Tras las presiones, el Gobierno llama a las empresas de alimentos para negociar la nueva canasta
El programa tendrá una vigencia de cuatro meses; para el resto de los productos, los aumentos autorizados no podrán superar el 4% mensual
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Con una ronda de llamados a los CEO de empresas de alimentos y bebidas, Matías Tombolini abrió las negociaciones para confeccionar la canasta de precios congelados que el Gobierno lanzará en menos de un mes. Como se viene repitiendo con leves variaciones desde hace más diez años, la Secretaría de Comercio es la encargada de pactar con el sector privado -básicamente, grandes fabricantes y supermercados- la conformación de una canasta de productos de primera necesidad que mantendrán sus precios congelados, en este caso por cuatro meses.
Con el paso de los distintos funcionarios por la cartera de Comercio, cambian los nombres de las canastas -hubo Precios Cuidados, Precios Esenciales y ahora se habla de Precios Justos-, pero lo que se mantiene es el esquema de un número acotado de productos con precios congelados. El objetivo es que esta canasta se convierta en una referencia para el resto de los artículos que se venden en los supermercados y así evitar una espiralización de la inflación.
Desde que Guillermo Moreno puso en marcha este modelo que combina acuerdos de precios y canasta de productos congelados, la inflación no dejó de crecer. Los antecedentes igualmente no alcanzaron para disuadir al equipo que lidera Sergio Massa, que espera que esta vez sí dé resultado el viejo truco de pisar la manguera: “Congelar los precios es como pisar una manguera, frenás por un rato pero el agua está”, había sido la frase que el ministro de Economía pronunció hace menos de tres semanas en Washington.
Por el momento, hay más interrogantes que certezas sobre la nueva canasta que lanzará el Gobierno y lo único (más o menos) seguro es que se presentará el 1° de diciembre y tendrá una vigencia inicial de 120 días.
“Tombolini se comunicó hoy con nosotros y nos pidió que nos pusiéramos las pilas para avanzar con la nueva canasta. Todavía no sabemos cuántos productos va a tener y cuál será nuestro aporte. Lo único que nos dijeron es que nos iban a mandar una propuesta en los próximos días”, explicaron en una compañía de consumo masivo.
Dudas y certezas
El tamaño que tendrá la canasta es una de las grandes dudas. Fuentes de Comercio venían hablando en los últimos días de 1500 a 2000 productos, trabajando con Precios Cuidados como base, pero todavía las empresas que son las que aportan los artículos no fueron notificadas del número final.
En principio, se espera que el resto de los productos que se venden en los supermercados -para tener una idea, un hipermercado trabaja con más de 60.000 referencias- tengan un tope de aumento del 4% mensual hasta marzo.
Para trabajar con esta doble vía de aumentos -una canasta acotada de productos congelados y 4% mensual para el resto-, la Secretaría de Comercio ya dio el primer paso con el pedido para que las grandes cadenas no acepten ninguna lista de precios con una suba superior al 4%.
El otro pedido de Tombolini a los supermercados fue que también aporten productos de sus marcas propias para incorporarlos a la canasta de precios congelados.
Críticas privadas
La decisión del Gobierno de avanzar con un nuevo congelamiento de precios recibió críticas del sector privado. Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), sostuvo hoy que “el camino no es el congelar precios ni amenazar empresas, sino trabajar con ellas y todos los sectores de la sociedad para domar la inflación”.
Funes de Rioja también cargó contra la investigación por supuesto abuso de posiciones dominantes que lanzó la Secretaría de Comercio sobre un conjunto de empresas, que hasta el momento no fueron identificadas. El presidente de la UIA pidió que las oficinas que trabajan en defensa de la competencia ejerzan sus roles “sin discrecionalidad” y que no haya “abusos de derecho”.
Al cierre de esta edición, el Gobierno no confirmó las firmas que están bajo su lupa, pero trascendió en las redes sociales un listado de marcas a las que se llama a boicotear por haber aplicado “aumentos excesivos”. Algunas de ellas (cuyos productos fueron blanco de críticas) fueron Coca-Cola, Molinos Río de la Plata, SanCor, Ledesma, Queruclor (Querubín), Clorox (Ayudín) y Fresh to Home (Felpita). En la campaña en redes también figura la empresa de medicina prepaga OSDE, un rubro que a su vez había sido criticado con dureza por Cristina Kirchner hace apenas unos días a través de un tuit.
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