Marchas y contramarchas de la Argentina en la transición de la matriz energética

A diferentes velocidades según el lugar que se mire, el mundo avanza hacia la transición energética, un objetivo que implica un cambio de paradigma para darle protagonismo a las fuentes de recursos renovables. La Argentina asumió su compromiso, en ese sentido, al firmar el Acuerdo de París, la convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016, que es jurídicamente vinculante.

Ese pacto plantea alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el período de 2050 a 2100. Hay varios factores que confluyen para alcanzar la propuesta y analizar la matriz energética es clave. En la Argentina, la mayor parte de la energía consumida depende de la generación mediante combustibles fósiles, y desde 2018 están frenados casi completamente nuevos proyectos de fuentes renovables. Y, si bien el presidente Alberto Fernández ratificó en más de un discurso los compromisos asumidos, lo cierto es que en la práctica hay ciertos ruidos. Por ejemplo, el proyecto de ley votado por Diputados pocos días atrás sobre biocombustibles, va en el sentido contrario a la consecución de la meta.

Según datos del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Ambiente (el último informe es de 2019), 53% de las emisiones corresponde al sector de la energía (39,2% a la generación y 13,8% al transporte) y 37% a la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos del suelo.

Según el último informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, la generación a través de fuentes renovables aumentó 41,7% en mayo de este año respecto de un año atrás y cayó 1,6% en relación con abril. Las subas en el último año fueron en biomasa, energía eólica y solar; mientras que la hidráulica renovable disminuyó 6,3% en los 12 meses contados hasta mayo respecto de los 12 meses previos. El crecimiento de las energías renovables está impulsado principalmente por el sector eólico y por el solar (el primero representó el 73% del total de fuentes renovables en un año). La participación de las energías renovables en los primeros cinco meses de este año fue del 11,5% del total.

Ante la consulta de LA NACION, en una respuesta que eligieron dar por escrito, desde la Secretaría de Energía indicaron que el país “diseña una estrategia propia” para cumplir con los compromisos asumidos, “basada en una mirada que analice el problema desde nuestra propia realidad como punto de partida y en función de nuestros intereses nacionales. La incorporación de fuentes de energía más costosas que las generadas por los recursos a disposición sería inviable social y económicamente”.

Y agregaron que “el plan de acción debe permitir el desarrollo, la explotación y la utilización plena de nuestros recursos más accesibles, no solo para trabajar desde allí la economía vinculada con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también para que el diseño de nuestra matriz energética abarate al máximo los costos de la energía que demanda nuestro desarrollo económico, logrando exportar crecientemente los excedentes y generando flujos positivos de divisas”.

Mientras tanto, en el Congreso avanza la iniciativa del oficialismo sobre biocombustibles –ahora pasó al Senado– que reduce la participación del biodiésel y el etanol elaborado sobre la base de maíz, como componentes del gasoil. Concretamente, se baja el corte de biodiésel del 10% al 5% (y se le da la facultad a la Secretaría de Energía para llevarlo a 3%), mientras que mantiene en 12% la mezcla de bioetanol en la nafta, aunque podría reducirse a 9%.

Jorge Hilbert, especialista en biocombustibles del INTA, explica a LA NACION que la decisión va en contra de las tendencias internacionales y dice que implica un “perder-perder-perder”: se importan más combustibles, se usan más divisas y se contamina más. “El potencial argentino es gigantesco tanto en maíz –de 32 millones de toneladas solo 2,5 millones se industrializan- como en caña de azúcar; en materia de conversión de la flota automotriz y de transporte se podría avanzar mucho”, desliza.

Respecto de los cuestionamientos hechos por fabricantes de autos, que dicen que no se pueden producir “flex” (motor con capacidad de usar los dos combustibles alternadamente), sostiene que las unidades que se importan y las que se exportan a Brasil se emplean tanto allá como en la Argentina sin ningún tipo de cambios. “No hay ningún asidero técnico en ese planteo”, afirma.

Hilbert señala que hay experiencias en marcha de reconversión de flotas. En Rosario, por ejemplo, ocurre con el transporte público, en tanto que en Córdoba se avanza en el mismo sentido. Además, hay empresas privadas, e incluso la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que tienen en marcha programas para testear la viabilidad técnica de combustibles alternativos que lleven a una transformación de la matriz energética del sector. “Hay una fuerte demanda de firmas que quieren descarbonizar sus sistemas de logística y transporte; es el Estado el que va en otro sentido”, resume el especialista.

Por ejemplo, este año se destinarían US$1100 millones a importar gas, mientras que con biometano (biogás obtenido de materiales orgánicos biodegradables) se podría reemplazar el 5% del total. Hilbert apunta que la reducción de emisiones del biogás es mayor al 70% y que “puede haber un saldo negativo”. Explica que tanto el biometano como la bioelectricidad pueden ser combustibles que capturen carbono.

Desde el área de Energía, en el Gobierno evitaron referirse directamente a los cuestionamientos: “El gas natural y sus derivados entre los recursos no renovables, y los biocombustibles entre los renovables, son elementos claramente presentes para la transición energética en nuestro país, en una matriz que ponderará el costo asociado a cada alternativa”, señalaron.

Sobre el proyecto en el Congreso, solo apuntaron que la iniciativa “utiliza la experiencia de funcionamiento de la ley en vigencia, que tiene por objeto desarrollar la actividad, tanto fronteras adentro para sustituir importaciones, como para aprovechar la capacidad productiva para exportar”. E insistieron en que la transición se gestará “con el desarrollo de la tecnología nacional asociada, la utilización plena de nuestras abundantes reservas de recursos naturales y sus potencialidades como materias primas centrales, con el agregado de valor a través de la industrialización de los nuevos combustibles, y multiplicando la creación de puestos de trabajo de calidad”.

Punto de partida

Para avanzar hacia la meta de emisión cero de gases contaminantes, además de producir diferente se debe consumir más eficientemente la energía. Para el exsecretario de Energía e integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Jorge Lapeña, la Argentina parte de un punto “complicado”, porque gran parte de la matriz es fósil: “Estamos haciendo algo desordenado y no suficiente. Hay que embarcar al Estado en una gestión eficiente para cumplir las metas, hay que tener planes e involucramiento e incluso acuerdos políticos que hoy no hay”.

Respecto del plan Renovar que se lanzó en 2016 para alcanzar el 20% de generación de fuentes renovables en 2025, Lapeña entiende que, aun con sus defectos, “es lo mejor que se ha hecho”. Y plantea que el sector crece pero afronta los problemas “propios” de la Argentina, como no contar con estabilidad macro ni con financiamiento. Sobre la iniciativa de biocombustibles, directamente dice que “no tiene ninguna inserción” en la política energética de largo plazo.

En 2019, la firma Deloitte elaboró el documento titulado Hojas de ruta de transición energética en Argentina. Marcos Bazán, socio líder de Asesoría Financiera de Deloitte Marketplace Cono Sur, indica que entre 2017 y 2019 el sector tuvo un impulso importante y, después, comenzó a registrarse una tendencia a la baja. La falta de financiamiento internacional “ralentizó” algunas inversiones. “El tema está en la agenda de todos los sectores, pero su prioridad es tapada por otras cuestiones urgentes; está fragmentado”, sostiene. Y acentúa que se necesitan políticas “consensuadas” y trabajadas de “manera constante”.

Según las fuentes del Gobierno, la actual gestión se encontró con un panorama en el que convivían parques en funcionamiento y “proyectos en ejecución cumpliendo con todos los compromisos y cronogramas de inversión, con proyectos con algún tipo de demoras, pero en marcha, y otros absolutamente paralizados o con grados de ejecución mínimos”. La política, frente a eso, es “ordenar la situación”, evitando que los programas “se convierta en meros negocios de carácter financiero”.

En cuanto a la energía eólica, a nivel mundial representa 36% de la matriz energética. Héctor Pagani, presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, lamenta que en la coyuntura el sector está “parado”. Evalúa que hay 1426 MW de potencia (28 proyectos) ocupando nodos de transmisión “sin resolver” por parte de Energía. “Cuando vino la hecatombe no se pudieron poner en marcha y no salen nuevos proyectos porque las líneas de transmisión están abarrotadas, hay que invertir hacia centros de consumo”, dice y señala que la inversión rondaría los US$5500 millones.

Entre las recomendaciones del documento de Deloitte figuran las siguientes: acelerar la transición energética a una matriz de generación eléctrica libre de emisiones; instrumentar el almacenamiento para potenciar los beneficios y el uso de las energías renovables; propender a la integración energética con países limítrofes; desarrollar una regulación que incentive las inversiones necesarias en las redes; establecer la “eficiencia energética” como política de Estado, y diseñar una estructura tarifaria que represente precios adecuados para impulsar una respuesta activa por parte de la demanda.

Cristian Serricchio, gerente senior de Asesoría Financiera de Deloitte, aporta que todavía los costos de las renovables son altos y que irán bajando a medida que haya expansión. “Hay chances de compensar emisión de gases sin ir de un extremo al otro; se requiere también de un cambio de patrones por parte de los ciudadanos, ya que lo que reduce gases es un mix de cómo interactuamos”. Menciona que se puede “hacer mucho” también en el sector no energético. “La transición también es empleo y aumento del PBI”, resume.

El rol de la actividad primaria

En la actividad agropecuaria en la Argentina, la siembra directa permitió reducir 65% el consumo de combustible, ya que se siembra sobre un rastrojo que captura carbono. Fernando Vilella, director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indica que la huella ambiental se redujo con ese sistema productivo, con más “cultivos de cobertura, trabajo afinado de agricultura de micrositios y diseño innovador de maquinaria”.

Vilella vuelve sobre el concepto de que debe haber un balance entre emisión y captura de gases y, en ese sentido, rechaza que el ganado contamine: “El animal no está en el aire, está puesto en la pradera y el balance es positivo por lo que capturan los pastos. Hacia el año 2010, incluso organismos internacionales, como la FAO, sembraron una sombra sobre la ganadería, pero a los tres años reconfiguraron los datos y redujeron los cálculos de impacto”.

Sobre la iniciativa referida a los biocombustibles, reitera que va en contra de los compromisos internacionales de avanzar en la eliminación de gases contaminantes y de no tomar medidas regresivas: “Es un paso atrás, desde una ley de 15 años que tenía ventajas y algunos puntos a corregir”.

Hilbert aclara que todos los biocombustibles de la Argentina son certificados con el “máximo parámetro”, superando el 70% de reducción de emisiones respecto de los fósiles. Y menciona que el programa brasileño Renova, que pone a competir a los combustibles por su capacidad de reducción de emisiones, es una alternativa “interesante para analizar y estudiar”.

Desde el Ministerio de Ambiente dijeron a LA NACION que se trabaja en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, que establecerá las acciones para cumplir con los compromisos internacionales. Sostuvieron que se avanza en una estrategia “de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo”, orientada a cumplir la neutralidad de carbono en 2050.

Desde el área de Energía, en tanto, sostienen que ante un escenario de “declino creciente” de la producción nacional de gas natural, se instrumentó el Plan Gas.Ar, que “dio previsibilidad, reglas claras y estabilidad, creando las condiciones de competencia, precio y garantía de demanda, que puso en marcha la actividad de las empresas batiendo récords de perforación y fracturas dinamizando las regiones productoras”.

Agregan que para usar ese potencial se debe ampliar el sistema de transporte y que se diseña ahora “un sistema que integre nuevos gasoductos troncales con obras que potencien la actual traza de transporte” y que se analizan fuentes de financiamiento.

También señalan que se está elaborando un proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, en el cual se estudia la inclusión de un capítulo especial para las inversiones en materia de exploración, producción y transporte de gas natural, y su industrialización, y de producción y utilización de GNL.

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