Consenso fiscal: el proyecto de ley que permite subir más los impuestos

Cuando las cuentas públicas no cierran (y más en tiempos de pandemia), el problema se resuelve con la suba de impuestos. O, por lo menos, en eso se basa la fórmula argentina. Este miércoles la Cámara de Diputados tratará en el recinto el nuevo Consenso Fiscal que reemplazará al ya firmado en 2017, un proyecto que le da vía libre a las provincias y municipios para que aumenten Ingresos Brutos, Sellos y Tasas municipales.

“Esto significa más plata para las provincias, un cheque en blanco para que los gobernadores e intendentes sin ningún límite puedan subir Ingresos Brutos y Tasas municipales. Había un cronograma de bajas, en el cual algunas actividades iban a estar exentas. Pero, lejos de eso, van a seguir siendo gravadas”, apuntó el tributarista César Litvin, socio de Lisicki Litvin & Asociados.

El Consenso Fiscal se firmó en 2017. Fue un convenio en el cual las provincias se comprometían a bajar gradualmente algunos impuestos distorsivos sobre la economía, e incluso acordaron que algunas actividades pasarían a estar exentas para 2022. Pero, en la práctica, solo estuvo vigente durante 2018.

En 2019 se estableció la suspensión hasta finales de 2020 de algunos compromisos asumidos por el gobierno nacional y provincial, mientras que en 2020 llegó la pandemia y se replantearon los compromisos asumidos previamente en materia tributaria. En diciembre pasado se volvió a dejar sin efecto para este año y, ahora, con media sanción del Senado, la Cámara de Diputados está a un paso de convertirse en realidad un nuevo acuerdo.

“Se está suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2021 todas las obligaciones que se le imponían a las provincias para limitar sus capacidades o su voluntad de gravar e imponer impuestos a las actividades económica, inclusive sobre temas como el impuesto inmobiliario”, explicó Fernanda Laiún, socia del estudio Laiún Fernandez Sabella & Smudt.

Tras un año en el cual los bolsillos de los consumidores estuvieron ajustados, la medida genera malestar entre los tributaristas. “Esta es la manifestación de que al Gobierno no le preocupa realmente el tema impositivo y cómo repercute en el bolsillo de la gente. Claramente esto va a llegar a las provincias y los municipios, no van a tener tope para establecer impuestos”, Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados.

Impuestos que generan más inflación

Para los profesionales, la única “virtud” que tiene el impuesto sobre los ingresos brutos es pasar desapercibido frente a los ojos del consumidor. Con una inflación que promedia el 4% mensual, la medida traería aparejada una de las consecuencias que intenta evitar el Gobierno: que los precios sigan subiendo.

“Ingresos Brutos es tóxico, distorsivo, genera más inflación y es totalmente trasladable a los precios porque está en todas las etapas de la actividad económica. Desde que se fabrica hasta que llega al consumidor, se va pagando Ingresos Brutos. Cuando alguien compra un producto no sabe qué parte de precio es Ingresos Brutos. Es invisible, cuando en realidad tienen un efecto tóxico sobre la economía”, aseveró Litvin.

A partir de la suspensión del Consenso Fiscal, hay cuatro compromisos que quedarían en pausa: la desgravación de Ingresos Brutos para los ingresos de exportación de bienes o servicios; el establecer exenciones y alícuotas máximas de Ingresos Brutos sobre ciertas actividades; la imposibilidad de aumentar las alícuotas del impuesto de sellos por transferencia de inmuebles, automotores y actividades hidrocarburíferas; la eliminación de un tratamiento diferencia en Sellos; y la aplicación de alícuotas máximas de impuesto de sellos hasta su eliminación el año que viene.

“Esto genera un efecto inflacionario directo porque se traslada a los precios y, en un escenario que ya está fomentado por la emisión monetaria, una suba de impuestos indirectos que se traslada sobre el valor final del producto presiona sobre los precios. Se genera un efecto cascada”, coincidió Sasovsky.

Retenciones que jamás se devuelven

El impuesto sobre ingresos brutos tiene un problema adicional: las provincias actúan como agentes de retención y percepción, que se cobra de manera anticipada a través de los movimientos bancarios. Esto genera saldos a favor del contribuyente que jamás logran ser recuperados.

“Los saldos a favor son una perversidad. Todas las provincias tienen regímenes por los cuales los proveedores, cuando facturan, tienen que agregar una porción de Ingresos Bruto de la provincia que se trate. Los clientes, cuando pagan, retienen partes y se las ingresa directamente a los fiscos provinciales. Esto genera permanentemente saldos a favor, hay empresas que tienen 200, 300 meses de saldo a favor. Y, más allá de que está previsto, son irrecuperables”, explicó Laiún.

En ese punto coincidieron todos los tributarista, quienes insistieron que en los casos de las empresas que tuvieron que ingresar de más, las devoluciones por parte del fisco “son laberintos interminables”. En definitiva, las provincias “se financian a tasa cero con el ingreso en exceso que generan las retenciones y percepciones”.

Más presión fiscal para la Argentina

No es novedad que la Argentina es uno de los países con más presión fiscal del mundo. De acuerdo con un informe que elaboró el Banco Mundial, las empresas argentinas pagan una tasa de impuestos totales del 106,3%

“Estamos hablando de una presión impositiva que no cede; al contrario, año a año va aumentando. Esto lleva a la informalidad y hace más pesada la mochila de quienes siguen en la formalidad. Quiero ser categórico: si bien el gobierno anterior presentó el pacto fiscal para que esto no pase, también lo están apoyando ahora. Cuando se trata de subir impuestos, y más en año electoral, sea oficialismo u oposición, están de acuerdo, porque les toca el gasto público con el cual viven. La Argentina está gobernada por personas con voracidad fiscal tremenda”, apuntó Sasovsky.

Durante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el opositor Luciano Laspina reconoció que hay gobernadores de Juntos por el Cambio que se adhirieron al nuevo Pacto Fiscal en diciembre, aunque el parlamento decidió rechazarlo, porque “suspende los grandes avances logrados en 2017 para reducir impuestos regresivos y distorsivos”.

“El sector privado cada vez está más empobrecido, más raquítico, va a llegar un momento donde el sector público ya no va a ser soportable. De hecho, ya está pasando. Por eso tenemos que recurrir a la emisión. Que sigan aumentando impuestos, en todos los niveles de Gobierno, es un camino al abismo directo”, cerró el titular de Sasovsky & Asociados.

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