Más que agregar parches, es hora de una reforma de fondo

Finalmente se publicó la resolución que reglamenta los parámetros de liquidación del impuesto a las ganancias para empleados en relación de dependencia para este año. Luego de analizarla, si se considera un aumento salarial promedio de 25% para todo 2015, se concluye que todos los niveles salariales supuestamente beneficiados van a terminar el año tributando una mayor porción del ingreso neto que lo que lo hicieron durante 2014.

Quiere decir que la reforma propuesta no significaría ninguna pérdida fiscal real para el Estado, sino que, por el contrario, puede estimarse que los ingresos fiscales provenientes del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones del personal en relación de dependencia se incrementarán en términos nominales más que el 25% en que crecerán los sueldos en promedio.

En consecuencia, se está ante una nueva reforma que agrega distorsiones y que genera un aumento de la presión tributaria sobre el bolsillo de los trabajadores, excepto aquellos que hasta agosto de 2013 percibían remuneraciones brutas inferiores a $ 15.000, cualesquiera sean los aumentos obtenidos a partir de esa fecha.

Las distorsiones e incongruencias existentes en el esquema vigente de parámetros de cálculo de Ganancias para personas físicas ameritan la necesidad de abordarlo con seriedad, a efectos de dar una solución definitiva y racional que evite que cada año sea un problema que sume una situación de incertidumbre significativa adicional a las negociaciones salariales, ya de por sí conflictivas dados los niveles inflacionarios existentes.

Las distorsiones actuales, ahora incrementadas, no se solucionan con modificaciones parciales. La esencia de una solución de fondo debiera basarse en los siguientes cambios:

a) La solución debe ser abordada por el Congreso de la Nación, ya que es el poder del Estado que tiene potestad para la fijación de impuestos y de sus alícuotas.

b) La solución debe ser integral, es decir, contemplar tanto la definición de mínimos y deducciones como de los tramos de la escala de cálculo del impuesto.

c) Se tiene que establecer un mecanismo de actualización automática de los parámetros para evitar que cada año deban rediscutirse éstos y se genere la incertidumbre que caracteriza a la situación vigente en los últimos años.

d) Se debe considerar la situación de los trabajadores autónomos, ya que en la actualidad éstos quedan alcanzados por el impuesto a partir de un ingreso mensual neto de $ 5472, y por la alícuota máxima del impuesto (35%) a partir de ingresos netos tan exiguos como $ 12.600 mensuales (en el caso de los solteros) y $ 15.500 (para casados con dos hijos).

e) Se debe unificar el valor de los mínimos y deducciones para todos los trabajadores dependientes y contemplar, como siempre se lo hizo en la legislación, la posible disparidad de cargas de familia de cada trabajador.

f) El incremento de la tasa efectiva debe ser progresivo, evitando saltos bruscos que provoquen situaciones de inequidad entre contribuyentes de similar poder adquisitivo. El objetivo tiene que ser que el incremento de presión tributaria sea gradual y no se alcancen las tasas más elevadas con niveles salariales tan reducidos como sucede en la actualidad.

Dada la situación actual, se cree que no hay margen para más parches y que el próximo gobierno deberá encarar sí o sí una reforma de fondo, siendo el Congreso de la Nación el ámbito donde se defina de manera transparente y explícita cuál es el impuesto a las ganancias que se quiere tener en el país. La imprevisibilidad actual resulta claramente inadmisible.

El autor es director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y asesor de José Manuel de la Sota

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