Juicio por YPF. En Nueva York, piden investigar el proceso de expropiación
LA NACION
El juicio por la estatización de YPF tuvo un avance importante hoy en Nueva York, luego de que la jueza de la Corte del Distrito Sur, Loretta Preska, autorizara los dos pedidos de investigación sobre la expropiación de la petrolera, en 2012. Ambos pedidos de discovery, como se le dice al procedimiento que obliga a la Justicia de Estados Unidos a investigar un hecho puntual, habían sido realizados por los demandantes, Burford Capital, y por la defensa, la Argentina e YPF.
Sin embargo, se trataban de dos discovery distintos. Mientras que los estudios de abogados que representan al país y a la petrolera pidieron que la investigación se centre en los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto de YPF, Burford Capital, el fondo que adquirió el derecho a litigar en contra, pidió investigar los daños económicos en los que incurrieron las empresas Petersen, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a Repsol.
El jueves pasado, las tres partes se reunieron en una conferencia telefónica y, tras casi una hora de intercambios, la magistrada había anunciado que definiría su estrategia en los siguiendes días. Hoy, según anticipó el analista financiero Sebastián Maril, quien sigue de cerca el juicio, Preska "ordenó realizar el pedido de expertos (pedido por la República Argentina) y el discovery de hechos (pedido por Burford Capital". "Deben comenzar inmediatamente y culminar en marzo de 2021", agregó el director de Fin.Guru, en Twitter.
La estrategia de la Argentina es "hablar con expertos sobre la aplicabilidad de la ley argentina sobre este caso", según había explicado Maril cuando se hicieron los pedidos de investigación. Burford, en cambio, quiere "encontrar todo aquello relacionado con este caso para calcular los daños económicos".
Con el pedido de discovery, la Argentina gana tiempo pare evitar pagar un juicio cuyo fallo en contra podría significar el pago de no menos de US$3000 millones, en un contexto de negociación por la deuda externa y profundización de la crisis económica por la pandemia.
La representación argentina está en manos de los estudios en Nueva York Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que fue contratado durante el gobierno de Mauricio Macri, y de Sullivan & Cromwell, que sumó el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Este bufete, a su vez, ya había sido contratado por la administración de Macri para llevar la defensa del juicio por el pago del cupón atado al PBI. En representación de YPF sigue el estudio Cravath, Swaine & Moore.
Detrás de la estrategia legal de la Argentina está Zannini, quien era el entonces secretario de Legal y Técnica durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando ocurrió la expropiación. Hasta antes de asumir, Zannini se desempañaba como director del Banco de Santa Cruz, cuyo dueño es el Grupo Petersen.
Sin embargo, el Grupo dice que ya no tiene nada que ver con las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que crearon en España con el fin de comprar el 25% de las acciones de YPF. Luego de la expropiación, ambas firmas entraron en quiebra porque no pudieron hacer frente al crédito sindicado que habían obtenido del banco Credit Suisse para comprar las acciones. Burford adquirió el derecho a demandar al país por 15 millones de euros más el 30% de la indemnización que se obtenga por el resultado del juicio.
En el escrito que presentó Burford hace unas semanas para justificar su pedido de discovery, el fondo destacaba que "es poco probable que [los accionistas de las compañías Petersen] reciban alguna distribución de las propiedades en bancarrota", y que "evitaron cualquier participación en estos procedimientos (probablemente debido a preocupaciones políticas en Argentina) y no están cooperando con un abogado en este caso o el receptor".
Burford además citó una columna de opinión de presidente de YPF, Guillermo Nielsen, de febrero de 2019, para decir que la Argentina "ha insinuado que espera enfrentar una responsabilidad multimillonaria en este caso". El exsecretario de Finanzas había dicho en El Cronista que "el gobierno anterior [por Cristina Kirchner] se manejó totalmente a espaldas del mercado financiero, y a los compromisos en él asumidos por la República" y que "tampoco podemos olvidar las características de la 'renacionalización de Repsol-YPF', donde se ignoraron los Estatutos de la empresa otra acción de alto impacto en el mercado".
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