Milei, entre lo ideal y lo posible: reformas polémicas, la amenaza de un ajuste doloroso y la dolarización en el horizonte

A medida que pasan los días, la administración Milei se va topando con los límites que la realidad suele imponer a las ideas. Son restricciones de orden político, judicial y económico que, en los hechos, van desmembrando el plan libertario entre lo ideal, lo real, lo posible y lo incierto.

En el Gobierno se apoyan en encuestas sobre la imagen positiva del Presidente y en la profundidad de la crisis para intentar avanzar en la desregulación y en el ajuste de la economía sin vacilaciones, en bloque y a toda velocidad. Creen que no pueden detenerse a discutir cada punto de la ley ómnibus porque no hay tiempo. Exhiben la suba de los dólares libres en el arranque del año como muestra de que las reformas no pueden demorarse.

“El slogan real no es ‘No hay plata’, sino ‘Falta plata y no hay tiempo’. Si el proyecto de ley se aprueba, el proceso recesivo va a ser más corto. Queremos que esté pasando Diputados la semana próxima”, dice a LA NACION una alta fuente oficial.

Pero para poder avanzar, sea a la velocidad que sea, el Gobierno debe hacer concesiones. Guillermo Francos, Martín Menem y Victoria Villarruel son los encargados de negociar. Luego todo pasa por el filtro del tándem Nicolás Posse-Luis Caputo. El jefe de Gabinete “es el que cuida la integridad del Gobierno, el que vela porque el sistema funcione”, explica la fuente. Es el enlace entre Javier Milei y “Toto” en el manejo de la economía, materia que, por su formación, el Presidente sigue muy de cerca. Según algunos economistas que lo han asesorado informalmente, demasiado cerca.

Los gobernadores destacan la buena voluntad de Francos para buscar consensos, pero en muchas de las cuestiones en discusión, antes de dar la última palabra el ministro del Interior consulta con el dúo. La sintonía entre Posse y Caputo se refleja en que suelen usar las mismas metáforas como, por ejemplo, que la Argentina es adicta al déficit fiscal. Son mensajes que también apuntan a la cohesión interna y funcionan como guía para el discurso hacía afuera del Gobierno.

“No hay una división entre intransigentes y negociadores. Hay roles y cada uno tiene el suyo. ¿Armarías un equipo con 11 delanteros?”, agrega un funcionario, conocedor del día a día del gobierno libertario, que espera un triunfo en el Congreso.

“Lo que se ve es que las críticas al proyecto son parciales, nadie cuestiona la totalidad ni se ve un abroquelamiento o una resistencia al proyecto en general. Son discusiones parciales, por sectores. Se están tocando cosas y en algunos casos lo que faltan son ajustes de reglamentación. Lo que pasa es que algunos dialogan y otros gritan”, se ilusionan en Casa Rosada.

En cambio, la suerte del megadecreto de desregulación aparece menos nítida para el núcleo duro del mileismo. “Los cuestionamientos jurídicos habrá que verlos. El que se refiere a lo laboral está mal fundamentado. Por ejemplo, no se le dio plazo al Gobierno para explicarlo o defenderlo”, explican. “Nunca se rechazó un DNU, sería la primera vez si eso sucediera”, insisten como argumento para defender incluso hasta los puntos más cuestionados por no prioritarios, como la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Se creía que el tema se había incluido como un guiño a Mauricio Macri, pero algunos memoriosos recuerdan que Posse, hace casi 20 años, cuando era gerente regional de Red Bull intentó comprar el club Huracán. La empresa de bebidas energizantes es dueña del RB Salzburg (Austria), RB Leipzig (Alemania), New York Red Bulls (EE.UU.) y RB Bragantino (Brasil) y el entonces ejecutivo quiso replicar el modelo en la Argentina, aunque no pudo ponerse de acuerdo con los dirigentes del Globo ni superar las trabas legales.

¿Hay Plan B si el combo decreto más ley es bloqueado en el Congreso y en la justicia? Caputo dijo que sí: “En la medida en que la ley no pase las medidas van a ser más duras. Y los argentinos van a sufrirlas más”, advirtió esta semana al anunciar que se había reflotado el acuerdo con el FMI para pagar vencimientos con el organismo por unos US$4700 millones. “Extremaremos los recursos”, anticipó, sin dar detalles, aunque aseguró que las metas de superávit fiscal de 2 puntos del PBI y equilibrio financiero no se modificarían.

“Toto” dijo que el Fondo “está abierto a la posibilidad de ir a un nuevo acuerdo y pedir nuevos fondos”, aunque reconoció que eso hubiera llevado más tiempo. De nuevo, la urgencia como argumento, aunque hay también otros motivos. No parece haber en el organismo, según fuentes al tanto de las conversaciones con el Gobierno, entusiasmo por aportar plata fresca y aumentar su exposición a la Argentina. Por ahora quieren ver qué pasará con lo que más les preocupa: la suerte del paquete fiscal, que depende del Congreso. Más adelante, en el caso de que se apuntara a un nuevo programa, es probable que el FMI plantee la necesidad de acelerar el ajuste del tipo de cambio oficial y abandonar “la regla del dos” (por el crawling peg de 2% mensual), entre otros retoques al programa que podrían incluir la tasa de interés negativa. “En algún momento habrá que salir, pero no ya”, explican las fuentes. Consultado por el tema, en la misma conferencia de prensa, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo que el Fondo estaba “cómodo” con la política cambiaria y monetaria del Gobierno y que no iban a cambiarla.

Lo cierto es que la idea de contar con fondos frescos sigue en pie. La administración Milei apunta a reconstruir la confianza que permita, una vez más, que una solución política se imponga por sobre la visión estrictamente técnica de los ortodoxos funcionarios del FMI. “Al igual que con el Fondo, hay un problema de credibilidad del país ante el gobierno de Estados Unidos [el principal accionista del organismo]. En función de la credibilidad se abren las posibilidades. Ellos verán después cómo nos pueden ayudar”, confían cerca del Presidente.

En su reciente viaje a Buenos Aires, los funcionarios del gobierno de EE.UU. Mike Pyle y Jay Shambaugh hablaron con Posse sobre propuestas al país que el gobierno de Alberto Fernández ni siquiera había contestado, como la oferta de contar con un buque guardacostas norteamericano para ayudar a controlar la pesca ilegal en aguas argentinas o la posibilidad de que la Argentina ocupe posiciones en organismos internacionales de control. Otras directamente se habían rechazado, como el entrenamiento de tropas argentinas por parte de militares norteamericanos. Son cartas que el Gobierno tiene para mostrar un alineamiento que, estiman, podría rendir sus frutos. “A veces, antes de pedir primero hay que dar”, razona otra fuente oficial.

Otro proyecto que se mantiene, aseguran en el Gobierno, es la dolarización. “Sigue en pie, por supuesto. Cuando se pueda hacer se hará, con libre elección de monedas. Ni los propios argentinos quieren el peso. Tenemos que romper la máquina de emitir. El paso uno es que dejamos de usar la máquina. No podemos dolarizar con un agujero en el Banco Central, que cuando llegamos tenía un déficit de 12.500 millones de dólares, pero tampoco tenemos tiempo para reconstruir la credibilidad en la moneda”, afirman. La fe de los libertarios en este proceso como ordenador de la macro es inquebrantable pese a que en 2023 un país dolarizado como Ecuador tuvo un déficit de 3,5 puntos del PBI por la suba del gasto público.

La acumulación de reservas prevista en el acuerdo con el Fondo, que los analistas ven ambiciosa, y el fuerte ingreso de divisas del campo por el fin de la sequía podrían acercar el objetivo, pero para aproximarse a ese punto antes habrá que atravesar un terreno escarpado. En algunos despachos oficiales, en cambio, creen que el tema se mantiene en agenda porque es una bandera difícil de bajar. “Si te va mal no la podés hacer y si haciendo todo esto te fuera bien, ¿para que querrías dolarizar?”, razonan.

Caída de consumo y humor social

El test social que le espera al programa económico en los próximos meses es amplio. Va desde el impacto que pueda tener en los sectores vulnerables y la reacción de quienes dicen representarlos, los “piqueteros” según el diccionario oficial edición 2024, pero también en la clase media.

Según un informe de la consultora Scentia que circuló entre supermercados y empresas de primera línea a fines de diciembre, este año el consumo per cápita sería negativo después de dos décadas de resultado positivo. La firma proyectó cuatro escenarios posibles en función de la pérdida de poder adquisitivo de la población: optimista, en el que la caída de la capacidad de compra es del 5% y la del consumo, del 0,8%; medio 1, -10% y -2,5%, respectivamente; medio 2, -20% y -6,1%, y pesimista, -30% y -10%. El mismo paper refiere a un estudio del “Contexto y humor social” realizado por la consultora W. Allí las respuestas hablan de un sentimiento en la gente de “incertidumbre, descontento, inseguridad y miedo”. Según este sondeo, los consultados tienen temor a que se puedan repetir la híper de 1989 o la crisis de 2001 y comentan que “cada vez es más difícil sostener la calidad de vida”. En otras palabras, para algunos la crisis significará dejar de comprar cosas y, para otros, sustituir consumos, una práctica conocida por los argentinos. Por lo pronto, hasta octubre, cuando aún no se había disparado del todo la inflación, las primeras marcas habían caído, por ejemplo, 15% en arroces, 5% en conservas de tomate, 3% en pastas secas y 2% en mermeladas. En esas mismas categorías, las marcas propias de los supermercados subieron 14%, 5%, 6% y 4%, respectivamente. En las compañías la esperanza es que, tras cuatro meses malos, en el segundo semestre haya una recuperación.

En el puente de mando del barco libertario confían en que la sociedad sigue todos estos avatares con una mirada piadosa. “Javier Milei hizo campaña diciendo que iba a ajustar y ganó. Y su popularidad subió después del discurso inaugural, de las medidas, después del decreto y del proyecto de ley. Lo que nosotros escuchamos de la gente es que esto es un sacrificio con propósito. La imagen positiva es del 70%”, comentan.

Subrayan que, a diferencia del pasado, aun reduciendo el gasto público están aumentando las partidas sociales para contener a los más vulnerables. “Por ejemplo, duplicamos la AUH. Casi no hubo beneficiarios de planes sociales en las marchas que hicieron los piqueteros. Pusimos un teléfono para que se pudieran denunciar aprietes para obligar a ir a las protestas y prácticamente no fue nadie”, dicen las fuentes oficiales.

Mientras, tras cumplir su primer mes, el Gobierno sigue haciendo el due diligence del estado del país. En todos lados aparecen cosas rotas o desordenadas y problemas. Por ejemplo, la mudanza de Milei a Olivos se demoró por la falta de ciertos materiales de construcción necesarios para hacer algunas reformas en la quinta presidencial. “Si esto fuera una empresa ya nos hubieran pedido la quiebra”, resumen en el entorno presidencial. Empresa no es, pero habrá que rendirles cuentas a 46 millones de accionistas.

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