Nuevo acuerdo: Alberto Fernández y el FMI repiten la fórmula que fracasó con Mauricio Macri

WASHINGTON.– Después de negociar durante dos años, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) arreglaron darse un tiempo hasta volver a negociar. Ese es el espíritu inherente al nuevo acuerdo que acaban de cerrar el gobierno de Alberto Fernández y el staff del Fondo: patear la pelota para adelante y dilatar el ataque frontal a los problemas de fondo de la economía, al menos hasta cuando haya voluntad política -si es que alguna vez ocurre– para hacerlo. Es, paradójicamente, el mismo espíritu del acuerdo de Mauricio Macri denostado por el Frente de Todos.

Una negociación larga, desgastante y frustrante para todos dejó un programa “liviano” o “blando”, como lo llaman desde hace semanas en Estados Unidos, alejado de lo que muchos economistas creen que necesita la economía argentina y también de los deseos originales de la Casa Rosada y del Fondo. Como cualquier acuerdo donde todos ceden algo, nadie quedó conforme del todo.

“Es algo que se puede lograr, es realista, ha aprendido de experiencias pasadas y ahora mira a la Argentina y sabe que empezaremos a abordar los desequilibrios arraigados y moveremos a la Argentina en la dirección correcta. Realista, pragmático y creíble”, describió Ilan Goldfajn, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en una conferencia de prensa virtual en Washington en la que se presentó el acuerdo. “Eso es lo que podemos ofrecerle al pueblo argentino”, cerró.

Si el Fondo hubiera tenido libertad plena para escribir la letra final del programa, el ajuste fiscal habría sido probablemente más veloz y el plan seguramente habría incluido un menú de reformas ausentes: una nueva carta orgánica para el Banco Central para darle más independencia, una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma impositiva. Todo eso quedó afuera. El fastidio del ala dura del oficialismo con el arreglo quedó a la vista con la butaca vacía de Máximo Kirchner en el Congreso. El Gobierno debió aceptar un ajuste más duro del que quería, del déficit fiscal y de las tarifas, y además pagará la misma sobretasa de Macri, la misma que quiso eliminar y no pudo. Alberto Fernández y Martín Guzmán tampoco consiguieron los 20 años de plazo que quería el cristinismo para devolver la deuda.

El Fondo arrancó la negociación buscando un programa “sólido” y terminó aceptando uno “realista”, claudicando a regañadientes y con su reputación herida a los límites que marcó la Casa Rosada. El Fondo volvió a resignarse ante un gobierno argentino en aras de lo que el organismo llama el ownership, o “apropiación”, un principio por el cual es preferible que un préstamo esté hecho a medida del país que a la filosofía del Fondo. El pilar de ese principio es que, si las autoridades se “apropian” de un programa, el programa tiene más probabilidades de éxito. No ocurrió con Macri. Nada sugiere que ocurrirá ahora.

El organismo cayó en la misma trampa de 2018: aceptó firmar un programa que no es “óptimo” -al menos desde la visión del staff–, sin reformas de fondo para proteger a la Argentina de una crisis mayor. El riesgo es que esa crisis llegue de todos modos. Al repetir la historia, el Fondo desoyó su propia lección: la evaluación del fallido plan de Macri había dicho que uno de los errores fue darle tanto peso a la “apropiación” del plan. Una de las “lecciones generales” que dejó el economista Odd Per Brekk en ese informe fue “equilibrar cuidadosamente la apropiación del Gobierno con la calidad y la adecuación de las políticas del programa y los riesgos para la reputación del Fondo”.

“La apropiación de un programa por parte de las autoridades es crucial para el éxito”, reconoció Brekk. Pero luego agregó: “El Fondo debe cuestionar las ‘líneas rojas’ políticas que comprometerían los objetivos del programa. Mejorar la apropiación no debe interpretarse como una voluntad de ceder a la preferencia de las autoridades del país por opciones de políticas subóptimas, que en última instancia pueden no ser coherentes con los principios de uniformidad de trato”. El Fondo debe acomodar sus préstamos a los países, pero también ser ecuánime.

Las “líneas rojas” saltaron a la vista en el discurso de Alberto Fernández en el Congreso, en el que se preocupó por remarcar que el acuerdo no incluye una reforma previsional ni una reforma laboral, y tampoco “tarifazos”.

Detrás de la decisión de avalar otro programa “subóptimo” existe un cálculo que el Fondo ya hizo con Macri: ponerle un parche a la economía –un parche de US$50.000 millones, que luego se amplió a US$57.000 millones– para recuperar la confianza de los mercados, salvar al “gradualismo” y postergar las reformas estructurales. Aun cuando nada sugiera que más adelante pueda llegar a haber apetito político para ponerlas en marcha, por más que la economía las necesite, una necesidad que además en la Argentina es materia de debate permanente.

El epílogo de esta negociación es el preámbulo de la siguiente. En Estados Unidos creen que cada revisión trimestral a la que se someterá la Argentina será tan desgastante y estresante como la negociación del acuerdo. En cada una de esas revisiones, la Argentina enfrentará un nuevo riesgo de impago con el Fondo. Casi nadie espera que el Gobierno cumpla las metas pactadas, un escenario que, de concretarse, demandará reciclar las discusiones con el staff, con la Casa Blanca y el resto de las potencias del G-7 para obtener un waiver (perdón) en el board.

Brekk escribió en su informe que la administración de Macri consideró que intentar hacer reformas estructurales en la economía corría el riesgo de convertir al programa en un “rehén” del Congreso y que la expectativa era que esas reformas se agregaran a la agenda de políticas “después de la elección general”, en referencia a la elección presidencial de 2019. Brekk podría escribir lo mismo ahora.

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