Nuevas formas de corrupción y cómo combatirlas
Las formas tradicionales utilizadas para consumar los delitos de corrupción se están tornando inviables y están llegando a su fin. Durante muchos años, el cobro de las vulgarmente llamadas "coimas" se hacía en efectivo o vía transferencias bancarias a cuentas del exterior no declaradas. Sin embargo, el nuevo contexto internacional de intercambio de información financiera entre los estados dificulta considerablemente la posibilidad de ocultar grandes cantidades de dinero en "cuentas bancarias negras" sin ser detectado e informado. Y, por otro lado, esconder cantidades importantes de dinero en efectivo tampoco es una posibilidad ya que se dificulta su uso, pues las distintas Unidades de Inteligencia Financiera de cada país reciben información sobre toda operación sin justificación patrimonial. Como consecuencia de ello, el dinero en efectivo mal habido sólo podrá ser utilizado para gastos menores, pero su uso será muy limitado. En el mismo sentido, numerosos países están estudiando sacar de circulación los billetes de mayor denominación; la India lo hizo recientemente, como una forma de bajar los niveles de informalidad y corrupción. Este conjunto de medidas, sumada a la presión social y las nuevas leyes que se están aprobando, están configurando un escenario futuro más complejo para los corruptos. Por ejemplo, en Brasil figuras como la "delación premiada", que consiste en reducciones de sentencias a los corruptos confesos que aportaren pruebas, han sido sumamente exitosas tal como explicó el juez Moro en su reciente visita por Buenos Aires.
Sobre la base de este nuevo escenario, la corrupción, lejos de darse por vencida, está mutando a nuevos modelos más sofisticados que permiten que el dinero generado en actividades ilícitas pueda ser volcado más fácilmente a la economía formal, y, de ésta forma, circule libremente. Entre los nuevos esquemas, se advierte la utilización de estructuras empresarias privadas útiles a los efectos de lavar dinero. Por ejemplo, algunas empresas prósperas de origen político que generan ganancias "extraordinarias" como consecuencia de la firma de contratos exorbitantes con proveedores del estado, cuyos montos superan holgadamente los valores de mercado. Si bien hay algunos casos por demás burdos y básicos que salieron a la luz, lo cierto es que no siempre será sencillo detectar las maniobras que se encuentren bien estructuradas.
En este sentido, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que permite castigar penalmente a las personas jurídicas por delitos contra la administración, procura mitigar este riesgo; pues en forma paralela al castigo a la persona física por delitos de corrupción, se imponen fuertes multas a las empresas y se premia a aquellas que prestan colaboración para el esclarecimiento de los hechos ilícitos o que denuncian espontáneamente una actividad ilícita. A ello se suma, la conocida ley del arrepentido.
No obstante lo cual, como es sabido, sin un adecuado y eficiente funcionamiento de la justicia, cualquier avance será extremadamente complicado. Para que dicha ley no termine siendo un mero negocio de consultoría y realmente genere un cambio, será fundamental una verdadera y ágil respuesta del sistema judicial. Asimismo, existen múltiples medidas adicionales que podrían adoptarse para que esta ley no resulte insuficiente, además de las delaciones premiadas cuya eficacia quedó clara en el caso Odebrecht, a todo funcionario que integre una persona jurídica se le debería exigir el sometimiento al control y monitoreo de sus negocios privados por parte de terceros independientes de prestigio, que "avalen o autoricen" que dichas transacciones no vulneren condiciones de mercado normales y habituales.
En síntesis, si bien tanto en la región como en la Argentina falta muchísimo para tener una política anticorrupción medianamente efectiva, lentamente los cambios se irán haciendo sentir. Asimismo las practicas corruptas irán mutando a modelos más complejos que deberán ser abordados, ya que, como hemos visto, la corrupción mata.
El autor es ex presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina