No alcanza con evitar el default para asegurar las elecciones

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Confirmó esta semana Alberto Fernández que no quiere ser el presidente del default. También quedó claro que la decisión inteligente de aumentar la oferta a los acreedores hasta lograr el acuerdo y evitar romper la negociación fue una recomendación de Cristina Kirchner, según el propio Jefe de Estado confesó, dato que ya circulaba entre los periodistas políticos mejor informados del país.

Sea por una dudosa convicción neocapitalista de la pareja gobernante o por la necesidad política ante el fantasma de un colapso económico que los sacara de la cancha en las próximas elecciones,la decisión del Gobierno abre ahora dos preguntas determinantes tanto para la economía y la política en lo inmediato como para el año electoral:

1) ¿Alcanza conevitar el default y reprogramar la deuda privada para evitar un shock inflacionario en los próximos 12 a 18 meses?

2) Aún si se mantiene bajo control la escalada del dólar y los precios, ¿está el Gobierno en condiciones de recomponer la confianza para que se reactive la economía en 2021?

3) ¿Es negocio ahora entrar e invertir en la Argentina o hay que seguir saliendo?

Sin duda es un hecho auspicioso y para celebrar la decisión política de acordar con los acreedores privados, darles a los tenedores de bonos con ley argentina el mismo tratamiento que se les reconoce a los títulos bajo ley internacional y, sobre todo, como ratificó el ministro Martín Guzmán, buscar un nuevo entendimiento con el FMI para refinanciar los vencimientos con ese organismo.

Conviene advertir, sin embargo, que lo que se está celebrando es no haber descendido en la tabla. Es importante, sin duda. Pero no es ganar el campeonato apenas quedar a mitad de tabla y para abajo. El propio ministro lo remarcó en su correcta presentación del acuerdo en conferencia de prensa. "No se terminan con esto los problemas económicos argentinos y hay que seguir trabajando mucho para normalizar la situación". Transmitió calma, no salió a gritar los goles a la tribuna contraria, no hizo una sola mención a la catarata de críticas que recibió por la extraña forma en que llevó adelante la negociación.

También Alberto Fernández habló sobre el futuro. Dijo que los objetivos serán recomponer reservas, dólar competitivo, equilibrio fiscal y superávit comercial. Los mercados y el mundo económico aplauden de pie al Presidente. También preguntan cómo. Para lograr esos objetivos, todavía no aparece el plan.

No se dice una palabra del gasto público y el déficit fiscal. No está claro si el supuesto ahorro del que habla el Gobierno, dado que se pateó para adelante el pago de los intereses y capital de la deuda, se va a aprovechar para facilitarles la vida a las empresas y trabajadores privados a la hora de salir de la crisis o servirá para financiar más gasto y más Estado.

El camino puede ser bajar impuestos y tener mayor margen de emisión de bonos en pesos para absorber sin sobresaltos el tsunami de emisión que sigue por el coronavirus; o el acuerdo puede servir para seguir igual y tratar de ganar tiempo hasta las elecciones de 2021, apostar a la emisión aumentando el déficit con mayores subsidios, y mantener la olla a presión de la inflación con congelamientos de tarifas, planes asistenciales, cepo cambiario y controles de precios.

La cuestión del cepo cambiario es central. Un dato que la política conoce y Guzmán debería tomar en cuenta: con cepo cambiario es mucho más difícil ganar las elecciones. Los gobiernos que llegaron a los comicios con cepo, en general perdieron en las urnas.

El actual esquema cambiario es ahora el principal escollo para cumplir las premisas del Presidente de recuperar reservas y tener dólar competitivo. Aún si se decidiera mantener el control de cambios con un dólar para comercio exterior y ciertas operaciones financieras, qué sentido tendría mantener el cepo y no permitir un dólar libre para ahorro y turismo.

El cepo -ya inútil- trae más problemas que beneficios. Hay que trabar el uso de tarjetas de crédito para compras en el exterior; hay que evitar promover la venta de pasajes y paquetes turísticos internacionales; hay que frenar importaciones; y hasta mantener, ya sin excusa razonable, los bancos semicerrados, sin que la gente pueda disponer libremente -y sin pedir turno- de su dinero. Todo para nada. Más de 4 millones de personas le compran dólar barato al Banco Central.

En lo inmediato Guzmán bajó las expectativas de anuncios o novedades relevantes. "Estamos tratando de administrar la emergencia", responde cada vez que le preguntan sobre el futuro.

La realidad es que no se sabe cuándo terminan las cuarentenas y hasta dónde el Gobierno va a tener que seguir emitiendo para los subsidios en transporte, las tarifas, ATP, IFE, los gobiernos provinciales y el sistema sanitario. Hasta ahora, lo único concreto fue el acuerdo por la deuda y la moratoria impositiva. El resto, todo cepo, controles, más déficit y amenaza de más impuestos.

La agenda política del Gobierno ayuda cada vez menos a la tranquilidad económica que se intenta recuperar. Sin instituciones no hay inversiones. Se repite el intento de colonizar a la Corte Suprema y a la Justicia nombrando jueces y fiscales militantes a través de una reforma de dudosa legalidad que ya está siendo recurrida en Tribunales y rechazada por la oposición y la mayoría de la opinión pública. Además, se busca criminalizar el trabajo del periodismo para censurar a la prensa crítica.

Como los avances contra la Justicia y el periodismo independiente podrían trabarse -como en el pasado- en el Congreso y en los Tribunales, se propone ahora una reforma constitucional que permita el populismo autoritario y restrinja las actuales libertades, las garantías individuales y la propiedad privada con el argumento de siempre: que conviene más el Estado y no el mercado como regulador y distribuidor de la riqueza y la equidad.

Mientras la política discute filosofía y se ocupa de sus propios problemas con la Justicia, en las calles la gente se defiende a los tiros. La justicia para la gente que paga impuestos no llega. Solo se reforma para la aristocracia política. Una vez más, el Estado está ausente donde la sociedad lo necesita, pero muy presente donde incomoda y perturba.

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