Mercados golpeados y distorsionados

Para el gobierno de Cristina Kirchner, tan afecto a victimizarse con teorías conspirativas como a ignorar las leyes de la oferta y la demanda, los "golpes de mercado" están siempre al acecho, aunque resulten incomprobables. Quizá por ello opta por contraatacar con golpes intervencionistas en distintos mercados y, por lo general, termina por agravar las distorsiones que busca corregir.

Aunque no es el único, el polémico Guillermo Moreno suele ser el autor intelectual y material de la mayoría de estas acciones, que lo han convertido de hecho en el funcionario con más llegada a CFK. Pero ciertamente sería excesivo atribuirle todas las culpas, como si actuara sin aval político de la Casa Rosada. Convencida o no, para la Presidenta es menos riesgoso denunciar que los productores retienen trigo, antes que reconocer que las acciones u omisiones oficiales provocaron la peor cosecha en 111 años y redujeron la exportación a una mínima expresión. Lo mismo ocurrió en el mercado de carnes, donde en los últimos años la Argentina retrocedió en el mundo al puesto 12º como país exportador, después de haber forzado al máximo el consumo interno con controles de precios y contraído las ventas externas con cupos cada vez más reducidos.

El limitado y precario "acuerdo" para que panaderías y supermercados vendan ahora el pan más rústico a 10 pesos por kilo, por debajo de su costo, es apenas una cortina de humo para ocultar la escasez triguera. Por lo menos en este caso, el Gobierno tuvo el prurito de no promocionarlo con el aditamento "para todos", ya que, en el mejor de los casos, alcanza al 10% de la elaboración y se desconoce si podrá mantenerse hasta la próxima cosecha. Y ésta también es una incógnita: para estimular la siembra anunció el reintegro de las retenciones poscosecha, pero muchos productores descreen de ese mecanismo, por instrumentarse con un fideicomiso en el Banco Nación.

Mucho más compleja es la situación en el mercado energético y especialmente en materia de gas. Después de años de estimular el consumo a través de subsidios crecientes y desincentivar la producción con precios políticos congelados, el gobierno de CFK buscó comenzar a corregir la situación hace unos meses, cuando elevó el precio del gas natural en boca de pozo de 2,8 a 7,5 dólares el millón de BTU (unidad de medida), sólo para el gas adicional que extraigan las petroleras que aumenten sus inversiones. Pero como en su ADN ideológico está privilegiar la hiperregulación, diseñó un complicado mecanismo que, además, duplica el riesgo empresario. Para acceder al precio más alto, las compañías deben comprometer un plan de inversiones para alcanzar un volumen superior a la declinante curva de producción. Si tienen éxito, cobrarán en pesos a 180 días de plazo; pero si no logran encontrar o extraer más gas, no sólo perderán -previsiblemente- el monto de su inversión de riesgo, sino que también serán penalizadas con el pago de la diferencia entre el valor del mayor volumen proyectado (a 7,5 dólares) y el alto precio que implica importarlo por barco como gas natural licuado (un rango de 15/18 dólares). O sea que, más que a estimular la producción, este régimen tiende a achicar la cuenta de importación de GNL que debe afrontar la estatal Enarsa.

No obstante, el Gobierno decidió anticiparles a las petroleras, aunque sin plazo, los montos por la venta de gas natural que, por falta de fondos, dejaron de pagarles las distribuidoras, algunas de las cuales -como Metrogas- mantienen tarifas congeladas desde hace 11 años. La situación en este sentido no es muy diferente para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana: Edenor y Edesur, que arrastran pérdidas por unos 1000 millones de pesos cada una debido al congelamiento tarifario, deben ser financiadas a través de Cammesa (que en 2012 recibió subsidios estatales por 24.600 millones de pesos).

Mientras tanto, las importaciones de gas y combustibles no dejan de crecer y podrían superar este año los 11.000/12.000 millones de dólares. Con reservas del Banco Central en baja (37.300 millones), esta perspectiva aleja cualquier posibilidad de flexibilización, no sólo del cepo cambiario, sino de las trabas a la importación en otros rubros, que afectan a cada vez más industrias. También la "importación reprimida" complica al mercado comercial de reposición de numerosos productos y piezas. Quienes lograron conservar stocks cobran en muchos casos precios muy superiores al aumento de 20% que registró el dólar oficial en los últimos 12 meses. Y más en los últimos días, cuando el dólar paralelo salió de su letargo y cruzó otra vez la barrera de los $ 8,20, con lo cual, a pesar del retroceso previo, acumula un alza de 33% en el mismo lapso.

Demás está decir que los controles golpearon al mercado cambiario oficial, que sólo por hábito conserva la paradojal denominación de "único y libre", y el ingreso de divisas está limitado únicamente a las exportaciones. También resulta paradójico que Moreno intente intervenir en el hasta ahora inexistente mercado secundario de Cedin y fijar una cotización de referencia (de $ 6,50), cuando en sus dos primeras semanas el blanqueo apenas supera los 3 millones de dólares y no se concretó ninguna operación en pesos. En algunos bancos grandes, incluso, están sorprendidos por el bajo nivel de consultas sobre el controvertido régimen: hasta ahora, no llegan a promediar siquiera una por sucursal. Mucho más activo, en cambio, se muestra el secretario de Comercio Interior con llamadas a empresas de todo tamaño para que suscriban Cedin, incluso con dólares en blanco, bajo la promesa verbal de resolverles problemas provocados por sus propios controles. En voz baja, cuentan en una entidad que un empresario pyme llegó a consignar como motivo "por indicación de G. Moreno" en el formulario de una de las pocas operaciones realizadas.

No es la única sorpresa que se llevaron los ejecutivos del mercado financiero con las intervenciones oficiales. En las últimas semanas, se enteraron por los diarios que deben otorgar un tercer tramo de créditos a tasa subsidiada para proyectos productivos (en especial de pymes) y, más tarde, que el BCRA va a limitarles las comisiones.

Más previsible, en cambio, es que las empresas de autotransporte de larga distancia aprovechen las vacaciones de invierno para aumentar un 5% sus tarifas, sobre la base de una autorización recibida meses atrás y que no habían aplicado debido a que los subsidios a Aerolíneas tornaron más caros los pasajes en ómnibus que en avión para idénticos trayectos. Hace poco, esa brecha se atenuó con una suba de hasta 20% en las tarifas aéreas.

Toda esta maraña de controles, subsidios y regulaciones provoca una fenomenal distorsión de precios relativos, sin que se frene la inflación. Pero además el gobierno de CFK tampoco se priva de intervenir, a su manera, en el mercado electoral, mediante las discrecionales transferencias de fondos para obras públicas que distribuye el ministro Julio De Vido. Parafraseando a la Presidenta, los intendentes oficialistas de los municipios con más votantes recogen la plata en pala, mientras los opositores no logran hacerlo ni con una cucharita de café.

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