Más del 55% de la recaudación es por impuestos que nacieron como “temporales”

Esta semana el Gobierno presentó el proyecto para gravar la “renta inesperada” de aquellas compañías que registraron ganancias por más de $1000 millones. En principio, desde el oficialismo aseguran que será por “solo un año”. No obstante, en la Argentina existe una larga de impuestos que también nacieron bajo esa promesa, pero que aún hoy continúan vigentes.

Cuarenta años atrás los impuestos temporales representaban el 10% de la recaudación nacional, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que excluye gravámenes aduaneros y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

Hoy, esa cifra se multiplicó por cinco. Algunos de los tributos que se crearon en carácter de “temporales” fueron Ganancias, Bienes Personales, el impuesto al cheque y, el más reciente de ellos, el impuesto PAIS. Incluso una parte del IVA tenía fecha de vencimiento, algo que no ocurrió. Al sumarlos, da como resultado que representan el 55,2% de la recaudación impositiva nacional.

“En la Argentina reina un escepticismo con respecto a los impuestos que nacen transitorios y se transforman en permanentes. La sociedad está en un punto de inflexión. Se le exige mucho sacrificio fiscal a los contribuyentes, sin ninguna señal de austeridad en el gasto público. Estamos por llegar a la curva de Laffer, que determina que con la creación de nuevos impuestos, no va a subir la recaudación”, consideró César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asoc.

El primer impuesto eterno fue Ganancias. El entonces presidente José Uriburu presentó un decreto-ley bajo el nombre de Impuesto a los Réditos. En principio, fue pensado como un gravamen de emergencia, por lo que se pactó que tendría una vigencia inicial de tres años. “Noventa años después, sigue integrando el sistema tributario argentino. A comienzos de los ‘80, era el único ‘temporal’ de la estructura impositiva general”, indicaron desde la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El segundo impuesto que tenía fecha de caducidad y se quedó para siempre fue el impuesto al cheque, aunque atravesó diversos cambios. En 1983 fue restituido, luego de haberse aplicado de forma temporal por primera vez en 1976, cuando solo alcanzaba los débitos de cuenta corriente. Su vigencia se extendió, hasta que dejó de usarse a mediados de la década de los noventa. Pero regresó en 2001 para quedarse. “De esta manera, las cargas temporales pasaron de representar el 8% de la recaudación impositiva nacional en el regreso de la democracia, al 19% a finales de los ‘80″, agregaron.

La década de los 90 trajo nuevos gravámenes temporales. Por un lado, Bienes Personales, que surgió en 1991 con carácter de emergencia por nueve períodos fiscales. Debería haber vencido en los 2000. Por el otro, en 1995 le sumaron tres puntos porcentuales al IVA, cuya alícuota pasó del 18% al 21% por el período de un año. Es la que rige en la actualidad.

“Otro dato. Para crear el IVA, se derogó lo que en ese entonces se llamaba el impuesto a las actividades lucrativas. No obstante, al poco tiempo de que se creara el nuevo tributo, las provincias volvieron a poner en vigencia el impuesto, pero le rebautizaron en nombre: Ingresos Brutos”, contó Litvin.

De acuerdo con el informe de la entidad cordobesa, en el arranque de los ‘90 los gravámenes temporales representaban 11% de la recaudación. Pero, con la suba de la alícuota del IVA y Bienes Personales en 1999, equivalían a un tercio del global de los ingresos tributarios. Con la vuelta del impuesto al cheque pasaron a ser la mitad y en 2015 tocaron el 54% de la recaudación nacional.

Finalmente, desde que llegó Alberto Fernández a la Presidencia, se implementaron otros dos tributos. El impuesto PAIS, que grava la compra de dólares y otras operaciones en moneda extranjera, por lo que los impuestos temporales pasan a escalar a un 56,5% en 2020. Y el Aporte Solidario y Extraordinario, que se aplicó por única vez, incrementando la cifra a un 55,2% de la recaudación nacional.

“Con esto se demuestra claramente la inconveniencia de estos impuestos temporales, que llegan para quedarse de manera definitiva. Ahora, tenemos la segunda edición del impuesto a la riqueza del año pasado, que sería el tributo a la ‘renta inesperada’. Lo denominaron de esa forma para camuflarlo desde el punto de vista político, pero en definitiva, es un impuesto que ataca a la renta de las grandes empresas”, dijo Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Las críticas al impuesto a la “renta inesperada”

El impuesto a la “renta inesperada” es una sobrealícuota de Ganancias de sociedades de capital, aplicable al ejercicio fiscal 2022. Según detalló el Palacio de Hacienda, se aplicará en aquellas firmas que registren una alza significativa de la ganancia neta imponible en 2022 respecto a 2021. En tales casos, la alícuota será de un 15% extra.

“Las empresas que pagarían ese impuesto, ya están pagando una tasa efectiva de Ganancias del 39,55%. Ahora, si se incorpora un 15% de nueva alícuota, estaríamos en un 55%. Estamos en el umbral de la confiscatoriedad, que es cuando el Estado absorbe una parte sustancial de la renta. Si la empresa gana $100, el Gobierno se queda $55. Es el socio mayoritario, sin contar que la empresa paga otros impuestos nacionales, provinciales y municipales”, explicó Litvin.

Para Cecilia Goldemberg, socia de Andersen Argentina, la excepcionalidad de las ganancias de algunos sectores por factores externos no justifica la creación de una carga adicional para “solventar gastos que son los de siempre, ni para solventar el enorme costo que tiene el Estado en materia de subsidios y de gasto social”.

“No responde a una política en la que se asienten las bases para un crecimiento futuro, inversión en capacidad humana o en infraestructura u otra que nos permita proyectarnos hacia una etapa mejor. Definitivamente, un impuesto extraordinario para cubrir gastos ordinarios, es desalentador para la inversión y en el mediano plazo ya va a jugar en contra”, argumentó.

En ese punto coincidió Tagle, quien remarcó que el proyecto “tiene una serie de contrasentidos”. Principalmente, porque el Gobierno justifica el nuevo tributo con el objetivo de “redistribuir la riqueza en el país”, cuando en realidad este tipo de medidas “desalienta el proceso de generación de riquezas mediante inversiones genuinas, que generen trabajo y disminuya la pobreza”.

“Esto no solamente no va a resolver estos problemas que el Gobierno dice que le preocupa, y por eso toma medidas equivocadas, sino que lo va a agravar. Va a generar retracción de inversiones del sector productivo e incrementa la pobreza y la injusticia social”, cerró.

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