Milei prepara una caja de sorpresas en medio de las “maldades” kirchneristas contra su plan
Ya hay interesados en poner un pie en Aerolíneas Argentinas, pero falta un paso clave esta semana; los dirigentes K encontraron una peligrosa manera de hacer trastabillar algunas decisiones del Gobierno; en la Casa Rosada esperan fondos del FMI y del Banco Mundial, pero temen que los obliguen a hacer concesiones “por izquierda”
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
El Gobierno abrirá la caja de sorpresas tras el tratamiento de la Ley Bases, el próximo jueves en la Cámara de Diputados. Es una fecha clave en el calendario económico de Javier Milei: si las cosas no salen como las imagina, la Casa Rosada, deberá guardar una parte del cotillón para un futuro incierto. Toda una pena para el Gobierno, que tiene avanzadas algunas negociaciones importantes.
Un ejemplo: funcionarios de primera línea mantienen conversaciones con un grupo internacional que podría ingresar a Aerolíneas Argentinas. Son especialistas en el negocio aeronáutico. Pero la llave de entrada la tienen los diputados. De ellos depende que se reanude la posibilidad de privatizar la empresa, una alternativa que clausuró la discusión en el Senado.
El lenguaje es plástico. A esa versatilidad se aferra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para tumbar la decisión de la Cámara alta.
Jueves 13 por la tarde. Despacho de Martín Menem. El dueño de la oficina no estaba porque había salido de viaje junto a Karina Milei camino a Chubut para abrir el sello de La Libertad Avanza en esa provincia. Igual, prestó las llaves para que Francos y el cada vez más ponderado José Rolandi, su segundo, recibieran a legisladores de la oposición no kirchnerista. Allí se consolidó la nueva doctrina legislativa que se pondrá en juego en cuatro días.
El Gobierno acordó con los senadores muchas cosas que no le gustan, como delegaciones de facultades acotadas, cambios en el RIGI y concesiones en materia laboral.
En cambio, sacó de la discusión el futuro de algunas privatizaciones, como Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, porque no tenía los votos para avanzar. No hubo allí acuerdo con el Senado, según la interpretación oficialista. No se puede romper lo que no existe.
Es probable que la balanza la terminen de inclinar los radicales. Eso explica la inquietud de Rodrigo De Loredo en sus conversaciones con Francos. Le preguntó varias veces si se rompería algún acuerdo con el Senado en caso de insistir con las privatizaciones. Los correligionarios tienen su propia interna que le echa arena al engranaje del Gobierno.
El destino de las empresas públicas es completamente fundamental para el futuro de la gestión libertaria. La siguiente escena tiene algunos condimentos de sainete que muestran ese entuerto.
Alejo Maxit, presidente de AySA, la firma encargada de la distribución de agua potable y el servicio de cloacas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que aplicó generosos aumentos este año en las tarifas en línea con el plan de Javier Milei, se atragantó con una factura. No con la propia, sino con la que le envió el municipio de Avellaneda, que maneja el kirchnerista Jorge Ferraresi, correspondiente al pago de tasas.
El exministro de Alberto Fernández debería pagarles derechos de autor a otros jefes comunales y provinciales por su nueva creación. Pero nadie como él llevó el ímpetu recaudatorio tan lejos. Se quedó con un premio doble: recibirá más dinero y le asesta un golpe a los planes de la Casa Rosada. Así lo atestiguan las planillas de cálculo que llegan desde AySA a la Jefatura de Gabinete.
La empresa de aguas es una de las primeras candidatas a pasar al sector privado. Para eso, su contabilidad tiene que ser saludable. Maxit celebraba que había alcanzado un resultado operativo positivo en el quinto mes del año. No pasaba desde 2019, en tiempos de Mauricio Macri. Pero cuando se le cargaron a la computadora las decisiones de Avellaneda, retrocedió varios casilleros. Tendrá que seguir trabajando para el superávit.
El municipio aumentó en mayo un 4360% la tasa sobre una planta cloacal en comparación con el mismo mes del año anterior. De manera que se llevará ocho de cada 10 pesos que la empresa les paga a los intendentes por ese gravamen. AySA tendrá que pagar un 170% del valor de facturación de la unidad depuradora.
El barón del conurbano encontró la forma de llevarse los éxitos administrativos de Milei. Le hace pagar a una empresa del Estado una parte del ajuste libertario que sufre la provincia de Buenos Aires, en manos de Axel Kicillof.
Las tasas se volvieron, a su vez, un antídoto que anestesia cualquier baja de impuestos. ¿De qué le sirve a la Casa Rosada cobrar menos si los efectos positivos de ese esfuerzo no llegan a la gente y a las empresas porque se lo quedan los intendentes?
Hay, sin embargo, un punto ciego para la treta kirchnerista. AySA podría más que duplicar las facturas a los usuarios de Avellaneda para pagar la cuenta con el municipio. Las boletas se irían a un promedio de $17.400. Será un trabajo novedoso de investigación de opinión pública determinar si el electorado le echa la culpa por el tarifazo a Milei o a la intendencia del conurbano. El caso se está analizando en el Gobierno.
La provincia de Buenos Aires es, también, el teatro de operaciones de una disyuntiva mayor entre quienes esperan entorpecer la gestión nacional por convicción, por conveniencia o por ambas, pero no quieren pagar los costos asociados a esas decisiones. El mejor ejemplo es el propio gobernador.
Kicillof, situado en la vereda opuesta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), deberá tomar una decisión imposible. Si la provincia no adhiere a ese programa, como le reclama la doctrina kirchnerista, podría ver pasar el buque del gas natural licuado por el Atlántico camino a Río Negro, la locación con la que compite para la instalación de una planta de licuefacción.
¿Qué pesará más en el espíritu del gobernador? ¿La bandera política del kirchnerismo o la posibilidad de quedarse con un proyecto de US$30.000 millones que propulsaría la economía de su distrito?
Kicillof arranca relegado, no solo por la ideología, sino por la viveza de otros dos gobernadores: Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). Ambos están de acuerdo en que el gas debería salir por el territorio que maneja el primero.
Cualquiera que le pregunte a Figueroa, por ejemplo, se encontrará con una respuesta tajante. El proyecto de gas se hará en la Patagonia. Su afirmación no sería tan importante si no se tratara de uno de los gobernadores que más afinidad desarrolló con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Figueroa le hizo sobrevolar esta semana el corazón de Vaca Muerta a Caputo. Aprovechó el viaje para cerrar varias cosas. Entre ellas, que el Gobierno le conceda la prioridad en el acceso a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todo marcha. El 11 de julio próximo recibirá una auditoría en la provincia.
Es la continuación de algo que comenzó antes. La senadora Lucila Crexell había iniciado hace algunas semanas una gestión por ese tema.
Weretilneck y Figueroa están convencidos de que Caputo, Francos y Horacio Marín (presidente de YPF) piensan igual que ellos, porque Río Negro tiene licencia social (es decir, la sociedad civil lo convalidará), facilidades de infraestructura (habría que agregar un gasoducto al lado de un caño de petróleo) y compromiso con la velocidad del proyecto.
El hecho de dejar pasar el buque para Kicillof es literal. YPF y sus socios malayos de Petronas piensan en hacer un proyecto para exportarle el gas de Vaca Muerta al mundo por barco. Lo vienen conversando asiduamente desde febrero pasado. Su futuro estaba necesariamente atado al RIGI, contenido en la Ley Bases.
En el mundo, estos megaproyectos se hacen con plantas de licuefacción cuya construcción demora muchos años. En ningún caso estaría lista antes de 2030.
La Libertad Avanza ya empezó a jugar con el calendario. No sólo con el del año próximo, sino con el del crucial 2027, cuando se elige Presidente. Es la fecha con la que sueñan para poner en marcha la exportación de gas por el mar mediante plantas flotantes de licuefacción. YPF ya consiguió una que le dará Petronas y licitó el proyecto para otras dos.
El plan de estímulo a las grandes inversiones es la bala de plata que esperaba el Gobierno. Sin todavía estar reglamentado, tuvo un debut auspicioso esta semana. Dos grupos privados prometieron inversiones por US$1000 millones en total. Es un número importante para cualquier administración, pero todo un récord para la gestión de Javier Milei. Hasta ahora, los grandes empresarios se habían mostrado más confiados en el Presidente que en el país.
La llegada de dólares es un acelerador para superar el cepo cambiario. Es una de las tareas a las que le dedica tiempo Caputo. El Gobierno espera un apoyo en efectivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero tiene algunas inquietudes.
Ciertas conversaciones son curiosas. Washington está corriendo a la Casa Rosada por izquierda y en el entorno de Milei hay preocupación por las concesiones que pueda tener que hacer para recibir dinero.
La pelea muestra el cambio de época en el país, pero también la continuidad de ideas en el FMI. El organismo reclama en público, pero también en privado, que se mejore la calidad del ajuste y del gasto social. A tal punto que pide un esquema más amable para los jubilados. Otro planteo incómodo es la necesidad de ir hacia tasas de interés positivas. Dicho con crudeza, que un plazo fijo le gane a la inflación, cosa que hoy no ocurre.
El Gobierno espera recibir, también, dólares del Banco Mundial. Pero ese desembolso está atado a lo que ocurra primero con el FMI.
El Banco Mundial ha mostrado un renovado interés por el país. A tal punto que hizo algunas consideraciones en un informe reciente dedicado a la Argentina que tiene menciones sobre el sistema previsional. Milei lo hizo. Los dos organismos mundiales más influyentes de Washington se pusieron de acuerdo para proteger el ingreso real de los jubilados argentinos.
Entre los más duros del Fondo está el chileno Rodrigo Valdés, exministro de Economía de la socialista Michelle Bachelet y ahora director del departamento del Hemisferio Occidental del organismo. Un cambio de fichas al interior del FMI podría despejar ese escollo para el gobierno argentino.
La llegada de dólares es aún más necesaria en un contexto en el que reloj de arena que marca los tiempos de Luis Caputo se empieza a acelerar. Nadie sabe cuándo el país abandonará la restricción al acceso al dólar, pero está cada vez más claro cuál es una virtual fecha límite: el 31 de diciembre próximo.
El entorno de Milei lo tiene muy claro. El último día de este año vence el denominado impuesto PAIS, que carga la compra de dólares y las importaciones. Es una de las bisagras del cepo.
Para renovarlo, la Casa Rosada necesita del apoyo del Congreso, un terreno muy incierto para poner en juego algo tan grande. ¿Quién puede asegurar que los legisladores no intenten coparticipar ese impuesto durante el trámite legislativo? Quizá por esto está más apurado en salir de ahí el Presidente que su ministro de Economía.
Hay más fechas del calendario que marcan los tiempos de Milei y Caputo para tomar decisiones. En enero próximo hay vencimientos importantes de deuda. El Gobierno intentará rollearlos, es decir, renovarlos. Para eso, es fundamental que los títulos públicos se vuelvan más atractivos durante los próximos seis meses.
Una manera de medir ese interés es el indicador de riesgo país. Bajó, pero está en más de 1400 puntos básicos. Economistas cercanos a la Casa Rosada creen que ese número debería bajar a un tercio para allanar el inicio del segundo año del Gobierno. La normalización de la economía entró en una carrera de seis meses.
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