Más países quieren voz y voto en las fusiones

Por estos días, muchas de las grandes fusiones empresariales no sólo necesitan obtener la aprobación de los reguladores antimonopolio de Estados Unidos y la Unión Europea. Brasil, China e incluso Ucrania forman parte de un creciente grupo de países que también quieren tener voz y voto.

Más de 100 jurisdicciones internacionales ahora reclaman autoridad antimonopolio para examinar acuerdos, adoptando diferentes métodos para evaluar si una fusión podría perjudicar a los consumidores. Algunas también consideran factores adicionales, como el impacto de un acuerdo en el desarrollo económico interno.

La proliferación de reguladores de competencia plantea desafíos para las multinacionales que buscan fusionarse, al aumentar los costos y prolongar los plazos para completar una transacción. Los gigantes cementeros Holcim Ltd. y Lafarge SA podrían tener que esperar un año o más para obtener el visto bueno para su fusión de US$50.000 millones en unas 20 ju-risdicciones. El fabricante de aparatos médicos Medtronic Inc. está solicitando autorización de los reguladores para comprar Covidien PLC por US$43.000 millones en países como China, Corea del Sur, Israel, Japón, Rusia y Turquía.

En algunos casos recientes, las compañías han aceptado hacer concesiones en países en particular para obtener aprobación. Microsoft Corp., por ejemplo, se comprometió a licenciar ciertas patentes a fabricantes de celulares chinos para lograr que Beijing aprobara la compra del negocio de teléfonos móviles de Nokia Corp.

El crecimiento de la regulación internacional sobre las fusiones proviene de un conjunto de factores, entre ellos el deseo de países emergentes de proteger a sus consumidores conforme ingresan a los mercados globales. La supervisión de las fusiones es también una forma que tienen algunas jurisdicciones de obtener tarifas y concesiones de las empresas, dicen observadores. El brazo de competencia de COMESA, una comisión que representa a 19 países del este y sur de África, puede cobrar hasta US$500.000 por someter acuerdos a aprobación, casi el doble de las tarifas más altas en EE.UU.

Las fusiones no necesitan recibir la aprobación de todos los países, pero varias transacciones pendientes ilustran los esfuerzos de las empresas para conseguir el visto bueno de más jurisdicciones alrededor del mundo.

Abogados antimonopolio señalan la adquisición de Nokia por parte de Microsoft como un ejemplo de los posibles desafíos. Las empresas solicitaron autorización en 17 jurisdicciones y les llevó ocho meses completar la operación, pese a que la mayoría de los observadores no veía grandes problemas.

Además de comprometerse a conceder patentes en China, Microsoft encaró obstáculos en Corea del Sur. Las autoridades anti-monopolio buscaron concesiones de propiedad intelectual que iban más allá de los pedidos de China, según fuentes. El gigante tecnológico estadounidense modificó la transacción para excluir una fábrica de Nokia en Corea del Sur y luego cerró el acuerdo en abril, tras decidir que no necesitaba la aprobación de este país. Seúl aún investiga la operación y ambas partes están en conversaciones de conciliación.

Ante la creciente lista de países que quieren jugar un papel en la aprobación de fusiones, uno de los grandes desafíos de las empresas es determinar qué gobiernos pueden reclamar autoridad sobre determinada transacción, una tarea complicada debido a que las directrices varían mucho. "Todas las firmas de abogados importantes tienen una lista, que suele ir de Albania a Zimbabue, y uno tiene que pasar jurisdicción por jurisdicción", dice William Blumenthal de la firma Sidley Austin LLP y ex abogado general de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU.

En una reciente transacción, Blumenthal recibió una llamada a las 5 de la mañana de abogados de empresas que necesitaban confirmar, antes de que se firmara un acuerdo de fusión, si la operación estaría sujeta a una evaluación en Colombia. Resultó que sí.

Stephen Axinn de Axinn, Veltrop & Harkrider LLP recuerda una transacción de miles de millones de dólares en la que las empresas estaban preocupadas por posibles demoras en el caso de que tuviera que ser examinada por Guinea Ecuatorial. Al final, no tuvieron que solicitar permiso en ese país y la operación siguió en marcha.

La cantidad de regímenes antimonopolio "es sorprendente", dice Axinn. "Hace 15 años, no estaríamos teniendo esta conversación. La mayor parte de esto ha ocurrido en los últimos 10 años".

Algunas jurisdicciones han creado reputaciones y dolores de cabeza para las compañías. Uno de esos países es Ucrania, que ha intensificado sus controles en los últimos años. "Son reguladores activos para una jurisdicción relativamente joven", afirma George Paul, un abogado de White & Case LLP quien es coautor de un libro sobre normas de fusiones globales.

Abogados antimonopolio dicen que el proceso de evaluación del país puede ser difícil de transitar y presentar un inconveniente para transacciones que tienen sólo un pequeño vínculo con el comercio ucraniano.

COMESA, que comenzó a operar en 2013 y hasta la fecha ha evaluado 47 fusiones y adquisiciones, también está surgiendo como un controvertido regulador que podría retrasar transacciones con una conexión mínima a la región y debido a sus altas tarifas. George Lipimile, director de la Comisión de Competencia de COMESA, dice que su agencia se propone reducir las tarifas y reconfigurar sus reglas para estar a la par de las "mejores prácticas internacionales".

Pese a que pueden surgir problemas legales al evitar jurisdicciones más pequeñas, las empresas priorizan los mercados emergentes más grandes. China, cuya ley antimonopolio entró en efecto hace seis años, está al tope de la lista. Brasil e India también son focos de atención para las multinacionales. La nueva ley de fusiones brasileña, que comenzó a regir en 2012, no permite que se completen transacciones antes de que los reguladores las aprueben.

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