“Necesitaría hablar con usted”: un WhatsApp abre una nueva polémica por el misterioso avión
Miércoles 8 de junio, 17.16. El mensaje de WhatsApp sale del teléfono celular del comisionado mayor I. F. LA NACION preserva su nombre y apellido debido a las tareas que desempeña: en la práctica, es señalado por diversas fuentes como uno de los encargados de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Es el organismo que trabaja en las terminales aeronáuticas y una pieza clave de la cadena que derivó en el escándalo del avión Boeing 747 tripulado por venezolanos e iraníes que había llegado al país dos días antes de que se enviara el texto.
I. F. se puso en contacto esa tarde de miércoles con encargados de aeroestaciones de combustibles que trabajan en el Aeropuerto de Ezeiza. El mensaje textual es el que sigue, según reconstruyó LA NACION, hecha la omisión del nombre: “Necesitaría hablar con usted por el aprovisionamiento de combustible de una aeronave”. La respuesta: “Buenas tardes, un gusto. Estoy en viaje”, dijo el operario, y dejó abierta la posibilidad de seguir el contacto dentro de 40 minutos. Según fuentes oficiales, esa charla no continuó.
El WhatsApp es un eslabón en el nudo de una historia que todavía no se esclarece. La PSA asegura que se trató de una comunicación que tenía como objetivo único resolver un problema operativo que es responsabilidad de quienes tienen que garantizar la seguridad en los aeropuertos: en la pista había un avión que ya no debía estar ahí. Para que se fuera, hacía falta combustible. Nada más.
La Justicia, la oposición y especialistas en seguridad plantean más dudas. Se pueden resumir de manera sencilla: ¿Por qué la PSA se interesó por el abastecimiento de combustible de un avión, algo que se supone que se resuelve a través de una negociación entre privados?
El involucramiento de la fuerza de seguridad en el suministro de combustible para el avión de Conviasa-Emtrasur fue más allá del WhatsApp. Hubo contactos por mensajes, pero también se acercaron miembros de esa fuerza a las estaciones de despacho de al menos dos de las tres empresas petroleras que operan en Ezeiza. Esa lista está compuesta por YPF, la petrolera bajo control estatal; Axion y Raízen, que opera con la marca Shell. Diversos testigos hablan de cuatro personas que se identificaron como miembros de la PSA en esas locaciones.
El organismo de seguridad dio su versión oficial sobre estos hechos. Sostuvo que “no es potestad ni atribución” de la fuerza “pedir o exigir el abastecimiento de una aeronave, situación que no existió además. Sí, hubo una consulta de personal operativo respecto del aprovisionamiento de una aeronave, que no fue atendida”.
La tiranía del reloj
La gestión corroborada de la PSA por el combustible se intercala con otras fechas y horas. El avión llegó a la Argentina el lunes 6 de junio. El martes siguiente, las petroleras rechazaron cargarle combustible. El miércoles partió a las 14.45 camino a Uruguay, pero debió volver ante la negativa de ese país a aceptar el aterrizaje. A las 15.45 estaba de vuelta en suelo argentino. Dos horas después había gestiones por el combustible. A propósito, un mal negocio: llenar el tanque de un 747 de esas características implica facturar entre US$250.000 y US$300.000 a los valores actuales.
Las empresas que rechazaron cargarle combustible al avión abren un punto incómodo para el Gobierno. ¿Cómo explicar que compañías privadas fueron más precavidas que los propios organismos del Estado?
El mecanismo detrás de esa clarividencia parece complejo, pero no lo es. Las empresas pueden consultar a quién le pueden vender combustible en la Oficina de Control de Activos Extranjeros -la Office of Foreign Assets Control (OFAC), en inglés- que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como informó esta semana Paula Urien en LA NACION.
El organismo norteamericano tiene una enorme base de datos con los nombres de personas y empresas con las cuales está prohibido operar porque las considera una amenaza para la seguridad nacional. Allí aparece Conviasa, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.
La idea de una parte de los espías argentinos no vinculados a la AFI, que maneja Agustín Rossi, es que los iraníes vinieron al país, justamente, para hacer inteligencia. Parecen cada vez más fundamentadas por los acontecimientos, ya que Gholamreza Ghasemi, miembro de la tripulación, fue señalado hoy con certezas como una persona cercana a la fuerza iraní Quds por el ministro de Inteligencia paraguayo, Esteban Aquino.
No se trataría de instructores para los pilotos venezolanos. Hasta los propios funcionarios de Nicolás Maduro rechazan esa idea. Ayer, el diputado de la Asamblea Nacional chavista e integrante del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), William Fariñas, aseguró con enojo en declaraciones radiales que la tripulación de la compañía estaba bien instruida. Es posible que Rossi deba replantearse el hecho de hacer reflexiones en público cuando está recién desembarcando en un puesto público.
La venta de combustible es, antes que nada, un negocio. Si Estados Unidos detecta una operación sospechosa, puede castigar a las empresas con sanciones cuyos efectos económicos resulten mucho más onerosos que la molestia de un miembro de las fuerzas de seguridad o el valor de un tanque lleno.
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