Marcha atrás del kirchnerismo con una polémica modificación a la ley de contrato de trabajo

Tras las críticas empresarias a un proyecto empujado por el kirchnerismo que permitía ampliar los tiempos para hacer juicios laborales a los empleadores, y que prometía tensar más la relación entre el Gobierno y el sector privado, el oficialismo en el Senado -territorio de Cristina Kirchner- decidió dar marcha atrás con la iniciativa que iba a tratarse hoy.

Fuentes de la Cámara Alta confirmaron a LA NACION que el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich había pedido ayer por la mañana a su par José Mayans, jefe de bloque del oficialismo, que no se discutiera el proyecto, que era acompañado además por un legislador de ese espacio (el cordobés Ernesto Martínez), porque buscaban sumarle cambios.

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El proyecto, con dictamen en la Comisión de Trabajo del Senado, ya había llegado a oídos de las entidades empresarias y era foco de mucha preocupación. El kirchnerismo dio a entender que no se tratará la semana que viene (es la sesión de presupuesto) la iniciativa de Daniel Lovera. En el Congreso dicen que podría, incluso, no llegar a tratarse este año. En el oficialismo negaron que se haya consultado la decisión con la vicepresidenta de la Nación.

El proyecto modifica plazos de prescripción de créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral. "El dictamen sustituye el texto del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y la reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo", según explicó la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para la entidad, "la iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo". Un empresario, que prefirió mantener el anonimato, afirmó que la iniciativa era similar a la presentada en 2017 por el abogado y exdiputado Héctor Recalde.

Mayor litigiosidad

"Este proyecto nos preocupa porque va a aumentar la litigiosidad laboral y es otro elemento más para desalentar la generación de empleo en el sector privado. Lo vienen manejando con mucha discreción porque quieren que aparezca debajo del radar. Es otra de las señales contradictorias al sector privado que envía el FDT", agregó el hombre de negocios.

El borrado del proyecto, al que accedió LA NACION, también propone que las acciones laborales indemnizatorias por daños derivados de delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles, aun cuando los mismos hubieran sido perpetrados con anterioridad a la norma.

"La extensión de los plazos de prescripción resulta desacertada en el proyecto de referencia, no sólo porque perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo, sino porque impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo", cerraron en la entidad que conduce Miguel Acevedo.

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