Massa busca más dólares en Washington y pone a prueba los límites del Fondo Monetario

WASHINGTON.- Un funcionario del Gobierno levantó sus brazos y dibujó dos pinzas en el aire con sus manos para mostrar, con un gesto, cómo se sostiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue el mes pasado, antes de la última revisión del programa. Por la sequía, pero también por el contexto global y varias decisiones oficiales, la economía llega con la lengua afuera a la elección presidencial.

La última evaluación del Fondo, la más difícil de todas, forzó al equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, y al staff del organismo, a hacer malabares para lograr una nueva aprobación del board. Una vez más, el Fondo se acomodó y el Gobierno salió airoso. Esta semana, Massa volverá a sondear en Washington cuáles son los nuevos límites del Fondo, mientras busca más dólares.

La última flexibilización del acuerdo arraigó la noción de que el Fondo no le soltará la mano a la Argentina. Massa busca también afianzar ese respaldo del gobierno de Biden en los organismos internacionales en dos reuniones, una con la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, que ocurrió anoche, en Santo Domingo, y otra que tendrá lugar mañana, con Mike Pyle, el número dos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Juan González, el principal asesor de Biden para América latina. Recostado en ese apoyo, el Gobierno ha logrado estirar los límites del Fondo. ¿Hasta dónde?

El último informe del staff fue más áspero que los anteriores. Dijo que la implementación de las políticas se ha vuelto “menos confiable”, y dejó a la vista el malestar del Fondo –siempre expresado en un lenguaje diplomático–con la moratoria previsional del kirchnerismo. La próxima revisión, la última antes de las primarias, apunta a ser igual o más complicada. Massa y su equipo empezaron a recorrer ese camino estos días.

El Fondo ha ido acomodándose a los avatares argentinos más allá de sus límites históricos para sostener el programa que negoció Martín Guzmán. Con la última revisión, ofreció una nueva dosis de flexibilidad cambiando la meta de acumulación de reservas. Una vez abierta esa compuerta, quedó latente la posibilidad de que el Gobierno, propenso a testear los límites del FMI, vaya por más, e intente también retocar el perfil de desembolsos y pagos, o la meta de déficit fiscal bajo el argumento de que la sequía arrojó a la economía a una recesión. Ninguna de las variables –actividad, precios, dólar, o el saldo de la cuenta corriente– se mueven en la dirección correcta, una dinámica fértil para los retoques. El Gobierno se ha comprometido a mantener la meta fiscal, pero resta ver si el sendero de ajuste aguanta, y qué ocurrirá ante ese escenario.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo el año anterior que ningún programa está “grabado en piedra”, pero este jueves insistió en mantener la implementación del plan y dijo que el Gobierno se había comprometido a “continuar ajustando las políticas” al impacto de la sequía. El Fondo ha insistido, varias veces, que la Argentina necesita políticas más sólidas.

El Gobierno se recuesta en el blindaje internacional. Uno de los motivos detrás del férreo respaldo de Estados Unidos y el resto del G7 en el board del Fondo ha sido la convulsión global, y el papel que juega la Argentina en un mundo en crisis.

A la pandemia del coronavirus se sumó la invasión de Rusia a Ucrania, que forzó al planeta a reorganizar la oferta global de energía y de alimentos. Nadie parece estar dispuesto a sumar problemas a un mundo agobiado, pero, además de eso, la Argentina es un proveedor de alimentos que se encamina a convertirse en un proveedor importante de gas, primero, para la región, y eventualmente para el resto del mundo. Falta mucho, pero ese horizonte está. A los alimentos y el gas también hay que sumarle el litio.

El gobierno de Joe Biden ha mostrado un especial interés en esas tres áreas –energía, alimentos y litio–, y ve a la Argentina como un “aliado estratégico” en el hemisferio. El viaje de Sherman a Buenos Aires esta semana reforzará esa visión. Conscientes de la creciente injerencia de China y del respaldo que el gobierno de Alberto Fernández fue a buscar a Moscú –una asistencia de Rusia al país quedó archivada por la guerra–, la Casa Blanca de Biden le ha brindado a Alberto Fernández un respaldo, hasta el momento, sin fisuras.

La relación bilateral se mueve en dos horizontes: Biden mira las próximas décadas; Alberto Fernández, los próximos meses. En la reunión bilateral en la Casa Blanca, Biden habló de profundizar la cooperación para el próximo siglo; Alberto Fernández, de un puente “para llegar” al año próximo.

Al respaldo de la Casa Blanca se suma el de Georgieva, a quien la Casa Rosada vio como una aliada desde el vamos. Una máxima parece gobernar el vínculo del Fondo con la Argentina bajo el timón de Georgieva: es mejor tener un programa, incluso si hay que ir corriendo las metas, que ningún programa. Nadie parece querer que la Argentina entre en default, o en “arrears”, tal como se llama a las demoras en los pagos en la jerga del organismo. Entre esa opción y la puerta giratoria de dólares que entran y salen, ha ganado la puerta giratoria.

La continuidad del programa y la flexibilidad del Fondo llevan inevitablemente a la pregunta de cuál es la línea roja, o, dicho de otro modo, dónde está el límite de la buena voluntad que ha mostrado el organismo. A regañadientes, dejando entrever su disconformidad o su rechazo, el Fondo ha tolerado hasta ahora la alquimia contable del Gobierno, cambios en las metas, maniobras como el dólar “soja”, la recompra de deuda en dólares o la moratoria previsional.

Hay espacios donde el Fondo sí ha mostrado una firmeza o una preocupación mucho mayor: el control del gasto, la suba de las tarifas, o las restricciones al Banco Central para intervenir en los dólares paralelos, y, sobre todo, para financiar al Tesoro, una estrategia que termina generando más inflación. La línea roja parece estar ahí. Eso, de todos modos, se sabrá los próximos meses, en la próxima prueba para la flexibilidad del Fondo, y el compromiso del Gobierno con el programa.

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