Deuda fantasma: borran del presupuesto un pago a petroleras, que estudian hacer juicio

Es una deuda heredada de $29.500 millones de la administración anterior con las empresas productoras de gas, que el Gobierno no sabe cómo resolver. El tema preocupa a la hora de mandar una señal al sector petrolero, sobre todo previo al lanzamiento del Plan Gas, que busca incentivar inversiones para aumentar la producción.

Mientras que una parte del oficialismo quiere avanzar con el pago, otro sector vinculado al Instituto Patria presiona para no reconocerla, ya que la caracteriza como una deuda entre privados, provocada por la brusca devaluación de 2018. En el Ministerio de Economía admiten que "es un tema que hay que resolver". En el sector petrolero piden que el Gobierno "brinde alguna aclaración".

Se trata de la deuda que el gobierno de Mauricio Macri reconoció con el DNU 1053, luego de que le fuera imposible políticamente trasladar a tarifas el mayor costo del gas (un precio pactado en dólares) tras la disparada del tipo de cambio. En ese entonces se decidió que el Estado pagaría en 30 cuotas, aunque la gestión anterior solo canceló una de ellas. A cambio, las empresas petroleras renunciaban al derecho de hacer reclamos en la Justicia.

Con el cambio de Gobierno, la Secretaría de Energía, cuando estaba bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Productivo, se puso en marcha para pagar seis de las cuotas atrasadas, pero cuando ya estaban casi todos los papeles firmados, una denuncia penal a exfuncionarios del macrismo por parte del interventor del Enargas, Federico Bernal, frenó las transferencias.

En el Senado, paralelamente, y por iniciativa de la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, se avanzó con el rechazo del DNU. Para que el decreto se derogara definitivamente, faltaba que ocurriera lo mismo en Diputados.

Este fin de semana sorprendió que, dentro del proyecto del presupuesto 2021, la Cámara baja agregó en Comisión dos artículos: uno en el cual rechazaba el decreto 1053, pero otro en el cual reconocía la deuda a las petroleras y autorizaba al Tesoro a cancelarla, de forma de hacerle un guiño a las productoras.

Sin embargo, la señal positiva duró menos de cuatro días. Al darle media sanción al presupuesto 2021, y con apoyo de los diputados oficialistas, encabezados por Carlos Heller, se decidió eliminar el texto completo del artículo 92, el cual reconocía la deuda, y se dejó sin cambios el 91, el cual rechaza el DNU macrista.

"Queremos saber qué hará el Gobierno ahora para pagar y evitar un posible default energético. La eliminación del artículo generó sorpresa por cómo se hizo, a medianoche y a pedido del diputado José Luis Ramón [de Mendoza, por el espacio Unidad y Equidad Federal], y genera incertidumbre a pocos días de que se reglamente el Plan Gas", dijeron en una de las petroleras afectadas, y agregaron que la derogación del DNU abre la posibilidad a reclamos judiciales. "Esperamos que el Gobierno llame al sector y diga que lo solucionará de otra manera", comentaron.

Lo paradójico de esa deuda es que las más afectadas son las empresas con control estatal, ya que los mayores montos a cancelar son con Ieasa (ex Enarsa) y con YPF, a quienes les deben no menos de $8903 millones y $6795 millones, respectivamente.

Pero también tienen saldos a cobrar Total ($2356 millones); Pan American Energy ($2122 millones); Pampa Energía ($1218 millones); Wintershall ($962 millones); Tecpetrol ($635 millones); Pluspetrol ($476 millones); CGC ($409 millones), y Vista ($34,6 millones), entre otras.

Entre las razones para desconocer la deuda, Bernal explicó en una carta abierta que envió al senador Luis Naidenoff: "Nuestro marco regulatorio no prevé que los usuarios y las usuarias del servicio público deban hacerse cargo vía tarifaria de la devaluación y su impacto en el precio del gas".

Sin embargo, según el decreto 2255, publicado en 1992 –cuando había tipo de cambio fijo–, las diferencias de cambio son trasladables a las tarifas que paga el usuario. La medida que Bernal le critica al exministro de Energía Juan José Aranguren fue haber establecido contratos de gas en dólares en una macroeconomía que era frágil y en la cual no había controles de cambio.

Lo curioso es que en el nuevo Plan Gas, que impulsa el Gobierno, también los precios se pactarán en dólares, como fue históricamente el sector energético.

Esa deuda generada con las productoras de gas, que se estimó en $24.5000 millones en su momento, según el marco regulatorio tendría que haber sido trasladado a tarifa. El gobierno anterior intentó hacerlo en 24 cuotas, pero ante el rechazo que generó la medida, el Estado la absorbió con el DNU 1053. Bernal, por su parte, señala que se trata una deuda entre privados (distribuidoras con productoras) y que el Estado no debería involucrarse.

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