Marchas, contramarchas y sorpresas con las facturas de luz y gas

Antes de que comience el invierno, los usuarios de electricidad y gas natural del AMBA comenzaron a recibir las facturas con los ajustes tarifarios dispuestos en abril y anunciados a base de consumos promedio –como ha sido habitual en todos los gobiernos–, pero que imprevistamente fueron suspendidos en mayo para evitar su impacto en la inflación. Si bien el Ministerio de Economía logró el objetivo de bajar el IPC de mayo a 4,2%, ahora esas facturas pendientes provocan sorpresas desagradables a quienes deben pagarlas. En muchos casos registran incrementos porcentuales de tres o cuatro dígitos con respecto al bimestre anterior y por encima de la inflación acumulada en los últimos doce meses (276%).

Por citar un caso concreto, un usuario residencial (R2) de gas en CABA que en marzo había abonado –en números redondos– la irrisoria suma de $1600 por 175 metros cúbicos consumidos este mes debe pagar $23.000 por igual consumo que en abril. En este aumento, superior a 1300%, pesa más la fuerte suba del cargo fijo (a $10.000 mensuales), equivalente al 43% de la factura, que el mayor precio del consumo de gas ($7900). Pero el componente fijo no se modificará si en mayo hubiera salido de viaje y cerrado la llave de paso.

De hecho, y a diferencia de la electricidad, en el gas natural los nuevos cargos fijos reemplazan desde abril al valor agregado de distribución (VAD) de las empresas, a cambio de compromisos de inversión por US$200 millones en mantenimiento y mejoramiento de la red. Fue una forma de aportarles “caja” a las distribuidoras después de casi cinco años de congelamiento tarifario.

A su vez, el cargo variable por consumo pasó a ser el precio mayorista del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), que, como es fijado estacionalmente, sube en los meses de mayor demanda (mayo a septiembre) y baja en los restantes. Para la mayoría de los usuarios residenciales este componente resulta un galimatías; está expresado en dólares por millón de BTU (unidad de medida) y torna dificultoso estimar su incidencia en las facturas en pesos.

Lo que sí se mantiene invariable (o creciente) desde hace años es el componente de impuestos provinciales y municipales (Ingresos Brutos, tasas, fondos específicos, etc.), sobre los cuales se aplica el 21% de IVA y, en el caso tomado como referencia, completa una carga tributaria de $4000.

Aunque con montos nominales muy superiores, los aumentos de tres y cuatro dígitos en las facturas de luz y gas con respecto a las tarifas virtualmente congeladas desde mediados de 2019 también fueron la característica del ajuste aplicado desde marzo pasado a industrias, comercios, consorcios y usuarios residenciales de ingresos altos (N1), para los que se eliminaron los subsidios estatales.

Sin embargo, todo esto forma parte del pasado reciente. Hace menos de dos semanas, el Gobierno dispuso nuevos cambios en el esquema de tarifas energéticas con el objetivo de recortar los subsidios y sostener el superávit fiscal, que se harán sentir en las facturas de los meses invernales. A través de un decreto (465/24) redujo los topes de consumo mensual subsidiado para los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3) a cambio de bonificaciones de 64% y 55% con respecto al precio mayorista de la energía correspondiente al nivel de ingresos altos (N1), comercios e industrias.

Concretamente, en el caso del gas natural fijó el PIST en US$3,30 por millón de BTU (con un alza de 14,2% respecto de abril) para los consumos del nivel N1. Pero la bonificación de 64% para el N2 se aplicará sobre un consumo base de US$1,2 MBTU (hasta ahora era ilimitado), que en la categoría más baja (R1) equivale a 41 m3, y el excedente se cobrará a US$3,30. Otro tanto ocurrirá con el N3 si excede el consumo base de US$1,5 MBTU. Una resolución del Enargas ya estableció los cuadros tarifarios para las distribuidoras de todo el país. A título ilustrativo, la Secretaría de Energía informó que en junio el valor promedio de las facturas finales para el nivel N1 con un consumo promedio de 149 m3, pasará de $25.756 a $28.142 (9,2%); N3 con 171 m3 de $24.465 a $26.865 (9,8%), y N2, con 159 m3 promedio, de $15.638 a $20.797 (33%).

En el caso de la electricidad, el piso de consumo subsidiado bajó de 400 a 350 kwh por mes para los usuarios N2 (ingresos bajos) y a 250 kwh para los N3 (ingresos medios), excepto para aquellos hogares sin acceso a gas por redes, donde esos cupos serán duplicados hasta fin de agosto.

Los usuarios N1 (ingresos altos, comercios e industrias) pagarán desde junio el precio estacional de la energía eléctrica (PEST) postergado en mayo, que fue fijado entre $56.019 y $59.298/MWh, con un incremento de 29% respecto de abril. Los N3 tendrán una bonificación de casi 56% y los N2, de casi 72%, pero en ambos casos el consumo excedente será valorizado con el precio definido para los N1. Según la información oficial, considerando un consumo residencial promedio de 260 kwh mensuales, el valor de las facturas finales para el segmento N1 aumentará de $24.710 a $30.355 (22,8%); para N3 de $6585 a $16.850 (151,8%), y para N2, de $6295 a $12.545 (99,3%).

No obstante, dadas la complejidad del esquema tarifario y la diversidad de consumos residenciales de gas y electricidad, sería recomendable que las distribuidoras comunicaran a sus usuarios otros rangos de facturación a fin de prevenir nuevas sorpresas desagradables.

Paralelamente, Energía informó que los usuarios que ya solicitaron su inclusión en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no tendrán que volver a inscribirse; aunque una resolución (90/24) indica que aquellos incluidos en la tarifa social entre agosto y septiembre de 2022 deben hacerlo en forma individual en un plazo de 60 días. También invita a los entes reguladores provinciales a adherir y adecuar los circuitos de información al nuevo esquema de subsidios, ya que éstos provienen del Tesoro nacional.

Cambios sobre la marcha

En un trabajo titulado “Lo que falta es gestión”, publicado por Nuevos Papeles en la red X, el especialista Alejandro Einstoss detalla la secuencia de marchas y contramarchas del Gobierno en materia tarifaria.

Tras admitir que el punto de partida de la actual administración fue muy desafiante, con precios y tarifas energéticas que cubrían menos del 10% de los costos, virtual cesación de pagos en el sector, una abultada cuenta de subsidios y un equipo técnico reducido, subraya que el ajuste cambiario de arranque (118%) licuó las ya atrasadas tarifas en pesos que deben pagar costos dolarizados.

Agrega que el Gobierno arrancó con el llamado a audiencias públicas en enero para actualizar los precios mayoristas de gas y electricidad, a través de un esquema que reduciría los subsidios en tres saltos tarifarios mensuales iguales y sucesivos de 33% cada uno, y en tres meses el problema de los subsidios estaría solucionado. “Sin embargo, el 1º de febrero se publicaron las nuevas tarifas eléctricas (primer salto), en marzo no hubo novedades; recién el 1º de abril se publicaron los nuevos precios del gas y ya nadie del equipo de gobierno hablo más ni de los tres meses ni de los tres saltos ni de las audiencias”, explica. Luego, en mayo, el Ministerio de Economía suspendió los aumentos para “consolidar el proceso de desinflación” y los trasladó a junio. Einstoss sintetiza que en 20 días se dio marcha atrás con todos los acuerdos y compromisos tarifarios alcanzados en seis meses.

También señala que “todavía no existe un mecanismo de tarifa social federal, que resulta decisiva para el éxito de cualquier proceso de recomposición de precios relativos en una coyuntura de alta inflación, alta pobreza y salarios reales a la baja”. Y cuestiona la postergada iniciativa oficial de crear una Canasta Básica Energética (CBE) con criterios multidimensionales (ingresos, habitantes por vivienda, consumo, ubicación geográfica, zona bioclimática), “porque implica la implementación de múltiples canastas, quizá tantas como familias residen en el país, mediante un mecanismo de extrema complejidad no solo por el manejo de información, sino por su implementación, que no reconoce antecedentes regionales ni mundiales”.

Por su parte, Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, sostiene que la decisión de introducir un escalón de consumo de 350 kwh por mes, a partir del cual se eliminan los subsidios o la bonificación para los usuarios más vulnerables (N2), puede tener impacto en alrededor de medio millón de hogares del AMBA con facturas de $60.000. También repara en que el RASE no exige que los servicios estén a nombre de su titular, lo cual crea problemas de clasificación y que, salvo en algún estado de Estados Unidos no existen en el mundo cargo fijos equivalentes a 10 dólares por mes en las facturas de gas.

Aunque el RASE fue instrumentado en 2022 por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán con el objetivo de evitar el sesgo “prorricos” de la política kirchnerista de tarifas congeladas y subsidiadas indiscriminadamente, su sucesor Sergio Massa extremó como candidato presidencial esas distorsiones al disparar la inflación a 211% interanual en 2023, la pobreza por encima del 40% y los subsidios estatales al equivalente a 1,5% del PBI. Con esta base, cualquier recuperación de tarifas en términos reales después de casi cinco años de congelamiento implicaba ajustes de tres dígitos superiores a ese piso inflacionario.

Aun así, la cuenta pendiente es que ningún segmento de la población paga el costo total de la energía que consume. Según cálculos de Einstoss, el N1 abona el 78%; el N2, el 22%, y el N3, el 35%. Tampoco resulta sencillo fomentar un uso racional de la energía, cuando en los últimos 21 años hubo 16 con tarifas que no cubrían el costo del servicio.

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