Nación, provincias y municipalidades: un solo territorio
Por eso, la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, referida a la restitución parcial de la alícuota que le corresponde a CABA, tendrá efecto sobre el gasto público en varias jurisdicciones
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Un pizzero cuyo local está ubicado en la ciudad de Mar del Plata opera bajo el intendente de General Pueyrredón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Lo mismo les ocurre a sus colegas, sitos en las ciudades de Tucumán o Bariloche. Quien opera en la CABA tiene encima “apenas” un par de autoridades: el jefe de gobierno de la ciudad y el presidente de la Nación.
Del párrafo anterior surge claramente que Nación, provincias y municipalidades no son territorios separados, sino jurisdicciones que se refieren al mismo territorio. Esto quiere decir que la Nación gasta “en alguna provincia –incluyendo a CABA”–, y que las provincias gastan “en alguna municipalidad”, dentro de su jurisdicción.
Si la Nación solo gastara en la CABA, el cambio en la alícuota que aquella le tiene que pagar a esta, dentro del mecanismo de coparticipación de impuestos, puede alterar el destino de las erogaciones, pero no el monto total gastado. Dado que, en todo momento, todas las jurisdicciones gastan todo lo que tienen.
Pero no es así. Los gastos que la Nación realiza en las Fuerzas Armadas, y en las universidades, son ejemplos de erogaciones “federales”; como las discrecionales transferencias de fondos. Lo cual implica que la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a la restitución parcial de la alícuota que le corresponde a CABA tendrá efecto sobre el gasto público en varias jurisdicciones.
El entredicho entre el Poder Ejecutivo y la Corte reavivó la propuesta de terminar con los problemas que genera el sistema de coparticipación ¡eliminándolo por completo! Equivalente a quitar la mancha de una camisa cortando con una tijera la porción manchada.
Propuesta atractiva
La propuesta luce muy atractiva porque implica que los mismos funcionarios que gastan tienen que ocuparse de la ingrata tarea de cobrar los impuestos con los cuales financian dichos gastos. En tales condiciones, cabría esperar una reducción del gasto público y un mayor cuidado en los gastos que se siguen efectuando. Como ocurre en las familias y las empresas, dada la vigencia de la restricción presupuestaria.
Pero para evitar una nueva frustración, quienes proponen dicha eliminación tienen que explicar cómo pasarían de la actual maraña de relaciones financieras entre Nación, provincias y municipalidades a un contexto donde cada uno se arregla con lo que puede recaudar.
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