“Mala política”: la dura crítica de The Economist al manejo de los subsidios

Desde hace un mes manifestantes en Panamá han bloqueado rutas, provocando escasez de alimentos y medicina en un país que en las últimas tres décadas ha disfrutado de estabilidad social y política y un crecimiento económico sostenido. Su blanco es el precio del combustible, que aumentó casi la mitad en los primeros seis meses de este año. El sacudido gobierno del presidente Laurentino Cortizo cedió, acordando bajar el precio del petróleo de US$520 a US$3,25 el galón. Pero las protestas continuaron, con los sindicatos exigiendo otros controles de precios para bajar el costo de vida.

Panamá está lejos de ser un caso único. Con el costo del petróleo por las nubes desde la invasión rusa a Ucrania en febrero, y con los precios en general en alza, una sucesión de gobiernos en toda América latina han introducido o incrementado subsidios sobre el combustible para calmar a los manifestantes o prevenir la protesta. Para terminar casi tres semanas de desórdenes en las que murieron siete personas el mes pasado, el presidente pro mercado de Ecuador, Guillermo Lasso, otorgó subsidios sobre combustibles y fertilizantes. Estos subsidios equivalen a alrededor del 0,8% del PBI, según cálculos del banco J.P. Morgan.

El presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, quien busca un segundo período en las elecciones a realizarse en octubre, ha estado presionando al gigante petrolero estatal Petrobras para que baje los precios. El 27 de julio la compañía dijo que revisaría su política de precios. En México, los precios del petróleo están un 35% por debajo del nivel al que estarían, dado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha gastado parte de los mayores ingresos petroleros en un subsidio igual al 1% del PBI.

Cuando se iniciaron protestas en Perú en abril, el gobierno eliminó un impuesto al combustible y anunció reducciones de otros impuestos, totalizando quizás 0,9% del PBI. En la República Dominicana, este mes el gobierno suspendió un plan para bajar los subsidios a la electricidad. Tanto Chile como Colombia han aumentado fondos de estabilización que aplanan el alza de los precios del combustible. En la Argentina un acuerdo con el FMI, que involucra recortar subsidios a la energía, le costó a Martín Guzmán su puesto de ministro de Economía el 2 de julio.

No es difícil ver por qué los gobiernos son tan sensibles al precio de los combustibles. América Latina es una región de largas distancias en la que los caminos son fundamentales en el traslado de bienes y personas. En Venezuela en 1989 una decisión abrupta de Carlos Andrés Pérez, poco después de su fastuosa inauguración como presidente, de aumentar al doble el precio de la nafta provocó días de disturbios que costaron alrededor de 400 vidas. Estos eventos desacreditaron a la democracia venezolana y abrieron el camino para Hugo Chaves, un hombre fuerte populista elegido una década más tarde. Cuando Brasil comenzó a eliminar los subsidios al combustible, una huelga de camioneros que duró 15 días en 2018 paralizó al país y ayudó a Bolsonaro, que le dio su apoyo, a ganar las elecciones ese año. En Ecuador el predecesor de Lasso, Lenín Moreno, casi fue derribado por una insurrección de grupos indígenas e izquierdistas contra un recorte de subsidios al combustible en 2019.

Si bien los subsidios al combustible en todas sus variantes pueden ser buenos políticamente, son una mala política. Dado que la gente que está en mejor situación consume más nafta que los pobres, esto no hace nada para reducir la desigualdad. Y van en contra del compromiso de la región de reducir el uso de combustibles fósiles para combatir el cambio climático. Sería mejor reducir el impacto de la inflación dando subsidios dirigidos a los ciudadanos más pobres, pero estos no tienen el impacto político de bajar los precios.

A muchos gobiernos les resultará difícil sostener a los subsidios más elevados a los combustibles por mucho tiempo. Si bien ayudan con la inflación, aumentan los déficit. La recuperación de América Latina de la baja de la pandemia fue más fuerte de lo que muchos esperaban, en parte debido a los precios más elevados de sus exportaciones de petróleo, metales y alimentos. El FMI esta semana elevó su pronóstico de crecimiento para la región de 2,5% a 3%. Pero la situación se está poniendo más difícil: el fondo reduce su proyección para el próximo año por un monto similar, al 2%. La inflación despegó en la región el año pasado, lo que llevó a los bancos centrales a elevar las tasas de interés. Al ofrecer los gobiernos ayuda durante la pandemia, la deuda pública subió de un promedio del 58% del PBI en 2019 al 72% el año pasado, según el Banco Interamericano de desarrollo. La subida de las tasas de interés significa que el servicio de la deuda es más caro.

Las preocupaciones fiscales están “saliendo a la superficie nuevamente y se pondrán peor en la segunda mitad de este año”, dijo William Jackson de la consultora Capital Economics. Aparte de los de la Argentina y quizás Ecuador, los gobiernos no enfrentan a problemas inmediatos de financiación, agregó. “Pero en algún punto la región tendrá que realizar un ajuste fiscal”. Los líderes políticos tendrán la esperanza de que para entonces los precios del petróleo estén cayendo nuevamente.

Traducción de Gabriel Zadunaisky

The Economist

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