Martín Guzmán ajusta, pero el Club de París tendrá que esperar

Paradójicamente, aquello que minó la relación del ministro Martín Guzmán con el kirchnerismo más duro es el capital más valioso que por estas horas tiene la Argentina para ofrecer en la mesa de negociaciones y sortear un default con el Club de París.

Las conversaciones con el Club por la deuda de US$2400 millones entraron en tiempo de descuento. El lunes, fecha del vencimiento, no habrá pago con reservas internacionales (pese a que, gracias a la “supersoja”, el Banco Central acumuló en mayo divisas por más del 80% de lo que debe). Hasta ayer, de hecho, la Secretaría de Finanzas no había emitido ninguna orden de pago para Hacienda, paso previo formal en todo desembolso; aun en tiempos de dinero electrónico, no darían los tiempos burocráticos para revertir la decisión.

El Gobierno sabe que tiene margen para seguir procrastinando. “No va haber default el lunes”, insisten diversas fuentes del equipo económico. Según las condiciones del crédito con el Club de París, recién a los 60 días de operado el vencimiento el país se considera en default. La idea es usar ese plazo. Aunque en Economía trabajan para poder presentar un anuncio intermedio este fin de semana. “Va a haber noticias. Vamos a comunicar un sendero común con el Club de París para la negociación de este último pago”, deslizan, con cierto optimismo, fuentes que están al tanto de las negociaciones que, sin embargo, reconocen que todavía restaba conseguir el apoyo de algunos de los países acreedores, como Japón. Por estatuto, las decisiones en el Club de París requieren unanimidad, no mayoría.

Pero el ministro Martín Guzmán confía en que los deberes que viene haciendo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) van a rendir sus frutos. El Club de París exige que la Argentina tenga un acuerdo con el FMI, o la constancia de que está avanzando hacia uno, para poder renegociar la deuda que vence ahora.

En silencio -aunque no por fuera del radar del kirchnerismo-, Guzmán viene cumpliendo con un mantra clásico del FMI: un ajuste fiscal. En el primer cuatrimestre del año, el resultado primario arrojó un déficit de 0,2% contra 1,42% de igual periodo de 2020. (Cabe recordar que para abril del año pasado, el Gobierno todavía no había logrado poner en marcha gran parte del paquete de ayuda Covid que luego implementó, y que le insumió más de 1,3% del PBI.)

Pese a la promesa de campaña de “ponerles dinero en el bolsillo de los argentinos”, en un año electoral y en plena pandemia, el peronismo no tuvo empacho en recortar en términos reales el gasto en jubilaciones, planes sociales y salarios. Los números son elocuentes. En el primer cuatrimestre del año, las erogaciones del Estado quedaron en gran parte por detrás de la inflación acumulada, del 46,3% interanual. Así, el gasto en prestaciones sociales, lo que incluye las jubilaciones y los planes sociales, aumentó en un 25,3% en el primer cuatrimestre versus igual periodo de 2020; los salarios del sector público (+27,8%), y las transferencias a provincias (-21,7%). Sólo incrementó en el periodo el gasto en obra pública, y en subsidios económicos (+54,3%). Todo en un momento en el que además registró un importante crecimiento de los ingresos, sobre todo por los mejores precios de las commodities, que ayudaría a paliar en gran medida el mayor gasto en subsidios.

En Economía ven que los números fiscales no serán muy distintos en mayo, cuando además comenzará a contabilizarse el ingreso extraordinario del “impuesto a la riqueza”.

El ajuste fiscal se combina al mismo tiempo con una prudencia monetaria, similar a la de los tiempos del Guido Sandleris en el Banco Central. No habrá habido orden del FMI en este caso de crecimiento cero de la Base Monetaria, pero en la práctica es lo que está sucediendo desde comienzos de año. Según datos del BCRA, la Base Monetaria pasó de $2,42 billones en diciembre pasado, a $2,5 billones en mayo. Si se la hubiera querido mantener constante en términos reales -descontando la inflación- la Base Monetaria debería haber subido en el mismo periodo por lo menos 0,5 billones, bastante más de los 0,08 billones que aumentó.

“Es una ortodoxia asombrosa”, dice el economista Amilcar Collante, que sigue con rigor los números del BCRA. “Tanto Guzmán en parte fiscal, como el BCRA están haciendo ajustes en simultáneo. Lo que refleja los números es que en el Gobierno están preocupados por ese tema”. El principal factor de emisión es hoy el pago de los intereses de la deuda que usa el BCRA para absorber pesos del mercado -las Leliqs-, además de la compra de dólares (operación por la cual entrega pesos). De acuerdo con los datos oficiales, hasta el 20 de mayo, el BCRA emitió por el pago de intereses unos $427.706 millones y $498.596 millones, por la compra de dólares, mientras que para financiar al Tesoro se inyectaron $190.000 millones y cero pesos, en concepto de adelanto de utilidades.

En la segunda parte del año, Collante espera que el ajuste se relaje, en consonancia con el calendario electoral. La presión política no es menor, y en Economía son conscientes de ello. El episodio con las tarifas fue una muestra. Las encuestas dictarán el rumbo en los próximos meses. Al igual que la situación sanitaria. En el equipo económico -la línea Guzmán, no la del kirchnerismo duro- confían en que la llegada masiva de vacunas ayudará a amortiguar las crecientes presiones por paquetes de ayuda para sortear la pandemia. La embajada argentina en Washington está trabajando para intentar destrabar para julio la donación directa de vacunas por parte de la administración de Joe Biden. Incluso se le ofreció a Gayle Smith, la máxima funcionaria en el Departamento de Estado de los EE.UU. en este tema, la posibilidad de que la Argentina se encargue de la logística y traslado de las dosis. La misma funcionaria recibió esta semana el mensaje de la cámara que nuclea a las empresas norteamericanas en el país, Amcham, para que considere a la Argentina receptor de las vacunas contra el Covid que Biden anunció tenía disponibles para donar.

Guzmán habrá perdido la ruidosa batalla de las tarifas, pero viene ganando silenciosamente -por ahora- la batalla por el paquete de asistencia Covid. “Sólo estamos viendo en aplicar ayuda focalizada”, dice un miembro del gabinete económico. Los incrementos de la Tarjeta Alimentar y el REPRO II, entre otros, sumarían en torno a $480.000 millones al gasto, nada comparable con el $1,4 billón del año pasado.

“En la foto de hoy -reconoce una fuente de Economía- estamos más cerca de un déficit del 3% del PBI, como dijo Guzmán hace algunos meses en una reunión ante empresarios, que del 4,5% del presupuesto”. Pero también advierte que es difícil pensar que pueda sostenerse en el tiempo, si el Gobierno continúa con las cuarentenas duras o si empieza a hacer mella la presión del kirchnerismo por una “mejora en los salarios”.

La misma duda tienen los burócratas del FMI, y los accionistas del directorio, que no son muy distintos de los del Club de París. Hoy, pareciera no haber demasiados puntos de desencuentro entre Guzmán y sus interlocutores en el organismo multilateral (incluso afirman que “la parte técnica está avanzada”). El problema es que es que muchos dudan de que la palabra de Guzmán termine siendo la última. O que la del presidente Alberto Fernández lo sea. La proclama firmada por varias decenas de miembros del Frente de Todos en pos de una postergación de los pagos con el FMI y el Club no hizo más que alimentar este temor. Un acuerdo no pasa esta vez sólo por los números: tiene que estar adentro la política.

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