Massa busca recortar $130.000 millones más antes de fin de año
Como en la primera etapa, absorberá los montos subejecutados de los presupuestos de las distintas reparticiones y les pedirá a las empresas públicas una poda de entre 3% y 7% en los egresos en términos reales
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Mientras la gran mayoría del oficialismo se encolumna detrás de los problemas judiciales de Cristina Kirchner, el ministro de Economía, Sergio Massa, prepara el terreno para ejecutar, de acá a fin de año, una fuerte desaceleración en el gasto en alrededor de $130.000 millones adicionales a los que ya ajustó.
Según se desprende de las planillas de cálculo de los hombres cercanos al ministro, con estas medidas se llegaría a alrededor de $350.000 millones de ajuste del gasto. Ese número, sumado al ahorro en los subsidios por la suba de tarifas generaría un alivio en las cuentas fiscales de acá a diciembre.
La estrategia de Massa es ir con pie de plomo en el recorte, cuestión que ni los ministros ajustados ni los socios del frente gobernante levanten la voz. Dicho de otra forma, administrar el gasto de todas las reparticiones de la administración pública con las autorizaciones de erogación que parten desde el Ministerio de Economía y ponerle metas de cumplimiento a las empresas públicas. De hecho, las sociedades del Estado son uno de los objetivos apuntados para ajustar el gasto en los despachos de los funcionarios massistas.
Hasta ahora, en cuanto al manejo del déficit fiscal, el exdiputado modificó el presupuesto para adecuar las partidas de otros ministerios. Mediante la decisión administrativa, Massa barrió con $128.000 millones que no habían sido ejecutados por las reparticiones que los tenían asignados (si se suman las obligaciones del Tesoro la cifra se eleva a $220.000 millones). “No es un ajuste, es un cachetazo a la ineficiencia”, dicen cerca del ministro. Con eso consiguió un ahorro similar a la hora de achicar el déficit. Saben que es muy poco respecto del todo (alrededor de 0,7 del total del gasto), pero ayuda para el simbolismo de la política como para que el ajuste tarifario que sufrirá mayoritariamente la clase media tenga algún correlato en el Estado.
Lo que hizo fue tomar el porcentaje de ejecución que se debería tener a esta altura del año y, los programas que estaban por debajo de esa línea, los barrió. “El que fue ineficiente y no ejecutó el gasto, ya no lo va a ejecutar -dicen los funcionarios del Palacio de Hacienda-. Pero, técnicamente, lo que se hizo no es un ajuste y no se quitó dinero ni presupuesto para lo que queda del año”.
En el ministerio dicen que hay un monto similar de subejecución presupuestaria con el que se podría utilizar la misma solución. Pero, tienen miedo a los efectos de la palabra “ajuste”, cuando en realidad, sostienen, es un castigo al ineficiente.
De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la decisión administrativa 826 “disminuyó el presupuesto en $128.000 millones sin modificar el cálculo de los ingresos, por lo que los resultados financiero y primario se reducen en el mismo monto”. Dicho de otra forma, si ingresa lo mismo y se gasta menos, ahorro directo.
La medida se leyó inmediatamente como un fuerte ajuste, con foco en los ministerios de Desarrollo Productivo ($70.000 millones), Educación ($50.000 millones), Desarrollo Territorial y Hábitat ($50.000 millones), Obras Públicas ($20.000 millones), y Transporte y Salud, con $10.000 cada uno.
En el Palacio de Hacienda explican que, además de la subejecución de algunos ministerios, se tomaron en cuenta situaciones puntuales que determinaron el retiro de las partidas. “Por ejemplo, hubo problemas contractuales con Conectar Igualdad y por eso no se ejecutó”, cuentan. Eso generó que ese programa destinado a dotar de computadoras a los alumnos y a los colegios, además de conectividad, tuviese al 22 de agosto pasado $18.000 millones sin ejecutar. Desde entonces, Massa los dejó indisponible para que se gasten en lo que queda del año.
Otro caso que se dio es la poda de $10.000 millones a Salud. Entre los funcionarios cercanos a exintendente de Tigre dicen que se debe a que cayó la demanda de dinero que se había presupuestado por la merma de la pandemia. “Quedó dinero que estaba presupuestado para las vacunas”, dicen.
Dicen en el Ministerio de Economía que lo que vendrá, para ahorrar alrededor de $130.000 millones adicionales, también tendrá mano quirúrgica. Nadie quiere quedar pegado a un ajuste.
Empresas públicas
Una de las metas más importantes que se propuso Massa es limitar el gasto y la nómina del personal de las empresas del Estado. Para ese amplio y generoso sector pseudo público hay metas. Como se anunció, empezará a exigirse el envío de la nómina de empleados y contratados para ser publicada. La lista de septiembre, se congelará.
Sin embargo, más allá de la gestualidad, no habrá ningún tipo de ajuste de personal. Si bien se congela la cantidad de empleados, se autorizan las altas solamente por bajas. Es decir, la cuenta dará cero. No hay, por ahora, ninguna estimación de personal necesario ni tampoco reconfiguración de planta. Si alguien se jubila o renuncia, se repone. Apenas eso.
La medida, sin embargo, generará polémica en algunas empresas. Por ejemplo: Aerolíneas Argentinas. Sucede que la línea aérea y el gremio de pilotos acordaron la incorporación de 150 pilotos nuevos. De hecho, ya se publicó la convocatoria. Dicen que por la puerta de servicio del departamento de Cristina Kirchner ingresaron por estos días un Luis Pablo Ceriani, gerente general de la empresa; y Mariano Recalde, senador y verdadero jefe del mundo aerocomercial argentino. Hay quienes dicen que también estuvo el poderoso líder de los pilotos, Pablo Biró. Por ahora, más allá del decreto de congelamiento de planta, la búsqueda de más personal para la línea aérea de bandera se mantiene. Algo así como ignorar el decreto.
Además, a estas compañías públicas se les pedirá un recorte de entre el 3% y el 7% en el gasto real, es decir, después de descontada la inflación.
Por ahora, más que un gran ajuste lo que Massa parece intentar es achatar la curva de crecimiento del gasto. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, impactado por un creciente gasto en subsidios energéticos y algunos programas sociales, “durante los primeros siete meses del año la Administración Nacional registró un déficit primario de $1.538.364 millones, 71% superior al del mismo período del año anterior”.
Esa curva no dejó de crecer en lo que va del año. El ministro, por ahora, intenta que empiece a transitar una trayectoria un poco más paralela al eje horizontal. De ahí a empinar la curva de descenso, hay un largo camino muy difícil de transitar. Más aún para una alianza gobernante integrada mayoritariamente por líderes que no creen que el exceso de gasto sea la causa de varios problemas económicos argentinos.
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