Mutaciones que no se curan con la Sputnik

Directivos de la Unión Industrial Argentina empezaron a gestionar para los próximos días una reunión con el ministro de Salud, Ginés González García. Tienen un compendio de planteos para hacerle. Fue en realidad una recomendación de Claudio Moroni, jefe de la cartera de Trabajo, a quien le exceden muchos de los últimos reclamos empresariales: la situación laboral y la sanitaria son, desde la óptica fabril, muchas veces el mismo problema. Si hubiera vacuna para el millón de empleados manufactureros que hay en el país, todos ellos podrían volver inmediatamente a las fábricas sin afectar la producción. Pero no es el caso. Las dosis se demoran y el Covid no sólo deteriora la economía en todo el mundo, sino que multiplica costos que en la Argentina, si no se resuelven a tiempo, podrían enquistarse y trascender al virus.

"Las vacunas son del Estado, lo entiendo, pero nosotros podemos encargarnos de la logística", dijo ayer Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, en la reunión quincenal de junta directiva de la entidad, mientras el Gobierno celebraba como epopeya lo que en el universo de la ciencia es requisito elemental: la publicación de la fase 3 de la Sputnik V en una revista especializada.

Los industriales ya habían discutido internamente el tema en diciembre, cuando Cristiano Rattazzi dijo que no se daría la vacuna del Instituto Gamaleya y forzó la intervención de Isaías Drajer, de laboratorios Elea, empresa de Hugo Sigman: "La plataforma del Instituto Gamaleya es correcta", le objetó Drajer.

La UIA no lo dice, pero los empresarios quisieran poder comprar las dosis directamente entre privados. "Nos encantaría hacer un acuerdo por la vacuna de AstraZeneca con Sigman, que es un hombre de la industria, pero entendemos que no se pueda", admiten en la entidad. De todos modos, los dirigentes fabriles han empezado a confeccionar un registro con los empleados que están trabajando de manera presencial y que son, piensan, los que deberían empezar a vacunarse antes de la llegada del otoño. El mayor desvelo son en realidad los que no van: ese 25% de dispensados que las empresas vienen reemplazando mediante contrataciones eventuales. "Eso ya es un 20 por ciento más caro", dijo Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que en la reunión de ayer recordó que las ART seguían cobrándoles exactamente lo mismo por los trabajadores de licencia.

En el Ministerio de Trabajo tomaron nota. Les contestaron que juzgaban razonables muchas de estas preocupaciones, pero que las resistencias estaban más bien en la cartera de Salud. ¿El Gobierno podría aceptar, por ejemplo, la pretensión empresarial de subir de 60 a 65 años la edad de quienes están exceptuados de ir a trabajar? Es probable, con todo, que el tema exceda también las atribuciones de Ginés González García. Porque entre los dispensados de ir a trabajar están, por ejemplo, quienes tienen hijos que no van a clases por el Covid. ¿Deberán hablar también con Nicolás Trotta, ministro de Educación? ¿O con Roberto Baradel?

Son problemas que la vacuna podría empezar a resolver y que, en realidad, no afectan sólo a la Argentina. Ayer, en la reunión interna de la UIA, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los vicepresidentes, recordó que por las restricciones en Europa la tonelada de polipropileno había subido de 800 a 1600 dólares, y el costo del flete en general para muchas ramas de la industria, de 2000 a 9000 dólares. "Los barcos no están llegando a la Argentina: dejan los containers en Brasil", agregó. Esos aumentos, dicen los empresarios, no han podido en muchos casos ser trasladados al consumidor porque el Gobierno mantiene las listas precios máximos. Pero esa ya es una preocupación local, sólo deslizada en voz baja: que las dificultades macroeconómicas preexistentes en el país, las necesidades de un año electoral y la ideología se fusionen con la crisis sanitaria. Soluciones partidarias a problemas globales: costo 100% argentino.

Ayer, Miguel Callelo, de la Cámara del Software, elogiaba las normas que Moroni había dispuesto para la ley de Teletrabajo y recibió un cuestionamiento de Horacio Martínez, de la industria naviera. "Hablemos de si la ley es buena: una reglamentación no corrige una mala", le objetó.

El temor de la UIA, que ayer volvió a consignar en un comunicado la necesidad de crear un ámbito propicio a la inversión, es que el virus tenga aquí mutaciones distintas al resto del planeta. Viejo problema irresuelto: la cepa propia.

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