Desde hace años, el país avanza en forma sostenida en un proceso de precarización del empleo: las nuevas demandas en materia de teletrabajo, formación y contratos exigen una reforma integral
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En la obra de teatro de Florencio Sánchez, M’hijo el dotor (1903), el protagonista es hijo de campesinos a quienes visita un mes por año. La obra mezcla el orgullo de un hijo que estudia para médico con la desconfianza de quien se va del campo a la ciudad, además de un conflicto generacional entre el padre conservador y un hijo mundano. Dramas de otras épocas donde la movilidad social lograba que el estudio permitiera salir de situaciones de pobreza y comenzar a progresar. No está lejos, para muchos lectores, la recomendación de padres o abuelos de estudiar “que para algo te va a servir”. Ese estudio nos llevaba, supuestamente, a trabajos dignos y decentes.
“La OIT (Organización Internacional del Trabajo) habla de trabajo ‘decente’ para referirse al empleo estable, bien remunerado y con beneficios laborales (licencias, cobertura médica, indemnización). En el país hay buenos empleos en sectores dinámicos, pero representan una proporción decreciente del total. Los trabajos que más crecieron en los últimos años son los de baja calidad”, comenta Eduardo Levy Yeyati, profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella y profesor visitante de la London School of Economics.
El diagnóstico del mercado laboral argentino no es promisorio. “El mercado laboral argentino avanza lenta pero decididamente en su precarización de las condiciones de trabajo. La mitad de los trabajadores ocupados puede ser considerado vulnerable en cuanto ocupa puestos de trabajo de baja productividad, bajos ingresos, y escasa o nula protección”, enfatiza Darío Judzik, decano ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la UTDT. Más en detalle, de la población urbana alcanzada por la encuesta de hogares, la mitad está inactiva, esto quiere decir que se encuentra fuera del mercado laboral, no trabaja ni busca trabajo. Dentro de la otra mitad, un 10% aproximadamente de los activos está desocupado, con lo cual la población ocupada es alrededor del 45% del total de la fuerza laboral urbana.
De los ocupados, tres cuartas partes son asalariados y un cuarto son cuentapropistas. Dentro del grupo de los asalariados, al menos un tercio no está registrado y trabaja de manera informal. Esto implica que los trabajadores asalariados registrados (en blanco) representan aproximadamente un tercio de toda la fuerza laboral. Y si tenemos en cuenta que la tercera parte de estos son asalariados del sector público, nos queda que la población asalariada registrada en el sector privado no representa más que el 20% de la fuerza laboral. “Este último grupo ‘privilegiado’ de nuestro sistema laboral recibe la mayor parte de atención en los debates regulatorios y de políticas laborales, mientras que menos se ha hecho por mejorar las condiciones de otros tipos de trabajadores, más que asistencia de ingresos”, comenta Judzik.
Según Roxana Maurizio, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet y profesora de economía laboral en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Argentina se encuentra en el reducido grupo de 6 países de América Latina y el Caribe que en el tercer trimestre de 2022 habían superado las tasas de empleo observadas en 2019, con anterioridad a la irrupción de la pandemia.
Nuevo escenario
La paradoja se da en que, a pesar de haber recuperado el empleo pospandemia, la informalidad también se recuperó y va en aumento: “A nivel regional y nacional el problema laboral recae en la calidad más que en el volumen de empleo. La informalidad implica fuertes penalidades salariales donde un trabajador informal obtiene una remuneración que es, en promedio, entre 20% y 40% inferior a la de un trabajador formal de similares atributos personales y del puesto de trabajo. Adicionalmente, la informalidad implica mayor inestabilidad ocupacional y de ingresos, y falta de cobertura de la seguridad social”, describe Maurizio y aclara que “Como resultado de la elevada y creciente informalidad laboral, la aceleración inflacionaria, la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la importancia cuantitativa de esta fuente de ingresos en los recursos monetarios totales de los hogares, se observa un crecimiento del llamado ‘fenómeno del trabajador pobre’ que significa que las personas pueden vivir en situación de pobreza aun teniendo un empleo”.
En la informalidad laboral la dicotomía de vivir para trabajar o trabajar para vivir no existe. Se trabaja todo lo que se pueda e igual se es pobre. La correlación entre informalidad y pobreza es extremadamente elevada. Por un lado, en conjunto, los trabajadores informales dan cuenta de alrededor del 70% en la Argentina y Brasil y del 90% en Paraguay de la pobreza laboral.
La ley laboral y su aggiornamiento. El análisis permite hacer una radiografía del mercado laboral vernáculo: gente trabajando en un mercado con trabajos de baja calidad, con informalidad en ascenso y la pobreza atacando a la gente que tiene trabajo. Ahora bien, el marco regulatorio, ¿ayuda o impide mejorar las condiciones laborales? “Hay un investigador que me gusta citar que se llama Jürgen Weller que dice que los marcos regulatorios laborales tienen que lograr combinar inteligentemente la eficiencia con la protección. Eficiencia para desarrollar las actividades y protección de los trabajadores”, analiza Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi (autopartistas), ex subsecretaria Pyme en el Ministerio de Producción e integrante de la cúpula de la UIA, la primera mujer en 133 años de historia de la entidad. “No creo que el problema sea la ley de contrato de trabajo —afirma—, no me parece que allí se genere una desinteligencia entre eficiencia y protección. Pero sí creo que uno de los problemas es la interpretación que se hace de dicha ley en el fuero laboral. Nos encontramos muchas veces con interpretaciones viciadas de parcialidad. Cómo garantizar que impere el espíritu del legislador en cada fallo judicial es una pregunta para la cual no tengo respuesta”.
El caso de la ley de teletrabajo llama la atención de Castro en cuanto a la falta de complementariedad entre la eficiencia y el derecho: “Este nuevo marco regulatorio atiende cuestiones importantes en torno a los derechos en un tipo de relación laboral de características particulares y está bien que se haya buscado un marco de protección, el problema es que al hacerlo no se atendieron los planteos de las empresas a pesar de que no iban en detrimento de esa protección”.
Para Levy Yeyati, la ley de contrato de trabajo (ley 20.744) es antigua porque se pensó en base a la experiencia del pasado, con un foco en la jornada fija y la demarcación laboral propias de las viejas líneas de producción industriales, que hoy están mayormente automatizadas “Más que reemplazarla por otro esquema, lo que se necesita es ampliar los alcances de esta ley para incluir modalidades menor rígidas, trabajos con mayor rotación y menor dependencia horaria, o trabajadores independientes o remotos. Un punto a tener en cuenta: no es la ley de contrato de trabajo la que crea problemas de empleabilidad o la industria del juicio, sino las indefiniciones o enmiendas posteriores”, afirma. Para Juzdik, lo ideal sería mejorar y modernizar la regulación laboral para adaptarla al trabajo independiente y a las industrias de servicios, pero aclara: “Esas modificaciones requieren de amplios consensos sociales y políticos que dudo existan en la Argentina en los próximos meses o años”.
¿A dónde va el piloto? Los trabajos pendientes. Levy Yeyati es preciso respecto a los grandes temas en los que hay que trabajar. “Un régimen del trabajador independiente que jerarquice el monotributo y subsuma al régimen autónomo que es hoy el gran perdedor tributario; un régimen que simplifique y reduzca el costo laboral no salarial de empresas micro y pequeñas donde se concentra la mayor parte del empleo informal; y un régimen de transición o puente laboral que flexibilice las condiciones de entrada al primer empleo de jóvenes y trabajadores sin historia laboral formal mediante un esquema de beneficios portables”.
La precariedad del trabajo en el país hace que la mirada al mundo del trabajo informal sea clave para cualquier política pública ya que la ley en sí mismo no arregla este problema, al menos, no como está planteada en la actualidad. Para Maurizio, del Conicet y la UBA, los esquemas no contributivos de transferencias monetarias a la población en situación de vulnerabilidad, mayormente trabajadores informales, deben ser un pilar en esta estrategia de intervenciones. “Los países de la región, incluida Argentina, no cuentan con un ‘estabilizador automático’ de gran cobertura como lo es el seguro por desempleo en Europa. Durante la pandemia la región reaccionó rápidamente implementando o escalando diferente tipo de transferencias, conjuntamente con medidas para sostener el empleo formal, y se han logrado avances significativos en esta materia. Sin embargo, aún hay un camino por recorrer. La correcta identificación de los potenciales beneficiarios, la institucionalización de este tipo de intervenciones y una mayor conexión e integración con las políticas activas del mercado de trabajo son algunos de los desafíos pendientes para avanzar hacia un sistema de protección social universal y equitativo”.
Finalmente, la educación y la formación profesional, resulta un pilar para los entrevistados. Según Maurizio, la formación profesional debe estar en diálogo permanente con los requerimientos del aparato productivo: “No solo atendiendo las necesidades laborales presentes sino teniendo en cuenta las nuevas demandas de calificaciones que surgen de la transición digital y tecnológica. Particular atención demanda el colectivo de jóvenes de bajo nivel educativo. Es por ello que las políticas que aseguren la terminalidad educativa y, especialmente, aquellas que faciliten la transición de la escuela al trabajo son de gran relevancia en este contexto”.
Culminar los ciclos educativos y generar competencias para poder estar a tono con la actualidad y futuro del mercado laboral son críticos para poder elevar la calidad de trabajo y también para reinsertarse al mismo. Muchas veces las búsquedas de las empresas son infructuosas para dar con los conocimientos y experiencias requeridos. Es conocida la historia de la empresa Toyota cuando en 2021 su entonces CEO dijo que se hacía difícil contratar gente con secundario completo para la planta. Castro, de Industrias Guidi, puntualiza este problema a partir de su propia experiencia en la industria de autopartes. “Para dar un ejemplo concreto se me ocurre el caso de mecatrónicos, que son expertos en sistemas de control automatizados, diseño mecánico y simulaciones, entre otras cosas. Esta es una especialidad que con el advenimiento de la industria 4.0 es cada vez más requerida en el sector industrial y muchas veces se torna difícil encontrar demanda para estos puestos”.
Los desafíos son muchos y en varios frentes. Una ley laboral que debe aggiornarse para adaptarse a los cambios tecnológicos y el avance del mundo de los servicios en los últimos 50 años; gente excluida por la informalidad del mercado laboral con grandes posibilidades de no salir de la pobreza por no tener ni recursos ni competencias adecuadas sin ninguna red de contención social.
Finalmente, una crisis educativa que acompaña a la crisis socioeconómica que el país atraviesa desde hace tiempo y que se acentuó luego de 2001. El trabajo, ese que dignifica y nos hace felices, pareciera lejos de la realidad de la mayoría de los argentinos que trabajan para subsistir. Para Levy Yeyati “No habrá inclusión social sin inclusión laboral, nuestros hijos no dejarán de emigrar si el país no les ofrece perspectivas de progreso social, el crecimiento depende de la calidad de nuestros trabajos, el balance fiscal sólo se alcanza si hay más gente con trabajos de calidad formales. Deberíamos hablar de este tema todos los días en el prime time”.
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