Malhumor entre empresarios: comunicados cajoneados, un problema de gomas y el regreso del temor a los comisarios políticos

El detonante primigenio del conflicto que terminó por espiralizarse fue, sobre todo, un problema de gomas. Hace diez días, la Unión Industrial Argentina (UIA) enhebró -casi escondió- al final de un comunicado de seis extensos puntos una crítica que varios sectores, entre ellos el de los neumáticos, habían expuesto en la reunión de Junta Directiva ese día.

“Otro de los temas que preocupan, tratado durante el encuentro, es el régimen de aprobación de SIMIs para el acceso a insumos importados. El actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes en un contexto de recuperación de la actividad”, afirmaron los industriales para cerrar un largo párrafo. Cuando algunos de los directivos de la UIA repasaron esa declaración esa misma noche se tomaron la cabeza porque comenzaron a anticipar que esa queja generaría rispideces con el Gobierno.

La respuesta llegó a los medios un día después a través de otro comunicado que ya daba vueltas en dependencias oficiales antes de hacerse público. No era del Gobierno, sino de Javier Madanes Quintanilla dueño de FATE (el principal productos de neumáticos del país) y Aluar. “Si bien la falta de divisas puede generar limitaciones puntuales en el acceso a recursos, en el sector de neumáticos no vemos restricciones a nuevos ingresos de insumos productivos, y nos sentimos confiados pese al contexto”, dijo. Esa tarde, la secretaría de Industria que encabeza Ariel Schale también negó faltantes con datos.

El tercer capítulo largó una semana después -mientras cientos de empresas llenaban la casilla de la Cámara de Importadores con quejas sobre las trabas para importar- la Cámara de la Industria del Neumático escribió en una nota enviada a la prensa: “La falta de claridad y previsibilidad en los tiempos de aprobación de las Licencias No Automáticas (LNA), cursadas a través del Sistema de Monitoreo de Importaciones (SIMI), no permiten planificar las importaciones provocando quiebras de inventarios en las redes de reventa que no logran abastecer estos mercados por la falta de productos”.

La publicidad sobre el lío de las gomas -y detrás, el de las trabas a las importaciones- empujó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a Schale a visitar la UIA el martes pasado. Hubo tono de reto de las autoridades a los industriales por las quejas públicas debido a las trabas. Incluso hubo algún señalamiento sobre algunos presentes. “Vos producís lo que lo que él quiere importar”, cuestionó uno de los funcionarios que suele celebrar los actuales “problemas de timing” para importar productos como tensiones de la abundancia, algo que los empresarios deberían celebrar luego de años en los que las industrias sólo cerraban en la Argentina cuando gobernaba Mauricio Macri.

Sin dólares, Kulfas admitió que existe una dinámica a las que las empresas deberán adaptarse, sobre todo cuando la economía comienza a demandar más importaciones. Pero, con el diario del lunes, lo que más llamó la atención empresaria fue que en esa reunión el ministro de Desarrollo Productivo no anticipara nada sobre el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) para controlar precios, ventas y stock de 1000 empresas grandes que entonces presentaba la secretaria de Comercio Interior, subordinada de Kulfas y ex miembro del equipo de Axel Kicillof, Paula Español. El decreto ya estaba firmado y saldría sólo 24 horas después en el Boletín Oficial.

Esa situación enardeció a la cúpula de la UIA, que comenzó el borrador de un duro comunicado. “Nos sorprendimos porque estuvimos con el ministro y no dijo ni una palabra. Es el control, del control, del control. Todos esos datos los tienen. Dudo que sepan y puedan analizarlos. No contarlo más el Sipre aumenta la desconfianza. Ningún país con baja inflación necesita un Sipre, hay confianza entre el sector público y el privado”, explicó un directivo. Pero, tras la crisis de las gomas y la visita de Kulfas por ello, la UIA decidió hablar a través de sus referentes. Las diferencias ideológicas dentro de la organización hicieron que sólo algunos voceros cuestionaran el Sipre en público. El comunicado fue finalmente cajoneado luego de las deliberaciones fabriles. Algo similar ocurrió en Copal, la coordinadora que agrupa a las empresas alimenticias. Esto no implica que el próximo lunes, tras la reunión de comité de la UIA, el tema no vuelva a ser azuzado. La entidad trabaja además en un informe sobre el impacto de la suba de ganancias a sociedades en la industria que verá la luz en poco tiempo.

Cerca de Kulfas afirman que el ministro estaba al tanto del Sipre, pero algunos se atreven a sugerir que se alejó de su presentación. “Lo avala, pero es una medida paulaespañolesca (sic)”, dicen en esos corredores. En las empresas ven con buenos ojos a Kulfas y comienzan a alertarse con los avances de Español. Es una dinámica similar a la que ocurre con Martín Guzmán y Axel Kicillof, un piso más arriba.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia comenzaron a reforzar puentes -siempre están unidos- para ver si se materializa un comunicado conjunto que englobe la suba de la presión fiscal y el mayor control del Estado a las empresas. Mientras, AEA ya mandó una nota a los jefes de bloque de los diferentes partidos en el Congreso. La misma misiva de los dueños de las empresas más importantes alega que el país tiene “una de las tasas de presión impositiva sobre el sector formal más altas del mundo” y pide diseñar políticas para “ir reduciendo dicha elevada carga tributaria”.

“Lamentablemente, la propuesta de modificar la ley de Impuesto a las Ganancias de modo que la alícuota mayor para las sociedades pase del 25% previsto sobre las utilidades reinvertidas al 35%, representa una decisión que va a contramano de lo expresado. Su aplicación, por lo tanto, implicará un desestímulo a la actividad empresaria y a la generación de empleo”, indicó AEA, que agregó que los cambios que introduce la ley “modificarán negativamente las expectativas con la que operan los agentes económicos y desestimularán futuras inversiones”. Es una crítica similar a la que ya había hecho públicamente la Cámara de Comercio (CAC), y que llevó horas atrás al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El enojo crece en el sector privado donde, como siempre, pisan con cautela. Allí se popularizó un leit motiv que volvió a materializarse tras los cambios en el Ministerio de Justicia: toda ficha que se le cae a Alberto le queda a Cristina. Por eso, las críticas se atenúan en las entidades empresarias; se sostiene a “los racionales”. Los moderados además se buscan en el pasado. Esta semana volaba entre los whatsapp de los empresarios un trabajo recién salido del horno de Jorge Remes Lenicov. Sus consideraciones preliminares ilustran su pesimismo y el que reina entre quienes toman decisiones de inversión y empleo en la Argentina. Las tituló: “El fracaso económico y social de nuestra democracia”.

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