El populismo y la soberanía energética
El congelamiento de las tarifas desincentiva la inversión y la producción doméstica, obligando a importar la energía que de otra manera se produciría en un país abundante en recursos
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PARA LA NACIONAriel Coremberg
Como en el país nadie invierte por la desconfianza de los argentinos en su propia moneda generada por las políticas populistas de endeudamiento y financiamiento inflacionario del gasto público corriente, hay una baja productividad.
En efecto, de acuerdo a cifras recientemente actualizadas de la base Arklems+Land del Centro de Estudios de la Productividad, la productividad laboral de la economía argentina es solo un 15% más alta que en 1974 mientras que la eficiencia y productividad del total de los factores productivos (capital, además de trabajo) es más baja (-7%) que el nivel que había en 1950.
Pero como hay una baja productividad se pagan bajos salarios. Por lo tanto, el líder populista compensa congelando las tarifas de los servicios públicos, especialmente electricidad y gas, o atrasándolas respecto de la inflación. Este tipo de políticas desincentiva la inversión y la producción doméstica de energía, obligando a importar la energía que de otra manera se produciría en un país abundante en recursos energéticos potenciales.
La Argentina muchas veces cae en la irracionalidad de importar gas o combustibles líquidos cuando los precios internacionales están altos, como en la presente situación de Guerra en Ucrania, mientras que en momentos a la baja termina pagando precios por encima del mercado a los productores domésticos cuando sería más barato importar la energía.
El país se queda sin soberanía energética violando la aspiración de Juan Domingo Perón de lograr la independencia económica. La aspiración al autoabastecimiento energético que data al menos desde la fundación de YPF por Enrique Mosconi durante la presidencia de Yrigoyen nunca se ha logrado en forma permanente.
El desequilibrio energético provocado por la política populista de incentivar la demanda energética mediante el congelamiento de tarifas –buscando así bajar “artificialmente la inflación– sin incentivar la exploración, inversión y producción de recursos energéticos domésticos genera un magno aumento de las necesidades de importación energéticas dando por resultado un estrangulamiento del balance de pagos originando en parte la tan mentada restricción externa.
Las consecuencias de esta distorsión de precios relativos es la escasez energética. La falta de gasoil es la señal más evidente. Pero también el continuo deterioro en la calidad de los servicios públicos que en el extremo puede generar frecuentes cortes de electricidad y gas en momentos de sobredemanda por clima o estacionalidad. Su resolución, a veces de shock como fue el caso del Rodrigazo, exige corregir precios relativos, pero impacta de lleno en los bolsillos de los consumidores y en los costos de producción.
Lo que el líder populista otorga con una mano, atraso tarifario para disminuir artificialmente la tasa de inflación presente (inflación reprimida) dando la “sensación” de mejora de los salarios en términos de tarifas, en realidad es acompañado con otra mano que saquea más que proporcionalmente los salarios reales al aumentar el impuesto inflacionario permanente para financiar el déficit fiscal.
La necesidad de ordenar las finanzas públicas puede hacer necesario un aumento real de tarifas, ya que reduce los subsidios energéticos y por lo tanto el déficit fiscal. Pero produce más inflación en el corto plazo impactando en la canasta de consumo y el costo de las empresas, contrayendo la actividad económica.
No hay magia, solo la realidad pura y dura de que el populismo energético nos dejó sin soberanía energética y sin cumplir el objetivo de bajar la inflación.
Por Ariel Coremberg
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