Milei y el cisne negro que los libertarios pueden no estar viendo

El Gobierno de Javier Milei no parece ser un gobierno permeable a las críticas. Todo lo contrario. Los estrategas del poder ven la posibilidad de retroceder ante la crítica como un signo de debilidad. “No hay nada que nos resulte inconsistente”, respondió esta semana, por ejemplo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando se le preguntó sobre los bienes en el exterior no declarados que tendría el flamante titular de la Dirección General Impositiva, Andrés Vázquez. Es innegable que en el primer año de gestión la osadía de jamás recalcular ante el conflicto parece haberle dado buenos resultados. Sin embargo, aplicar la misma lógica para responder a los crecientes cuestionamientos institucionales podría terminar ensombreciendo muchos de los logros de la gestión, sobre todo, los económicos.

Este miércoles, de hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó finalmente en su sitio web el informe correspondiente a la evaluación realizada este año a la Argentina. El país logró a duras penas evitar en octubre pasado ser incluido en la “lista gris” de países que no cumplen con estándares mínimos en la prevención de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Tal calificación hubiera puesto en aprietos a empresas y bancos que dependen de ese estandarte para poder relacionarse con el mundo financiero internacional. Pero, está claro, a la Argentina no le sobró nada.

“La Argentina deberá mejorar su entendimiento de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en particular, del lavado proveniente de la corrupción y a través de los servicios financieros informales”, dice el texto fechado el 18 de este mes. “Si bien la Argentina se esforzó por incrementar su identificación, persecución y condenas de lavado de dinero, y ha conseguido algunas condenas en el período bajo análisis, las 91 condenas realizadas parecen un número relativamente bajo dado el tamaño y el contexto de la Argentina, y si bien en casi todos estos casos las autoridades consiguieron confiscaciones, los montos son modestos”, subraya en uno de los tantos párrafos en los que alude a las deficiencias todavía evidentes que tiene el país en esta materia. Con esta evaluación del GAFI, curiosa selección la de Vázquez, siendo que la DGI es uno de los organismos claves para detectar delitos como los que alude el grupo internacional.

Pese a haber evitado caer en la lista gris, de hecho, la Argentina quedó en un proceso de “seguimiento intensificado” del GAFI hasta febrero de 2026. Desde ahora y hasta esa fecha, el país tiene tiempo para aplicar las recomendaciones que le realiza en el documento el GAFI. Si no lo hace, puede volver a caer en el proceso de “observación”, paso previo para entrar a la lista gris.

Y no parece tan evidente que la administración Milei tenga intenciones de hacerlo. Más allá del affaire Vázquez, que no es menor, hay otras señales, cuanto menos, inquietantes. En lo que va del año, por caso, varias decenas de técnicos abandonaron la Unidad de Información Financiera (UIF), la unidad que se encarga de hacer inteligencia para prevenir delitos financieros. El presupuesto del organismo tampoco fue muy beneficiado: las transferencias del Tesoro a la UIF, según datos de Hacienda, pasaron de unos $450 millones mensuales, en promedio, entre enero a agosto, a apenas $50 millones en los últimos meses. Si bien la ley establece que los decomisos en causas de lavado de dinero van al organismo, lo cierto es que no suele tener mucho fondeo alternativo, ya que el dinero incautado suele quedar en las cuentas del Tesoro, mezclado entre tantos otros ingresos. Depende de la presión del Ministerio de Justicia que, efectivamente, terminen engrosando el presupuesto de la UIF. Pero la respuesta “no hay plata” aplica para todos.

Hay muchas versiones, asimismo, de que decisiones del organismo, como la de avanzar como querellante en la causa contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, de apelar el sobreseimiento de Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito, o de solicitar el decomiso anticipado de los bienes de Daniel Muñoz en las Islas Turcos y Caicos habrían tenido que sortear fuertes resistencias internas dentro del Ministerio de Justicia. De hecho, hay quienes aseveran que una de estas decisiones le habría costado el puesto al número dos de la UIF, Manuel Tessio, que luego fue reemplazado por Santiago Martín González Rodríguez, un hombre que, según denunció María Eugenia Talerico, exvicepresidenta del organismo en la gestión macrista, tiene como única credencial el ser cercano al todo poderoso asesor Santiago Caputo.

Lo del GAFI, al menos, parece una alerta a monitorear. No vaya a ser que termine resultando en un cisne negro para una administración que hasta ahora tiene muchos éxitos insoslayables. Pero ningún laurel es suficiente en un mundo en constante evolución. Lo saben en Economía, que ahora miran cada vez con más atención lo que está sucediendo en Brasil, país al cual, pese a los esfuerzos de su banco central, le está costando contener la depreciación del real. En lo que va del año, el dólar en Brasil subió un 25%.

“Habrá que hamacarse”, responde un miembro del equipo económico cuando se le pregunta por el mercado brasileño. Porque, al mismo tiempo, está claro que el Gobierno no tiene intenciones de modificar su política cambiaria, que en gran medida ha sido parte clave para conseguir la fuerte desaceleración de la inflación. El desafío es creciente, en un momento en el que, además, el precio de la soja –siempre clave para la Argentina– no deja de caer. En el corto plazo, sin embargo, hay esperanzas en el equipo económico de que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) colabore para contrarrestar algunas de estas malas nuevas que llegan desde el exterior. Ya este jueves –como se anticipó en esta columna la semana pasada– el FMI informó que las negociaciones se iniciaron formalmente y el ministro de Economía Luis Caputo confirmó que esperan tener cerrado un acuerdo para el primer cuatrimestre del año.

El Gobierno sabe, no obstante, que los próximos dos años serán duros para muchas industrias. Son varias las cámaras que representan a economías regionales que están tocando las puertas de Economía. En alguno de esos encuentros, el Gobierno admite que todavía falta tiempo para que los precios relativos terminen de acomodarse, y promete a las empresas que pronto presentará una reforma fiscal que podría compensar en parte los problemas de competitividad que algunas ya perciben. Cerca de Caputo incluso deslizaron su intención de que la reforma forme parte del temario en un eventual llamado a sesiones extraordinarias, en febrero. Demasiado futurismo, por ahora.

En el corto plazo, el Gobierno espera poder avanzar con el bimonetarismo que prometió Milei. Para enero, confían fuentes del Banco Central (BCRA), estaría operativa la posibilidad de consumir con tarjeta de débito contra cuentas en dólares. Para entonces, la idea también es que los retailers adapten sus tickets, para poder ver los precios ya no solo en pesos, sino también en dólares.

En los bancos, en tanto, se debate por estas horas cómo actuar frente a la posibilidad de que, como trascendió, el BCRA los habilite a dar préstamos en dólares ya no solo exclusivamente a exportadores que tengan ingresos en moneda extranjera, sino también a otro tipo de empresas y hasta a individuos. “Creemos que para empresas, créditos a uno o dos años en dólares se van a poder dar, pero para individuos, hipotecarios en dólares no lo veo. Podrá salir la norma, pero no creo que ningún banco se anime a ofrecerlos”, adelantó el presidente de un banco líder.

“Un hipotecario tiene un plazo de 15 o 20 años. Y en 10, si hay cambios políticos, un juez te lo puede pesificar”, evaluó. Los mercados tendrán poca memoria, pero los banqueros no. Ese es el problema de acumular años de mala reputación: es muy fácil perderla, pero puede llevar mucho tiempo recuperarla.

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