Ni la pandemia frena a coleros y avivados con el dólar
Cuando los incentivos existen, la viveza criolla no tiene límites. El Banco Central (BCRA) lo volvió a constatar hace unos días, cuando descubrió que, en plena pandemia y con el aislamiento obligatorio vigente, el negocio de los "coleros" del dólar estaba de vuelta. Aunque ya no en las filas en las sucursales de los bancos -que las hay, pero por otros motivos-, sino que volvieron en forma de "coleros digitales".
La entidad que preside Miguel Ángel Pesce descubrió cientos de miles de operaciones idénticas: personas que abren cuentas en bancos digitales, compran los US$200 oficiales permitidos del mes y luego los transfieren a unas pocas cuentas en bancos de primera línea. Solo por esta vía se fueron, según estiman en el Central, unos US$40 millones en un mes. Una cifra nada despreciable considerando que la entidad informó que 2,4 millones de personas usaron el cupo de US$200 en mayo y sumaron en total unos US$451 millones.
Del BCRA ya les advirtieron a los bancos que, en función de la ley y regulación de "conozca a su cliente", que previene operaciones de lavado de dinero, deberán inhabilitar las cuentas receptoras de dólares de los "coleros digitales". Obedientes, muchos de ellos han empezado a llamar a clientes para pedirles que justifiquen la recepción de varias transferencias de dólares.
Pero parece una cuestión de tiempo hasta que la astucia vuelva a hacer de las suyas. Hay pocas inversiones que hoy ofrezcan una ganancia inmediata del 35% en pesos, como surge de la brecha entre el tipo de cambio oficial (de $94,9 si se considera el impuesto del 30%) y el ilegal o paralelo (de $129). El problema no son los coleros, sino el desequilibrio macro que hoy hace que, pese al supercepo, exista una brecha cambiaria que parece inmanejable. El economista Amílcar Collante advierte que, en las condiciones actuales, el poder de fuego del BCRA es limitado, con reservas netas líquidas estimadas en poco más de US$8700 millones.
El BCRA y la Comisión de Valores (CNV) piensan avanzar en nuevas regulaciones para contener el precio del llamado dólar Bolsa o el contado con liquidación. Hubo reuniones con la Cámara de Fondos Comunes de Inversión y hay un contacto constante con BYMA por el funcionamiento de esas variantes de la divisa. Tanto Pesce como el titular de la CNV, Adrián Cosentino, tienen los mejores modales, pero para el mercado no dejan de ser parches. La diferencia entre el dólar oficial y el libre es comparable a la que existía en diciembre de 2015, al terminar el gobierno de Cristina Kirchner. En las circunstancias actuales, y sin un plan económico conocido que permita pensar lo contrario, para el mercado un ajuste del tipo de cambio empieza a verse inevitable.
No es suficiente con que el Gobierno intente emparchar las filtraciones. Pudo haber contenido hace algunas semanas la demanda de importadores tras detectar que estaban adelantando compras de dólares por mercaderías que no ingresaban, pero, como el agua, los desequilibrios macroeconómicos empiezan a encontrar constantemente huecos por dónde filtrarse.
El equipo económico tiene un margen de acción muy acotado. No hay movimiento que no implique poner en riesgo alguna otra variable.
Otro ejemplo puede encontrarse en el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Para asegurarse el beneficio, algunas empresas fomentaron la venta en negro para forzar una ficticia caída sustancial en las ventas. El incentivo de contar con quien subsidie hasta el 50% del salario de los empleados es demasiado grande.
El equipo económico se enfrenta con un desafío mayúsculo. Probablemente deba lidiar hoy con una situación mucho más compleja que la que recibió -y no logró dominar- Mauricio Macri, o incluso que la que le tocó capear al presidente Eduardo Duhalde en 2002. Alberto Fernández no solo debe atacar los problemas que la Argentina arrastra desde hace décadas, sino que además debe lidiar con una pandemia que eleva la incertidumbre a niveles inusitados y que arrastra al mundo entero a un terreno desconocido. El mundo ya no tracciona como sucedió en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, que bien conoció Fernández, sino que, todo lo contrario, todos los países están ensayando una salida a la crisis que provocó el coronavirus sin la garantía de que vaya a ser exitosa. ¿Qué es más inusual? ¿Que el FMI estime que el PBI de Estados Unidos caerá 8% en 2020 o que el de la Argentina vaya a bajar 9,9%?
Margen acotado
El equipo económico tiene un margen de acción muy acotado. No hay movimiento que no implique poner en riesgo alguna otra variable. Es consciente de los riesgos que asume. Pocas medidas fueron tan fiscalistas como la decisión de Martín Guzmán de pisar el gasto en jubilaciones apenas asumió. También coqueteó el ministro hace unos días con la idea de ponerles un freno a muchos de los planes asistenciales que nacieron con el Covid-19, aunque debió dar marcha atrás al definirse un endurecimiento de la cuarentena. Incluso en el Gobierno algunos funcionarios deslizaron ante banqueros que no estaban tan interesados en potenciar la asistencia vía créditos subsidiados, dado que muchos de estos fondos al final terminaban usándose para comprar dólares en la Bolsa o en el mercado ilegal (otra filtración más del cepo).
Pesce, por su parte, está llevando adelante una política de absorción de pesos casi tan conservadora como la que en algún momento aplicó Federico Sturzenegger. En lo que va de 2020 volcó al circuito $1,25 billones, pero luego aspiró vía pases o Leliq (títulos del BCRA) casi el 92%: $1,16 billones. El riesgo es que esos títulos, como le sucedió a Sturzenegger, pueden volver al circuito -y de manera desordenada- en cualquier momento.
El mercado conoce las limitaciones con las que debe lidiar el Gobierno, y hasta las comprende. No más basta ver la pasividad con la que la CGT está aceptando hoy suspensiones y despidos -encubiertos- en una gran cantidad de pymes. No hay gobierno más difícil para un sindicalista que uno peronista.
Pero el Gobierno sigue sin mostrar cuál será el camino que recorrerá para ir atacando los problemas, muchos de los cuales ya eran urgentes apenas asumió Fernández y antes de que azotara el coronavirus. Desde marzo pasado, el Gobierno puso punto muerto. Todas las medidas parecen apuntadas solo a ganar tiempo, y en muchos casos poco contribuyen a mejorar el clima de negocios en el país.
Las pocas medidas que hubo son de corto plazo y apuntan a sostener el consumo
El cepo se endureció para contener la demanda de dólares; las tarifas de los servicios públicos quedaron congeladas hasta diciembre, igual que la doble indemnización; los despidos se prohibieron hasta agosto; los aumentos de naftas se postergaron hasta octubre, y la política de precios máximos, que vence mañana, tiene grandes probabilidades de extenderse, aunque más no sea con leves retoques. Aunque las empresas ya adelantan en privado que simplemente irán discontinuando los productos que no sean rentables.
También, pese a que el PAMI tiene frenados los pagos comprometidos para saldar la deuda de $12.000 millones que tiene con la industria, los laboratorios extranjeros agrupados en Caeme decidieron que prorrogarán por 30 días más el convenio con la obra social más grande sin exigir aumentos (vencía mañana). Los nacionales de Cilfa aún esperan avanzar en alguna negociación.
El problema es que mientras el Gobierno más demora las definiciones macroeconómicas y se entretiene con los parches, menos impacto pueden terminar teniendo medidas que hubiesen sido sindicadas como positivas.
Las pocas medidas que hubo son de corto plazo y apuntan a sostener el consumo. El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene la idea de lanzar un nuevo plan de refinanciación de tarjetas de crédito, tal cual se planteó a comienzos del aislamiento obligatorio. También, anticipó el ministro Matías Kulfas, habrá una prórroga del plan Ahora 12 hasta el 30 de septiembre. Ambas medidas todavía no terminaron de cerrarse con los bancos, que pidieron una reunión con Kulfas esta semana para sugerir, entre otras cosas, que por ejemplo el beneficio para las tarjetas sea solo para saldos de hasta 10.000 pesos. Habrá un nuevo pago de ATP -el cuarto- en julio y se continuará en paralelo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El problema es que mientras el Gobierno más demora las definiciones macroeconómicas y se entretiene con los parches, menos impacto pueden terminar teniendo medidas que hubiesen sido sindicadas como positivas. Es lo que sucede con el canje de deuda. Aunque parece estar mucho más cerca de una definición, ya no alcanzaría para revertir el problema del dólar. Mientras tanto, será difícil contener las movidas de un mercado que, simplemente, se rige por incentivos.
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