Etienne Sanz de Acedo: “La falsificación y la piratería destruyen empresas y generan fuga de cerebros”

La International Trademark Association -INTA- es la mayor asociación global de propietarios de empresas y profesionales dedicados a apoyar a las marcas registradas y a la propiedad intelectual. Está conformada por 6500 miembros, entre empresas y estudios legales de 185 países, y unas 35.000 personas trabajan de manera voluntaria en el organismo. No tiene fines de lucro y cuenta con un objetivo claro: ayudar a desarrollar mejores legislaciones para proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Etienne Sanz de Acedo es el CEO de INTA. De visita en Buenos Aires, donde mantuvo una nutrida agenda de reuniones con funcionarios del Gobierno -entre los que destacaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Director General de Aduanas, Eduardo Mallea-, Sanz de Acedo dialogó con LA NACION sobre el rol crucial que pueden tener los derechos de propiedad intelectual en el desarrollo económico de un país. Además, enumeró los desafíos puntuales que tiene que superar la Argentina en la materia, y se mostró esperanzado con el cambio de clima ideológico que propone el nuevo Gobierno.

-¿Por qué organizaron esta visita a la Argentina en este momento?

-Porque entendemos que, con la administración Milei, hay realmente una oportunidad de aportar un cambio y desarrollar un ecosistema que realmente apoye a pymes, a emprendedores, a la innovación, a la creatividad, que hay mucha aquí en la Argentina y desgraciadamente no siempre se ha sabido aprovechar. Tenemos muchos miembros aquí, tanto empresas como sobre todo estudios legales, con lo cual tenemos una base muy fuerte de apoyo.

-¿De qué manera se manifiesta ese cambio que mencionás?

-Bueno, yo creo que lo que ha cambiado, diría, es una administración que está mucho más pro-desregularización, más liberalización del mercado, más proempresa. Y sobre todo lo que hemos percibido, y para mí es muy agradable como CEO de la INTA, es por parte de la administración y por parte del Gobierno realmente un interés por entender lo que piensa el sector privado y por colaborar con el sector privado, cosa que no ocurre en muchos países y en muchas administraciones.

-¿Cómo está la Argentina en materia de propiedad intelectual comparada con la región?

-Mira, Argentina es un país que tiene un buen marco legislativo, que tiene muy buenos jueces, que tiene buenos profesionales, que tiene buena predisposición, lo que falta es un poco… un foco de atención mayor en la propiedad intelectual, un foco de atención mayor en las políticas de Estado. De hecho, nosotros cuando estuvimos ayer con el jefe del Gabinete de presidencia, con Guillermo Francos, le sugerimos la importancia de un plan nacional, una estrategia nacional de propiedad intelectual, como apoyo a la innovación. Eso es lo que faltan en estos momentos. Luego, evidentemente, hay cuestiones estructurales, los distintos ministerios, departamentos, agencias, pues quizás no estén todo lo coordinados que deberían estar. Y luego hay, digamos, una dificultad, y es que el INPI, que es la oficina de registro, está con falta de recursos, ya sean recursos humanos, ya sean recursos técnicos. Es una oficina que teóricamente es autárquica, pero esa autarquía no se ha traducido en la realidad, y eso lastra todo el sistema de la propiedad intelectual en Argentina.

-¿Por qué decís que esa autarquía no se traduce a la realidad?

-Porque supondría independencia financiera, significaría que lo que está cobrando en concepto de tasas lo pudiera reverter en fichar gente, en invertir en sistemas, etcétera, etcétera. Esto no está ocurriendo a día de hoy. Es más, te pongo un ejemplo. Hoy por hoy, me lo han contado y lo he comprobado, una pizza mozzarella, aquí en Buenos Aires, cuesta 18.500 pesos. Una solicitud de marca vale 17.000 pesos. Es decir, si valoramos menos una solicitud de marca que una pizza que tú consumes en 20 minutos, creo que le estamos haciendo un flaco favor a la propiedad intelectual. Y yo siempre digo que una marca es a una empresa lo que es un nombre de un apellido a un individuo. Tú no sales a la calle sin un nombre de un apellido. Una empresa no puede salir al mercado sin una marca. El 90% del tejido empresarial argentino son pymes y emprendedores. Muchas de esas son microempresas. Hay que ayudarles, hay que incentivarles. Y la propiedad intelectual ayuda a eso.

-¿Cuáles serían los efectos económicos de una buena política de propiedad intelectual?

-Mira, el otro día el presidente Milei estaba hablando de que le gustaría que Argentina se convirtiera en el cuarto hub mundial de inteligencia artificial. Después de Estados Unidos, Europa y China. Para que eso pueda ocurrir hace falta una estrategia, una política de innovación. Pero para que una política de innovación funcione hace falta una estrategia nacional de propiedad intelectual. ¿Qué hace falta? Un marco legislativo claro que proteja la creación, el registro, la defensa y el uso de los derechos de propiedad intelectual. Hacen falta políticas de comunicación, de awareness, de educación en materia de propiedad intelectual. Muchos de los chicos y chicas que salen, ya no de la facultad de Derecho, pero de las escuelas de negocios, de las escuelas de ingenierías, no tienen ni idea de lo que es la propiedad intelectual. Y cuando uno empieza un negocio, yo he empezado más de un negocio, cuando tú haces un plan de negocio tienes que tener una estrategia de propiedad intelectual. Tienes que registrar el nombre de dominio, la marca, pensar si tienes algo más que tienes que proteger. Todo eso hay que fomentarlo. Hay que crear hubs de innovación. Al final Argentina es un país con muchos creadores, con mucha capacidad inventiva. Hay que fomentarlo, hay que potencialmente desarrollar incentivos fiscales, hay que dar ayudas.

-Más allá de que quizás la legislación argentina en materia de propiedad intelectual sea buena, o de que los marcos institucionales sean buenos, el país convive con la existencia de grandes centros comerciales donde los productos que se venden son falsificados, como por ejemplo en La Salada. No pareciera que el tema vaya a tener una solución rápida. ¿Qué es lo que habría que hacer con estos lugares para INTA?

-Mira, la falsificación y la piratería, en este caso la falsificación, pero bueno, los dos, destruyen empleo, generan precariedad, impiden que el Estado cobre los impuestos que debería cobrar y por lo tanto impide que el Estado pueda invertir en proyectos que redunden en el beneficio social de todos. Pero es que, además, la falsificación y la piratería lo que hacen es destruir empresas, destruyen creatividad, generan fuga de cerebros, fuga de talento, es decir, es realmente un problema. Si me permites, te lo voy a plantear de otra manera. Hay estudios, tanto del Departamento de Comercio de Estados Unidos como del Observatorio Europeo en lucha contra la falsificación y piratería del año 2019, que demuestran que las industrias intensivas en propiedad intelectual contribuyen entre un 35% y un 40% del empleo y del PIB de un determinado país. Los datos están ahí. Economía sumergida, la hay en todos los países, pero llega un momento en que hay que atacarla, no se puede convivir con eso. Y luego hay otro aspecto: está el riesgo para la salud pública. Cuando tenemos tanto producto falsificado, en productos farmacéuticos, en productos alimenticios, en juguetes para niños, en piezas de recambio de automóviles, de aviones, estamos hablando de la vida de las personas. Con lo cual realmente es una cuestión que debería ser prioritaria del nuevo Gobierno.

-¿Qué pensás que se puede lograr en el corto plazo en materia de propiedad intelectual?

-Yo creo que hace falta un posicionamiento político, una declaración de intenciones de hacer de la propiedad intelectual una prioridad de Estado, que no es incompatible con la lucha contra la inflación. Que no es incompatible con otras de las prioridades que tiene la administración actual. Al contrario, yo creo que va muy en línea con eso. El punto de partida, es decir, de donde sale todo es del registro. Hay que reforzar el INPI. Y eso es reconocer la independencia financiera del INPI. A partir de ahí, quizás alguna reforma de algún texto legislativo, no hay que ir muy lejos, pero hay temas en delitos marcarios, en delitos contra la propiedad intelectual, donde algunas pequeñas modificaciones pueden tener un significado muy grande para luchar mejor, más y mejor, contra la falsificación y la piratería. Y a partir de ahí, desarrollar campañas de educación, de socialización de lo que es la propiedad intelectual. Yo creo que esos son pasos que se pueden dar en dos o tres años, incluso en cuestión de meses. Lo que hace falta es una voluntad política. Y si se tiene esa voluntad política, que yo creo que la puede haber en estos momentos, habría que aprovecharla. Y el problema puede surgir solo cuando determinado sector específico de la industria que está en una situación, vamos a decir, monopolística, o en una situación muy cómoda, no quiere realmente ver un progreso en políticas de propiedad intelectual, por lo que les pueda afectar. Muy bien, sí, eso puede afectar a ese colectivo específico, pero puede redundar en el beneficio de la gran mayoría de los sectores industriales y, por lo tanto, de la sociedad.

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