La historia de la batalla legal del kirchnerismo contra Shell y cómo la dio vuelta la empresa

Dieciocho años y cinco cambios de gobierno en el medio. Ese fue el período que le llevó a la petrolera Shell cerrar definitivamente, con un fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia emitido el último mes de agosto, el larguísimo conflicto que mantuvo con el kirchnerismo por el abastecimiento de combustibles, una causa que comenzó en 2006 con el accionar del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que dio lugar a un despliegue de recursos judiciales digno de una serie exitosa con varias temporadas. La batalla de la compañía se transformó en una foto icónica de una época caracterizada por un avance regulatorio desmedido –y probadamente arbitrario en este caso, según estableció la Justicia- del Estado sobre la actividad privada.

La historia está plagada de números, acciones legales en todas las direcciones y hasta notas de color vistas en perspectiva, como actas “truchas” y medidas cautelares que no llegaron a durar ni 24 horas. No faltaron tampoco anécdotas del trato frecuente con funcionarios intimidantes. Con el proceso ya concluido, socios de Marval O’Farrell Mairal, el estudio de abogados que llevó la defensa de su cliente Shell, accedieron a contar a LA NACION cómo se vivió el caso a lo largo de los años.

El origen del conflicto fue la resolución 25 dictada por Moreno en octubre de 2006, que pretendió regular la provisión de gasoil amparado en la polémica Ley de Abastecimiento sancionada en 1974, una norma que el decreto de desregulación económica de principios de los años 90 había puesto en pausa, recuerdan en Marval. La ofensiva sobre Shell (hoy Raízen Argentina) tuvo al secretario de Comercio Interior como instrumento de ejecución de una presión política que bajó del propio presidente Néstor Kirchner, quien en aquellos tiempos en que se empezaba a despertar nuevamente la inflación llamó a “no comprarle ni una lata de aceite” a la petrolera angloholandesa conducida por Juan José Aranguren.

Mientras los diarios reflejaban el hostigamiento de piqueteros oficiales a las estaciones de servicio de Shell, empezaron a llegar las inspecciones oficiales de la Secretaría a las bocas de expendio para corroborar si había gasoil suficiente. La petrolera europea comenzó a acumular actas de infracción en una proporción mucho mayor que sus competidoras YPF y Esso, lo que confirmó que se trataba de una persecución. En el año 2007, soportó más de 500 inspecciones, contra 147 de YPF –que tiene más del 50% del mercado de combustibles- y 75 de Esso, según los abogados.

Entre 2006 y 2008, años en que escaló la conflictividad del kirchnerismo con el sector privado, Shell recibió 119 sumarios administrativos que dieron lugar a 83 multas por el monto máximo previsto por la ley de Abastecimiento, $1 millón cada una, equivalentes a unos US$330.000 al tipo de cambio del momento. En total, las sanciones superaban los US$27 millones. En paralelo, Aranguren enfrentó 57 denuncias penales (contempladas en la mencionada ley) por su función de CEO.

Marval ya era el estudio de cabecera de la petrolera para temas corporativos y regulatorios y se hizo cargo de la defensa de la compañía. Para la tarea, puso a disposición a sus equipos de los departamentos de litigios y de Derecho Administrativo, que empezaron a tejer una estrategia conjunta de respuesta en sede administrativa ante la Secretaría de Comercio Interior (SCI) y en el fuero judicial. La premisa que bajó Shell a sus abogados fue la de defenderse en todos los frentes y agotar los recursos legales para hacer valer su posición. En las causas penales que sufrió a título personal, Aranguren fue defendido por Ricardo Gil Lavedra, exministro de Justicia.

“Esta sentencia de Corte que sale ahora (el 27 de agosto último) le da la razón a Shell porque dice claramente que las facultades de la Ley de Abastecimiento que invocó Moreno para establecer obligaciones de suministro de gasoil no estaban vigentes, y por lo tanto la norma que dictó, la resolución 25 de 2006, es inválida”, señala Santiago Soria, socio de Litigios y Arbitrajes del estudio. “De esa forma se terminó lo último que quedaba pendiente de una masa de litigios, porque no fue solo la resolución 25, que imponía obligaciones, sino la arbitraria aplicación que se hizo de la resolución”, agrega Lorena Schiariti, socia de Derecho Administrativo.

Soria y Schiariti tuvieron una participación clave en los equipos que a lo largo de los años se ocuparon del caso Shell. Marval llegó a poner 15 abogados en simultáneo para interponer recursos y hacer frente a las sanciones en todo el país, ya que las multas habían sido originadas en distintas jurisdicciones.

Con Soria y Schiariti trabajaron el socio Enrique Veramendi (también del área de Derecho Administrativo) y los asociados Alejandra Cortiñas, Ana Bin Astigarraga y Gabriel Fortuna, todos bajo el liderazgo de Héctor Mairal, hombre fuerte del estudio y uno de los abogados más respetados por sus pares en las últimas décadas. Del lado de Shell, intervino su equipo de Legales conducido por el director del área Fabián Braghieri.

Un dato da cuenta de lo largo que resultó todo el proceso: cuando empezaron a defender a Shell, Soria y Schiariti no habían sido nombrados socios, eran todavía asociados.

Cinco días para responder

El equipo de abogados debía responder todas las semanas hasta siete sumarios al mismo tiempo en cinco días, lo cual implicaba reunir toda la prueba contable y pedirle al cliente documentación para poder demostrar que la petrolera abastecía a las estaciones de servicio con la cantidad que le habían solicitado, explica Schiariti.

La decisión fue litigar caso por caso y acta por acta, sobre los 119 sumarios fundados en la resolución 25. Cada uno justificaba una defensa individual ante la SCI, que a su vez daba lugar a un proceso judicial y a múltiples instancias, porque la Ley de Abastecimiento obligaba a apelar ante el juez de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la propia Corte para cuestionar una misma sanción, describe Soria.

Marval impugnó la resolución 25 en sede administrativa en la SCI en cada caso, pero recibió siempre un rechazo sin revisar la prueba presentada en el expediente, dicen los abogados. “Ahí empezaron las arbitrariedades: no nos dejaban defendernos”, reconstruye Soria. El reclamo por las multas llegó entonces a la justicia en lo Penal Económico. Para acceder a los tribunales, la Ley de Abastecimiento obligaba a constituir garantías reales. Shell ofreció inmuebles, pero la Secretaría respondió que su valor era insuficiente. “Querían que Shell se viera obligada a hipotecar su refinería de Dock Sud, era el coto de caza”, señalan en Marval. La compañía recurrió entonces a la Justicia para probar que las valuaciones que tomaba Moreno eran incorrectas, y le dieron la razón, con lo que pudo iniciar su proceso de defensa con la garantía ofrecida. Para ese momento, había una pelea por las multas, otra por acceder a la Justicia, y otra de fondo contra la validez de la resolución 25 y la vigencia de la Ley de Abastecimiento.

Triunfo parcial

En 2012, cinco años después de litigar, la petrolera obtuvo su primer triunfo, cuando la Corte revocó por arbitraria una sentencia de primera instancia que había confirmado una de las 83 multas. El argumento esgrimido fue que un faltante en una estación de servicio –donde se había labrado la multa- no podía ser visto como un desabastecimiento a todo el mercado, y que la prueba ofrecida por la compañía nunca había sido considerada. A partir de ahí, se fueron desactivando las causas.

En el medio, hubo un sumario por un “acta trucha”, en la que agregaron la palabra No –según probó luego la petrolera- en una declaración de un empleado de una estación de servicio, quien había dicho que Shell “cumplía con el cupo” de gasoil durante una de las inspecciones. Y tratos muy ásperos en la SCI, con pedidos de documentación innecesaria o el impedimento directo de tomar vista del expediente de parte del director de Legales y mano derecha de Moreno, Hernán Brahim, cuentan los abogados: “Todo lo que podían complicar, lo complicaban”.

También siguió otra batalla –en un bucle interminable- para que le levantaran las hipotecas sobre los inmuebles, pese a que ya existía sentencia firme de la Corte sobre la invalidez de las multas.

Finalmente, Shell no tuvo que pagar ninguna de las sanciones y Aranguren fue absuelto en las causas penales que pesaron sobre él. El ciclo judicial concluyó por completo hace un mes, cuando la Corte se pronunció sobre el reclamo de fondo vinculado con las facultades de la Ley de Abastecimiento.

¿Cómo es el momento en que un estudio se entera de un fallo tan trascendente? La Cédula de Notificación aparece en el sistema que consultan permanentemente los abogados. “La Corte Suprema de Justicia Nacional notifica a ud. la resolución dictada…”, dice en la primera página. Pero en los estudios saltean los considerandos para leer cuanto antes el final, donde está la sentencia. “… Se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada”, afirmó el máximo tribunal. En el estudio celebraron y de inmediato informaron a la petrolera sobre el resultado. Punto final a la batalla, 18 años después.

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