Menos jubilados: el ajuste del Frente de Todos del que nadie habla

Entre enero de 2020 y marzo de este año se jubilaron poco más de 10.300 personas por mes en el sistema que gestiona la Anses. Ese número promedio de altas otorgadas en 15 meses es menos de la mitad del promedio que hubo en los tres años previos. Entre 2017 y 2019, unas 20.700 personas pudieron obtener cada mes su prestación jubilatoria, según surge de analizar la estadística del Boletín de la Secretaría de Seguridad Social, sobre la cual LA NACION informó días atrás. Los datos de promedios mensuales fueron consignados en un informe reciente de la consultora Idesa.

Según la estadística oficial, de 2017 en adelante, incluyendo los primeros meses de este año, se da una característica común: de cada 10 nuevos jubilados, son alrededor de seis los que recurrieron a una moratoria para completar el número de aportes que exige el sistema. Los dos años anteriores, 2015 y 2016, escapan a ese rasgo: por la entrada en ese entonces más o menos reciente de una flexibilización de las normas para acceder a una prestación sin tener la totalidad de los aportes, hubo muchos más nuevos jubilados y en 2015, por ejemplo, casi el 90% incluyó el ingreso s una moratoria. Por eso, el período que podría ser comparable a la actualidad es el iniciado en 2017.

La caída del número de jubilados responde a cuestiones de la gestión de la Anses. A mediados de marzo de 2020, el organismo cerró sus oficinas por la pandemia, suspendió turnos y dejó de dar nuevos, algo –esto último– que más tarde repitió, aun cuando ya había comenzado el proceso de apertura de las unidades de atención presencial. Con el correr de los meses se fue habilitando una mayor cantidad de trámites para hacer de manera virtual, aunque la modalidad se inició con no pocas dificultades y con tardanzas en las respuestas que deben llegar desde el organismo.

Las demoras para poder tramitar la jubilación son causa de pérdidas para el bolsillo. Más allá de cuál sea la fecha de pago del primer haber mensual, la prestación comienza a calcularse desde el momento en que se consigue un turno para concretar el trámite. Como en un período no fue posible conseguir turnos, un proyecto de ley firmado por 43 diputados de Juntos por el Cambio busca disponer que a quienes se vieron afectados se les pague un bono extraordinario equivalente a tres veces el haber mínimo ($69.194,10, según el valor actual).

“El bono sería para quienes, cuando ya estaban en condiciones de pedir la jubilación, no consiguieron turnos por la pandemia, esto es, a partir del 16 de marzo del año pasado y, por ende, no se les reconoció el retroactivo desde la fecha en que podrían haber iniciado el trámite”, dijo a LA NACION el diputado Alejandro Cacace, que presentó el texto con Graciela Ocaña, Carla Carrizo y Martín Berhongaray. Y agregó: “Alguien que cesó su relación de trabajo en febrero o marzo de 2020 y tenía todo para presentar, no pudo hacerlo porque la Anses no otorgaba turnos ni atendía; luego le calcularon el retroactivo desde que hizo la presentación, pero esa fecha no fue su elección”.

El proyecto asume –considerando la estadística de años previos– que en 12 meses unas 115.000 personas no pudieron jubilarse. “El ahorro fiscal por disminución de altas asciende a más de $21.000 millones”, señala el texto, y eso se suma al ajuste –estimado por la consultora Ieral en $100.000 millones solo por 2020– de la suspensión por un año de la fórmula de movilidad aprobada en 2017 y de su reemplazo por subas discrecionales.

La iniciativa legislativa incluye un artículo que indica que “la Anses deberá establecer un mecanismo ágil de asignación de turnos, a través de su plataforma virtual y de otros medios de contacto que disponga, que emita inmediatamente una constancia de solicitud de turno” para asegurar el reconocimiento de la fecha a partir de la cual se calculará el beneficio.

Según el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, además de fijarse una fecha cierta de inicio para calcular las prestaciones, algo básico que debería disponerse es una actualización de los montos retroactivos al momento de cobrarlos, porque la inflación va deteriorando el valor.

En la opinión de Jorge Colina, de Idesa, la culpa de la caída de las altas no es de la pandemia, “sino de una profunda obsolescencia tecnológica y de décadas de uso de los organismos públicos para nombrar amigos y militantes”. El economista dice ver una contradicción entre una realidad con cercenamiento de derechos -como el acceso a la jubilación cumplidos los requisitos- y los planes que deja trascender la Anses, como el de reconocer años de servicios por hijos para mujeres de 59 a 64 años, algo que debería ser aprobado por una ley que, según advierte, debería ocuparse a la vez de otras cuestiones del sistema. Concretamente, considera que debería igualarse la edad jubilatoria y reformularse la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la prestación creada en 2016 para reemplazar a las moratorias, que tiene la falencia de ofrecer el mismo importe mensual (equivalente al 80% del haber mínimo) a personas que no tienen ningún aporte y a las que contribuyeron durante varios años sin haber podido llegar a los 30 exigido por ley para el beneficio regular.

La situación de una Anses de puertas cerradas durante unos meses y, luego, la de trámites de atención virtual con pocos avances o con comportamientos aleatorios (dependiendo de quién fuera el empleado del organismo que se ocupara del caso) es un tema de conflictos entre abogados previsionalistas y funcionarios, aunque las demoras también afectan, claro, a usuarios particulares. Hubo incluso presentaciones judiciales para pedir el acceso al inicio de trámites.

“Ahora hay algunas pequeñas mejoras y una mayor disponibilidad de turnos presenciales”, cuenta Federico Percovich, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados y Abogadas de la Ciudad de Buenos Aires. Agrega que en los trámites virtuales se incorporó la suba de formularios en formato digital y que, si bien se sigue dependiendo de un operador, al recibirse el pedido en la Anses ya hay datos cargados.

Uno de los problemas que persiste, agrega, está vinculado con la determinación de la fecha de inicio del derecho al beneficio. “Es totalmente discrecional que el operador de la Anses le dé inicio al trámite o no [o en qué fecha]”, señala. Eso incide en el monto a cobrar en concepto de retroactivo. Y se ven particularmente afectados quienes requieren moratoria. “En el caso de la última moratoria lanzada, la fecha de inicio es el mes siguiente a aquel en que se abona la primera cuota” y eso depende de la persona que responda, desde la Anses, al pedido del trámite.

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