da lugar a un pedido de la empresa Colorín contra la Unión Personal de Fábricas de Pintura y Afines y dispone que los sindicatos no pueden pedir la ejecución de deudas por aportes impagos de empleados no afiliados. Pero es una sentencia que favorece a una empresa, no a trabajadores. “Cualquier reclamo debería venir de los afectados”, agregó Lonigro.

En la Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependencia de la Jefatura de Gabinete y una de las firmantes del acta, dan razones similares a las de los gremios y afirman que la medida afecta a unos 50.000 agentes estatales, que son los que pertenecen a la administración central. “El convenio colectivo de trabajo en la administración pública nacional tiene una serie de institutos paritarios como el Fopecap, fondo de capacitación; la Copic, que se ocupa del desarrollo de carrera; la CIOT, comisión de igualdad de oportunidades y de trato; la CyMAT, que se ocupa de todo lo que es salud laboral, que generan beneficios para todos los trabajadores comprendidos en el convenio, más allá de que estén o no afiliados a algún sindicato”, respondieron ante la consulta.

La discusión promete exceder el ámbito gremial y ya desencadenó críticas por izquierda. Entre las primeras, la del legislador porteño Gabriel Solano, del Partido Obrero, que publicó en Twitter: “Rechazo el acuerdo de UPCN y ATE con el Gobierno que establece un descuento compulsivo a todos los estatales. Si los sindicatos quieren que los trabajadores aporten deben militar y ganarse su apoyo. Y no pactar descuentos compulsivos a cambio de traicionar a los trabajadores”. De Diego recordó ayer las protestas que, hace casi 25 años, obligaron a Lionel Jospin, primer ministro de Francia, a aplicar reformas que incluyeron, además de una reducción en la jornada laboral, la eliminación del aporte solidario obligatorio. Desde entonces, la Comisión Nacional de Salarios de Francia, que se reúne todos los años, tiene mayor representación de trabajadores no afiliados que de sindicatos. La paradoja francesa: una sociedad propensa a salir a la calle por cualquier intento de avasallamiento de derechos, tiene al mismo tiempo una de las tasas de afiliación más bajas de Europa, menor al 10 por ciento.

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