Primeros números. ¿Cuánto hay que pagar por Vicentin?
LA NACIONPablo Fernández Blanco
El gobierno de Alberto Fernández, aspirantes privados a quedarse con el negocio si trastabilla la expropiación y hasta algunos allegados a la empresa comenzaron en los últimos días a moldear un número que formará parte de discusiones en los próximos meses. Todos intentan responder a una pregunta: ¿Cuánto hay que pagar por Vicentin?
Se trata de un trabajo casi quimérico. La empresa tiene activos millonarios, deudas en un nivel similar y es casi imposible determinar cuál será su flujo de negocios, hundido hoy en el terreno fangoso de una intervención del Frente de Todos, un concurso de acreedores y la posible desconfianza futura de los productores a los que no se les pagó en el pasado.
En la convergencia de esas determinaciones surgen cifras que van desde cero hasta US$1500 millones. Y una curiosidad: como están jugadas las cartas a esta altura de la discusión, el Estado argentino pagaría por la empresa más que cualquier interesado proveniente del sector privado.
El primero en hacer público por escrito una fórmula para valuar Vicentin fue el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Un documento que distribuyó para nutrir la argumentación de sus alfiles legislativos en el tratamiento de la ley de expropiación sostiene que "la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Deja de lado expresamente cuestiones afectivas.
El documento usó los números del balance de Vicentin que cerró en octubre de 2018. De allí se desprende que los activos alcanzaban los $64.272 millones. Pasados al dólar de hace dos años, son unos US$2295 millones en bienes.
Sobre el número anterior hay que restar las deudas, otro terreno complejo. Alcanzan los US$1350 millones, de los cuales el Estado tiene a razón de US$281 millones entre la AFIP y principalmente el Banco Nación (a un tipo de cambio de $70).
Cómo calcular el resto de los pasivos comerciales y financieros es también complejo. Una fuente que conoce la contabilidad de la compañía apuntó una mirada que puede incomodar a la Casa Rosada: si la oferta del ministro de Economía Martín Guzmán a los acreedores del país contempla un recorte del 50% sobre el valor nominal, ¿por qué el Estado no va a tomar la misma consideración en una indemnización? Eso achicaría el rojo que pesa sobre Vicentin.
En la discusión con el Gobierno, además, la historia juega a favor de los dueños de la cerealera. Después de todo, en 2014 bajo la dirección de Cristina Kirchner y la gestión de Axel Kicillof el país le pagó a Repsol US$5900 millones por el 51% de YPF. Hoy, el valor de la petrolera local es un 35% del reembolso a la empresa española. Aunque parezca lo contrario, el kirchnerismo aparece como buen pagador.
A los dueños de Vicentin les resulta extemporáneo hablar de dinero. En conversaciones privadas que se hicieron en los últimos días y reconstruyó LA NACION, algunos de ellos sostuvieron que la empresa está intervenida, pero la expropiación depende de una ley a sancionar por el Congreso (si bien empezó a madurar la idea de un decreto presidencial), cuyo tratamiento es incierto. Después de todo, las mayores retenciones al campo cayeron en la Cámara Alta.
De todas maneras, sus cifras gruesas, arrojan que la empresa valdría US$1500 millones. Sostienen que la facturación del año pasado rondó los US$4000 millones y el denominado Ebitda (el término contable que hace referencia a la ganancia antes de determinadas deducciones) fue de US$150 millones. Lo multiplican por 10.
El número fue cuestionado por un asesor importante que acompaña a uno de los grupos interesados en quedarse con la empresa. De ese lado del escritorio sostienen que las compañías que cotizan en Bolsa suelen pedir cinco Ebitdas, lo que bajaría el número total de la cerealera por los menos hasta los US$750 millones, mientras que muchas compañías de servicios regulados, por caso, valen menos.
Los interesados privados no se bajan de la discusión, pero dudan de enfrentar al Estado en una disputa por activos. Entrarían a jugar como socios de alguna de las partes o intentarían quedarse con el paquete en una etapa posterior, según reconstruyó LA NACION. Su oferta parece menos generosa en comparación con la que deslizó el Frente de Todos y más aún en comparación con los ejercicios rudimentarios que hacen en torno de la compañía.
Su mirada es menos política y más comercial. No hablan de soberanía alimentaria, sino de armar un plan de negocios, algo que es difícil porque no está claro si los productores les venderán, mientras que en medio de un concurso de acreedores, evaluar la deuda implica algo distinto al cálculo habitual que contempla el flujo de ingresos y de pagos. Y arriesgan que quizás hoy la cerealera vale menos que su deuda. Parece una afirmación adecuada para quien busca quedarse con algo al menor precio posible.
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