Monotributo: un conflicto nacido de la imprevisión, la improvisación y la falta de sensibilidad del Gobierno

La imprevisión y la improvisación en las políticas del Gobierno, las demoras inexplicables por parte del Congreso para considerar un proyecto de ley y la falta de una mirada sensible en el contexto crítico de la actividad económica, se combinaron para que ocurriera lo que ocurrió en los últimos días con el monotributo (el “exsistema” simplificado impositivo, porque si bien nació con ese nombre, su esquema es cada vez más complejo).

Para entender el origen de todo hay que remitirse a algo ocurrido un año y medio atrás. Entonces, apenas llegado al poder, el gobierno del presidente Alberto Fernández decidió suspender la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que, además de determinar el porcentaje de suba de diferentes ingresos pagados por el Estado, define cada año la actualización de la tabla del monotributo. Por una ley vigente desde 2018, en cada enero las facturaciones máximas y los importes a pagar en cada categoría aumentan en igual porcentaje en que lo hicieron las jubilaciones de la Anses el año previo. En el primer mes de 2020, por ejemplo, los valores de toda la tabla subieron 51,1% siguiendo ese criterio.

A pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó en diciembre de 2019 la suspensión de la fórmula de la ley 27.426 por 180 días. Y a mediados de 2020, esa medida -que le permitió al Gobierno concretar un ajuste del gasto perjudicando a los jubilados- fue prorrogada hasta diciembre último. Desde los primeros meses del año pasado ya se sabía que, dada la discrecionalidad y la heterogeneidad de las subas otorgadas a las jubilaciones por decreto, se estaba generando un problema: la falta de un índice para actualizar en 2021 el monotributo.

Pasó un año entero, sin respuestas de funcionarios ante consultas sobre el tema. El 31 de diciembre de 2020, apenas unas horas antes de que tuviera que entrar en vigencia la tabla actualizada, el Poder Ejecutivo mandó al Congreso un proyecto de ley. En ese texto se incluyó un artículo para disponer que los valores se incrementaran (como excepción, por este año) en igual porcentaje que el aumento que había tenido el año pasado el haber mínimo, es decir, en un 35,3%, con efecto desde enero.

El tema fue habilitado para ser considerado en las sesiones extraordinarias de enero y febrero, pero la iniciativa recién se convirtió en ley el 8 de abril. El artículo referido al reajuste de las facturaciones topes y de los aportes a pagar por los monotributistas indica expresamente que el efecto es a partir de enero pasado, pero el texto se aprobó sin que diputados y senadores repararan en esa cuestión. Un mes y medio después de aquel día, el 25 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial el decreto reglamentario. Y el 31 de mayo, cinco meses después del momento en que se debieron reajustar las cifras, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont firmó la resolución 5003, publicada dos días después en el Boletín Oficial.

Como efecto práctico de esa resolución, el 1° de junio la AFIP publicó en su página web la nueva categoría que, de oficio, le asignó a cada contribuyente, observando los límites de ingresos brutos ahora actualizados y la facturación de 2020 (ese proceso de recategorización respondió a los criterios que debió haber tenido ese trámite en enero de este año). Y también, pese a que la propia resolución establecía que ello ocurriría recién el 1° de julio, se informó, para cada contribuyente, un saldo deudor o un saldo a favor.

Esa primera información sobre deudas o acreencias resultó errónea. Los números se corrigieron en las horas posteriores, pero tampoco se podían tomar como definitivos, porque no pocos consideraron, al evaluar su situación personal, que la categoría asignada por la AFIP no era la correcta. Y en estos casos, la reglamentación dispuso darles tiempo a los monotributistas hasta el 25 de junio, para tramitar una solicitud de recategorización.

La decisión de consignar deudas impositivas sin explicaciones para muchos monotributistas que no estaban al tanto de la situación provocó rechazo, indignación y una fuerte reacción en redes sociales. Es, además, una señal errática de la política tributaria del Gobierno que, según lo anunciado, desde el mes próximo les devolverá a algunos asalariados (muchos de ellos, con ingresos más altos que muchos monotributistas) el impuesto a las ganancias ya pagado este año, en función de las modificaciones aprobadas por ley.

Por otra parte, los funcionarios y ahora también algunos jueces que deben resolver reclamos de los jubilados, justifican en la emergencia sanitaria, económica y fiscal por el Covid-19, el ajuste concretado sobre los haberes previsionales, por aquella suspensión de la fórmula de movilidad que había regido en 2018 y 2019. Sin embargo, aun con la crisis de la actividad económica, las autoridades no estuvieron inicialmente dispuestas a no cobrar los montos retroactivos, que se generaron por las demoras del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en emitir las normativas correspondientes.

Tras las repercusiones negativas y las muestras de indignación, entonces sí se decidió la marcha atrás. Y las deudas con el fisco que les habían sido informadas a millones de contribuyentes, quedarán ahora sin efecto.

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