Bajo creciente presión, los costos legales de VW podrían superar sus cálculos

Gobiernos, inversionistas y propietarios de automóviles en todo el mundo han gando terreno en sus esfuerzos por presionar a Volkswagen AG para que llegue a acuerdos extrajudiciales que dejen atrás el escándalo que estalló con la alteración de las pruebas de emisiones contamiantes de sus motores diésel. Las presiones buscan lograr compensaciones parecidas a los US$15.000 millones que obtuvieron los demandantes estadounidenses.

Desde Australia a Corea del Sur, pasando por Irlanda, los gobiernos y los consumidores han intensificado las acciones legales y regulatorias, siguiendo el modelo de Estados Unidos, donde decisiones similares hicieron que la automotriz alemana pasara bastante rápido de la beligerancia al arrepentimiento.

En muchos de los países donde enfrenta líos legales, Volkswagen argumenta que el dispositivo utilizado para burlar las pruebas de emisiones no era ilegal o que las emisiones del vehículo no violaban las normas locales, según documentos judiciales a los que tuvo acceso The Wall Street Journal.

Si estos esfuerzos prosperan, los costos para resolver el escándalo podría superar holgadamente los 18.400 millones de euros, US$20.500 millones, que el fabricante ha apartado para tales efectos. De los cerca de 11 millones de vehículos de la marca afectados por el escándalo, cerca de 10,4 millones circulan fuera de EE.UU.

Aunque aún no hay claridad sobre el posible desenlace, algunos fallos recientes han debilitado la postura de la compañía. El costo en Alemania podría aumentar en hasta 4.000 millones de euros luego de que un tribunal de Braunschweig, cerca de la sede de Volkswagen, decidió este mes que revisará las más de 170 querellas que inversionistas interpusieron contra la empresa, acusándola de no informarles en forma oportuna de la investigación sobre los motores diésel. Volkswagen niega las acusaciones.

Otra corte alemana desestimó este mes las objeciones de la empresa y dictaminó que los propietarios locales de modelos con los motores afectados tenían el derecho a devolverlos a los concesionarios y ser reembolsados por el costo total ante el “fraude masivo” cometido por Volkswagen.

Corea del Sur, mientras tanto, prohibió este mes la venta de 80 modelos Volkswagen, una decisión que afecta a más de 80.000 vehículos. Cerca de 4.400 usuarios demandaron al fabricante alemán y su filial de autos de lujo Audi por los daños producidos por la información falsa sobre las emisiones.

Las autoridades coreanas también multaron a Volkswagen y procesaron a un ejecutivo local de la empresa al que acusaron de fraude ligado al escándalo de emisiones. La automotriz enfrenta otras demandas colectivas, investigaciones de los fiscales y daños punitivos en Australia, Brasil, Canadá, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda y España.

En Francia, un miembro de una comisión formada para investigar las emisiones de vehículos después del escándalo de Volkswagen pidió al gobierno que también se determine si la automotriz usó en el país software ilícito para manipular las pruebas de emisiones. Un informe de la comisión indicó que aunque no se ha podido comprobar la presencia de dispositivos de invalidación, no se pueden descartar.

Johannes Thammer, presidente ejecutivo de la subsidiaria de Volkswagen en Corea del Sur, acaba de pedir disculpas por haber inducido al error a las autoridades coreanas. “Haremos todo, de buena fe, para colaborar con el fiscal”.

Los abogados tratan de emular el éxito logrado en EE.UU. Los abogados europeos que trabajaron con Michael Hausfeld, uno de los más destacados especialistas en demandas colectivas de EE.UU., quien fue parte del comité demandante que logró la conciliación en ese país, colaboran con los fiscales australianos e irlandeses.

Australia se ha vuelto un importante campo de batalla debido a que su normativa sobre las emisiones de los vehículos es casi idéntica a la de la Unión Europea. Si un tribunal australiano determina que el sistema de emisiones de Volkswagen contenía un elemento ilegal conocido como dispositivo de invalidación, Australia podría sentar un precedente para demandas en Europa por miles de millones de euros. Volkswagen reconoció haber usado uno de estos dispositivos en EE.UU.

El juez federal australiano Lindsay Foster, que está a cargo de una demanda colectiva presentada en Sídney por las firmas de abogados Maurice Blackburn and Bannister Law, criticó duramente a los abogados de la automotriz durante una audiencia realizada el 29 de abril. Los directivos de Volkswagen en Alemania, dijo, “piensan obviamente que este es algún lugar perdido y atrasado”, según una transcripción de la corte.

El juez acusó a Volkswagen de demorar intencionalmente un fallo en Australia hasta alcanzar una conciliación en EE.UU. “Eso es lo que está pasando y no lo voy a permitir”, señaló según la transcripción. Un abogado de Volkswagen negó la acusación del juez Foster.

Jason Geisker, abogado de Maurice Blackburn, indicó que las partes discrepan sobre “la definición de dispositivo de invalidación” y los abogados de la empresa no han cedido como en EE.UU.

“Volkswagen se ha esforzado mucho en este caso debido a las repercusiones en Europa”, señaló Geisker.

Los abogados de la automotriz en Australia negaron en julio la existencia de software ilícito para manipular emisiones. “No hay un dispositivo de invalidación. Esa es nuestra defensa”, aseveró ante el tribunal Noel Huntley, un abogado australiano que representa a Volkswagen, según la transcripción oficial de la audiencia.

En Europa, Volkswagen ha negado que sus clientes hayan sufrido perjuicios y ha ignorado o rechazado las demandas que buscan una compensación.

Los abogados europeos creen que Volkswagen está demorando el proceso y subrayan que las demandas por daños en numerosos países de Europa proscriben después de un año, una fecha que en muchos de ellos se cumple el 18 de septiembre.

“Antes de eso, Volkswagen no hará nada para que la mayor cantidad posible de demandas se esfume”, dijo Eric Breiteneder, un abogado que prepara demandas colectivas en Holanda a nombre de 106.000 propietarios de modelos de Volkswagen y fondos que han invertido más de 13.000 millones de euros en acciones y bonos de la automotriz. Volkswagen se ha negado a negociar una conciliación con Breiteneder.

Evan O’Dwyer, un abogado irlandés, ha presentado 20 demandas individuales contra la empresa en tribunales irlandeses de menor cuantía, por daños y perjuicios por hasta 15.000 euros por vehículo. La ley irlandesa le prohíbe a O’Dwyer referirse a los casos en los medios de comunicación.

A&L Goodbody, la firma legal que representa a VW en Irlanda, amenazó con demandar a O’Dwyer y sus clientes para que cubran los costos si lleva los casos a juicio. En una del 17 de diciembre, Goodbody exhortó a O’Dwyer abandonara la querella a nombre de Eithne Higgins, dueña de un auto, asegurando que no tenía mérito.

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