“Durmiendo con el enemigo”: el trabajo que muestra cómo les fue a las empresas con participación del Estado

Octubre de 2008. La presidenta Cristina Kirchner firmó el proyecto de ley que terminaba con el sistema de jubilaciones privadas -las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)- y daba inicio a un único régimen estatal de reparto a cargo de la Anses, que era conducida por Amado Boudou, el exvicepresidente hoy preso por corrupción.

Esta estatización del fondo previsional trajo aparejado un impacto directo en las empresas, ya que al concentrar todas las inversiones de las AFJP en manos de un único actor, le daba al gobierno de turno la posibilidad de nombrar directores en las compañías en las cuales tenía participación accionaria.

Un reciente estudio académico de la Universidad de San Andrés analizó cómo les fue a las empresas en las cuales ingresó el Estado al directorio versus aquellas compañías en las cuales no hubo injerencia estatal, entre los años 2003 y 2014, para comparar también la performance de la evolución antes y después de la estatización de las AFJP.

El documento, titulado Sleeping with the Enemy: The Perils of Having the Government On(the)board (Dormir con el enemigo: los peligros de tener al gobierno en el tablero), concluye que, en promedio, los precios de las acciones de las empresas con incorporación de funcionarios nacionales se redujeron entre 29% y 44% en relación con el grupo de compañías en las cual no hubo injerencia del Estado.

“Hace tiempo que queríamos estudiar si estar conectado con un político es bueno o es malo para las empresas. Por eso la estatización de las AFJP nos sirvió para hacer este estudio, porque fue un hecho inesperado, no deseado, que las compañías no buscaron. A partir de 2009, empezaron a haber directores nombrados por el Estado en el consejo de administración”, explica Christian A. Ruzzier, economista de la Universidad de San Andrés y uno de los autores, junto con Santiago Barraza, de la ESCP Business School, Martín A. Rossi, vicerector de la Universidad de San Andrés.

Lo curioso del documento es que los economistas señalan en su introducción que, dada la evidencia empírica, las empresas buscan tener alguna conexión política porque les puede traer algunos beneficios, como conseguir un acceso más fácil al crédito, una regulación más liviana, acceso favorable a contratos gubernamentales, impuestos más bajos y ayuda gubernamental en caso de problemas financieros. “La evidencia de una relación positiva entre las conexiones políticas (ya sea a través de vínculos explícitos con los políticos o mediante contribuciones de campaña) y el valor de la empresa abundan de hecho”, indican los autores.

Sin embargo, tras el estudio, los economistas indicaron que “las conexiones políticas tienen un gran efecto negativo en el valor de mercado de las empresas conectadas, pero solo cuando, además de convertirse en accionista, el gobierno tiene el derecho de colocar directores en la junta”.

“Antes de la estatización, los precios promedio de todas las empresas eran iguales, bajaban y subían juntos. Después de nombrar los directores, esto cambió. El paper muestra que cuando el Estado entra sin que nadie lo llame al directorio de las empresas, hace cae el valor de las mismas”, dice Rossi.

A modo de opinión, señala que los funcionarios que entraron a los directorios “entorpecieron el normal funcionamiento de las empresas, ya que tenían intenciones distintas a los intereses de las empresas”.

“Las compañías toman medidas para que aumenten su valor, sus ganancias. El político, en cambio, no tiene ese objetivo en la cabeza. Por eso, por ejemplo, en las empresas públicas hay exceso de empleo. En cambio, un político se opondrá a que una compañía, para recortar costos, eche a empleados. El funcionario se opondrá a la medida que mejor promueve el interés de los accionistas, pero porque representa otros intereses. Aun dándole la derecha de sus buenas intenciones, tienen otra agenda en la cabeza”, comenta Ruzzier.

Por la crisis económica actual generada por la pandemia, hay muchas empresas internacionales en las cuales el Estado entró como accionista para rescatar a las compañías. El caso más relevante es de la línea aérea Lufthansa. Luego de recibir un rescate de 9000 millones de euros, el estado alemán pasó a ser el mayor accionista con el 20% de participación.

Si bien los autores indican que su trabajo académico aportará un nuevo punto de vista al debate sobre la conexión política en el sector privado, señalan que, como todo estudio, es difícil establecer una validez externa. “Es difícil saber si lo que pasó acá pasará en otro lado, porque están las peculiaridades de la gente que entró en el directorio. Eso siempre tiene una limitación que hace difícil extrapolarlo a otro contexto. Pero en general sucede que los directores nombrados por un gobierno tienen objetivos distintos a los de la empresa”, explicaron.

En detalle

Los autores tomaron en análisis 64 empresas que pasaron a tener de accionista al Estado en 2008, y que dividieron en tres grupos. En una columna enumeraron aquellas compañías donde no hubo ingreso del Estado, ni de compra de acciones ni de nombramiento de directores. Estas son: Agrometal; Petroleo Brasileiro; Autopistas del Sol; Boldt; Banco Santander Río (Banco Río de la Plata); Carlos Casado; Caputo S.A.I.C.F.; Carboclor; Celulosa Argentina; Colorin; Sociedad Comercial del Plata; Argentina de Comodoro Rivadavia; Dycasa; Bodegas Esmeralda; Ángel Estrada y Cía.; Ferrum; Fiplasto; Garovaglio Zorraquín; Grimoldi; Introductora de Bs As.; Longvie; Morixe Hnos.; Polledo S.A.I.C. y F. Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M.; Petrolera del Conosur; García Reguera S.A.C.I.F.E.I.; Respsol; Rigolleau; Instituto Rosenbusch, y Molinos Juan Semino.

Luego establecieron aquellas empresas en las cuales el Estado solo obtuvo acciones: Banco Patagonia; Capex; Cresud; Euromayor; BBVA Banco Francés; Grupo Clarin; Grupo Financiero Galicia; IRSA Propiedades Comerciales; Inversiones y Representaciones; Juan Minetti /Holcim; Ledesma; Metrogas; Molinos Río de la Plata; Quickfood; Petrobras Argentina; San Miguel; Telefónica de Argentina; Transportadora de Gas del Norte (TGN); Tenaris, e YPF.

En tanto, estudiaron la valuación de aquellas compañías donde el Estado nombró un representante en el directorio: Aluar; Banco Hipotecario; Banco Macro; Endesa Costanera (Central Costanera); Camuzzi Gas Pampeana; Distribuidora de Gas Cuyana; Edenor; Empresa Distribuidora Eléctrica Regional (Emdersa); Siderar (hoy Ternium); Gas Natural BAN (hoy Naturgy); Solvay Indupa; Mirgor; Grupo Concesionario del Oeste; Pampa Energía; La Anónima; Telecom Argentina, y Transener.

Consultadas por LA NACION, algunas de las empresas que tuvieron representación estatal coincidieron, en off, en que, en general, el valor de esas organizaciones está afectada por la macro y el contexto en general, y que “la injerencia de los directores estatales en la toma de decisiones es muy baja”.

En la Anses, por su parte, indicaron que las empresas donde no hay participación del Estado “son las más chicas, no son del panel general”; es decir, cotizan en la bolsa de Buenos Aires, pero no formaban parte del Merval (hoy Byma). Además, señalaron que en algunas empresas sí se nombró director y que en el estudio no figuran, como Galicia, Patagonia y Quickfood, y que las acciones de Tenaris se vendieron apenas se estatizaron las AFJP, ya que es una compañía que cotiza afuera.

“Lo que dicen en Anses no afecta lo que estamos haciendo nosotros, porque ellos hablan de directores efectivamente nombrados y composición del fondo en distintos momentos del tiempo, y nosotros trabajamos con la composición al momento de la estatización y la potestad de nombrar directores en ese momento. Todo lo que sigue es potencialmente endógeno y confundiría la estimación del efecto causal que nos interesa”, explicaron los autores.

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