Martín Guzmán “siguió gestionando” el Ministerio de Economía con nueve decisiones oficializadas después de su renuncia

La gestión de Martín Guzmán trascendió temporalmente en los últimos tres días por una sucesión de decisiones que, bajo su firma, recién fueron publicadas en el Boletín Oficial en las 72 horas hábiles posteriores a su renuncia, que fue comunicada por Twitter a las 17:47 del sábado pasado. Pese a que Alberto Fernández aceptó formalmente su declinación al cargo de ministro de Economía el lunes, los tiempos administrativos permiten dar cuenta de los últimos actos que encaró Guzmán.

Entre el lunes y el martes, fueron nueve las decisiones del exministro que entraron en vigencia. Se suman a otras dos, oficializadas 24 horas antes de su renuncia. Una de las más curiosas es la resolución 489/2022, que delega el pago de $56.655.170,76 por mejoras en uno de los edificios dependientes del Palacio de Hacienda, a Silvina Batakis. La contratación de trabajos se hizo a través de una licitación pública para la “adecuación edilicia”, instalación eléctrica y de aires acondicionados para el cuarto y quinto piso del edificio, en Alsina 470.

Funcionarios y planta permanente

A través de la decisión Resolución 505/2022 y 479/2022, designó a 32 personas en la planta permanente. El proceso forma parte de un plan del Gobierno de pasar a 29.000 trabajadores en planta transitoria o contratados temporalmente a la planta estable. Cuatro días antes de renunciar, el exministro habilitó un llamado a concurso interno para cubrir 381 cargos de la planta permanente de Economía, que al final del año pasado tenía unos 2.800 empleados contratados.

En relación con cargos políticos, firmó seis decisiones administrativas para designar, o bien dar continuidad a la designación transitoria, de distintos funcionarios. El lunes, se publicó la aprobación de Guzmán a que continúen en sus cargos por 180 días más, 29 funcionarios del Indec, a cargo de Marco Lavagna y dependiente de su cartera, hasta su renuncia. Lo mismo ocurrió con cuatro decisiones publicadas en la semana previa a su dimisión, que estiraron las contrataciones de seis funcionarios de bajo rango.

Déficit en las empresas públicas

De las 20 decisiones publicadas en los últimos ocho días hábiles -tres de los cuales no lo tuvieron a Guzmán como ministro- 9 se trataron de aprobaciones de planes de acción y presupuesto de distintos entes y empresas. Se trata de: Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Intercargo, Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, Tandanor, Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” y Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba Sociedad Anónima.

Los balances estimados incluidos en los presupuestos aprobados por Martín Guzmán dan cuenta de una pérdida de $114.306.893.716 para el Estado. El déficit, a dólar divisa oficial, es cercano a los US$904.541.376. La única empresa que no espera un desahorro es Tandanor, el astillero naval de propiedad pública -que tiene convenios de compra con organismos estatales-, por una ganancia de $363.095.646.

Un plan que podría no continuar

El primer día de esta semana también se oficializó el llamado “Plan de Acción de Mejora de la Información Presupuestaria”, encarado por Raúl Rigo, exsecretario de Hacienda, uno de los funcionarios que -pese a ser de carrera- renunció detrás de Guzmán. Este proyecto busca “fortalecer la presentación de los informes financieros y de presupuesto de otras entidades del Sector Público Nacional, que incluya información física y financiera de los principales proyectos individuales de inversión, sean estos financiados por transferencias desde la Administración Pública Nacional o por recursos con afectación específica”.

El documento contiene decisiones novedosas. Primero, vertieron la intención de mejorar el “análisis de riesgos fiscales” requiriendo información de organismos públicos. En segundo lugar, se pondría en marcha un plan para generar reportes trimestrales de ejecución presupuestaria de las empresas públicas, cosa que a la fecha no existe. También busca producir esta información respecto a los “atrasos en los pagos” de empresas públicas y fondos fiduciarios, por naturaleza y antigüedad.

Se plasmó una hoja de ruta de objetivos cuya continuidad, frente a la nueva titular, se encuentra en duda. Estos son: “Fortalecer la administración fiscal y presupuestaria”; “mejorar el reporte y el monitoreo de la ejecución y los procesos de evaluación presupuestaria”; “contar con un Plan de Acción para fortalecer la presentación de los informes financieros y de presupuesto de otras entidades del Sector Público Nacional” y “fortalecer la gestión de la liquidez en el Sector Público Nacional”.

Dentro de esta medida, Guzmán y Rigo definieron, como primer eje, una serie de fechas límite para generar una normativa que obligue a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes a reportar información relacionada con la ejecución de transferencias del Tesoro Nacional, con sanciones por incumplimientos.

En la decisión, se previó que en noviembre, deberían terminar un análisis y propuestas de mejoras de los procesos de recopilación de datos e información. Para enero de 2023, un análisis de los sistemas de información. Para el mes siguiente, un plan de difusión y fortalecimiento institucional de áreas involucradas y, para mayo de 2023, definiciones finales y ajustes de cierre.

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