Qué hay detrás de la súper moratoria que lanzó la provincia

Este viernes la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzó una moratoria destinada a pymes y otras empresas que incumplieron sus obligaciones como agentes de recaudación. El plan busca regularizar deudas por $8.000 millones, con planes de financiación de 48 cuotas y quitas de hasta un 90% de recargos y multas.

“Por regla general, las moratorias para agentes recaudadores no existen, porque hay un delito que puede llegar a ser penal en el caso de la defraudación. Pero veníamos de una crisis pyme bastante marcada entre 2018 y 2019; el año pasado pensábamos que las empresas iban a poder resolver sus deudas, pero en 2020 empeoró la situación. Las moratorias no son frecuentes, pero el contexto extraordinario requiere de medidas extraordinarias”, aseguró Cristian Girard, director de ARBA, en diálogo con LA NACION.

El plan se divide en dos. Por un lado, una moratoria para los agentes de recaudación de sellos o Ingresos Brutos que no ingresaron los fondos retenidos en sus operaciones con los contribuyentes. Este es el caso más grave, debido a que hay un delito como defraudador. Por el otro, hay una moratoria dirigida a los agentes que omitieron retener o lo hicieron por un monto menor al que les correspondía. En vistas del Estado, estas empresas son omisores.

Para todas las deudas generadas por incumplimiento del régimen para actuar como agente de recaudación, tanto para los de omisión como los de defraudación, la fecha contempla hasta aquellas devengadas al 31 de diciembre de 2020. “Puede ir atrás donde llegue el tiempo y para deudas en instancia prejudicial y judicial”, aclaró el titular de ARBA.

¿El objetivo detrás de la supermoratoria? El Gobierno bonaerense asegura que será “para reactivar la economía, generar empleo y mejorar los ingresos populares”, ya que le permitirá a las empresas levantar embargos y volver a tener la posibilidad de obtener créditos. El programa forma parte del plan de reactivación económica que lanzó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Se busca ayudar desde el Estado a la reactivación económica. Esperemos que lo permita el virus, por ahora viene complicado, pero la tendencia a la reactivación viene validándose. Habrá que ver si se sostiene”, apuntó Girard. Aunque, en definitiva, ganarían los dos lados: mientras que las empresas logran ponerse al día con sus deudas con algunos beneficios, la provincia espera recaudar los $8000 millones que le deben.

Según las estimaciones, en Buenos Aires habría unos 5000 agentes recaudadores que podrían acceder al plan de pagos, mayormente pymes que “no contaban con los recursos necesarios” para cargar con la responsabilidad de actuar como agentes. Actualmente, los contribuyentes que hubieran obtenido Ingresos Brutos operativos superiores a $150 millones al año, están obligados a actuar como agentes de recaudación del régimen general.

Los beneficios

A partir del 10 de mayo y hasta el 7 de noviembre, las empresas tendrán tiempo para adherirse a la moratoria. Sin embargo, quienes realicen el acogimiento en la primera etapa del programa -desde el próximo lunes y hasta el 4 de julio- tendrán condonaciones de recargos y multas más bajas: del 90% para las microempresas, del 80% para las pequeñas, del 70% para las medianas y del 10% para las restantes.

“Un plan de pago ya es extraordinario, ni hablar de dar beneficios. Pusimos el 10% para todas, pero después discriminamos positivamente para las empresas más chicas”, agregó Girard.

A medida que transcurran la segunda y tercera etapa, el porcentaje de quita irá decreciendo. El beneficio pasará a ser del 90% al 50% para las micropymes; del 80% al 40% para las empresas más chicas; y del 70% al 30% para las medianas. En el caso de las empresas más grandes, el piso siempre será del 10% independientemente de la etapa en la que se adhieran.

A su vez, el programa prevé la posibilidad de financiar en hasta 48 cuotas. En el caso de los agentes defraudadores, la tasa de interés llega a ser del 5% porque “es un incumplimiento grave”. En cambio, para los omisores, la tasa de interés alcanza el 3,5%.

En caso de elegir la financiación más larga, es necesario un anticipo del 30% para los casos de defraudación y del 25% para los de omisión. “Con este anticipo, en deudas judicializadas, podés levantar el embargo”, apuntaron desde ARBA.

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