Metrogas. Amenazas, retos y marcha atrás en una interna del Gobierno
LA NACIONSofía Diamante
Un cimbronazo en el sector energético causó el jueves pasado la carta que la distribuidora Metrogas le envió al Enargas avisándole que no podía hacer frente al pago de sus proveedores de gas. No se trató de un hecho inesperado, ya que hace tiempo tanto las distribuidoras como las productoras advierten sobre las consecuencias del congelamiento tarifario en este contexto de alta inflación y devaluación. Pero sí generó ruido el tono de la misiva y que haya sido enviada por una empresa de la cual YPF tiene el 70% de las acciones y, por lo tanto, es controlada indirectamente por el mismo Estado.
La duda que dejó la carta fue si los directivos de YPF sabían de su existencia. Fue firmada por el gerente de Asuntos Regulatorios de Metrogas, Alejandro Gustavo Comuzzi, y no por el presidente, Alejandro Fernández, designado por Sergio Affronti, el CEO de la petrolera.
En general, es muy difícil que Metrogas tome una decisión importante sin consultarle a su mayor accionista, sobre todo si el anuncio también la afecta, ya que YPF es una de las productoras que le vende el gas. El default de Metrogas tiene un impacto económico directo en los ingresos de la petrolera. Pero además, porque hay una línea ejecutiva muy alineada entre la distribuidora y su controlante.
En YPF niegan que Affronti haya tenido algo que ver. Creen que el presidente de Metrogas, un ingeniero en petróleo y técnico de carrera, se equivocó y se dejó llevar por el asesoramiento de asuntos legales y finanzas, sin tener en cuenta el impacto político.
Metrogas cotiza en la bolsa y debe informar cada hecho relevante. Sin embargo, se podría haber enviado el aviso de default sin las críticas al congelamiento tarifario, a la alta inflación y a las medidas regulatorias que impuso el Enargas durante la pandemia, que la terminaron afectando económicamente.
Otros creen que la carta de Metrogas sí fue coordinada con YPF, como crítica al interventor del Enargas, Federico Bernal, por haber puesto reparos al esquema de incentivos a la producción de gas que quiso lanzar la Secretaría de Energía, cuando todavía dependía del Ministerio de Desarrollo Productivo, antes de pasar a la gestión de Economía, y con el cual YPF contaba para mejorar su caja. De hecho, ya habían anticipado de este programa a sus inversores en la última conferencia, tras presentar los resultados financieros del primer semestre.
El sábado, Bernal le respondió a la distribuidora las críticas recibidas y advirtió que se le podría quitar la operación "si la respuesta de las productoras a la declaración de default puede llegar a afectar el servicio público o el control de la licenciataria".
Además, destacó que Metrogas tiene índices de cobrabilidad por arriba del 80% (tras recuperarse de niveles bajísimos por la cuarentena) y comentó sobre "el pésimo manejo de la gestión anterior de la licenciataria, que registró un elevado nivel de endeudamiento en moneda extranjera, lo cual le implicó desembolsos financieros netos por aproximadamente US$200 millones y no le permitió cumplir con sus inversiones obligatorias en el segundo año regulatorio respectivo".
Las productoras de gas, por su parte, representadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) –la cual integran la misma YPF, Pan American Energy (PAE), Chevron, Total, Wintershall, Tecpetrol y CGC, entre otras– se aprestaban a mandarle ayer al ministro Martín Guzmán una carta con reparos sobre el contexto del sector, representado en la situación de Metrogas, pero YPF pidió frenar el envío y esperar un día más.
La petrolera con control estatal se puso en acción para recomponer las relaciones con el ente regulador y le ordenó a su distribuidora que enviara una nueva misiva indicando que hará frente a sus compromisos. También cambiará el foco de las críticas: no serán a la gestión actual de Bernal, sino al gobierno de Mauricio Macri y al endeudamiento en dólares que tuvo la compañía en los últimos años. Lo curioso es que, quién fue director general de Metrogas hasta octubre 2017, Marcelo Nuñez, sigue siendo actual gerente de Gas de YPF.
El borrador de la carta que redactaron en la CEPH, sin embargo, describe una situación que excede a Metrogas, aunque se advierte que a su declaración de cesación de pago podrían imitarla otras distribuidoras. A la fecha, el Estado le debe a las productoras $53.000 millones entre subsidios a la producción y compensaciones por diferencias de cambio. Con este panorama, será difícil diseñar cualquier nuevo programa que incentive la producción de gas, si el Gobierno no ofrece garantías de que pagará.
Con relación a las distribuidoras, desde el comienzo de la cuarentena, cuando se derrumbó la cobrabilidad de las facturas de gas porque no abrían los Pago Fácil y Rapipago, las empresas comenzaron a retrasar los pagos a las productoras. Las distribuidoras explican que sus ingresos provienen exclusivamente de las tarifas, las cuales están congeladas desde abril de 2019. Y que de todos sus costos, dejar de pagarle a las productoras (que no pueden cortar la provisión de gas por tratarse de un servicio público) es el mal menor. Los otros mayores gastos son en operación y mantenimiento y en salarios.
Las petroleras advierten que la falta de pago tiene un impacto directo en la viabilidad del suministro y afecta la normalidad de las inversiones. Además, están cobrando un precio de gas de US$2,5 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), mucho menor a los US$4,5 que recibían previo a los congelamientos, lo cual no genera incentivos para perforar nuevos pozos.
"Está claro que para la industria la situación es insostenible. Hay un problema objetivo con el gas al que hay que buscarle la vuelta. No es solo la financiación de las entregas, sino que hay muchos empleados que no trabajan pero cobran, y sobre todo que no hay un horizonte", dijo con pesimismo un dirigente del sector. Una prueba de ello es que, a 17 días de ser nombrado como nuevo secretario de Energía, Darío Martínez no fue oficializado en el cargo ni nombró a su equipo de trabajo. Desde hace ocho días gestiona desde la provincia de Neuquén.
Por Sofía Diamante
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