Maduro ahora puede gobernar por decreto
CARACAS—Los legisladores de Venezuela otorgaron al presidente Nicolás Maduro facultades extraordinarias para promulgar leyes sin la aprobación parlamentaria durante un período de 12 meses con el fin de impulsar sus controvertidas medidas para reactivar la economía, eliminar la corrupción y controlar la inflación.
El líder venezolano dijo que planea utilizar la llamada Ley Habilitante para promulgar dos leyes tan pronto como esta semana.
Una de ellas crearía un nuevo ente estatal encargado de supervisar los controles de divisas en un esfuerzo por aumentar las importaciones y aliviar la escasez de productos básicos. La otra limitaría los márgenes de ganancias de las empresas a entre 15% y 30% y es parte de una ofensiva para controlar los precios y proteger a los consumidores de lo que Maduro califica como especuladores.
Los detractores del presidente dijeron que la ley trata de distraer al público de los problemas que el gobierno se ha auto infli-gido y que Maduro utilizaría sus nuevos poderes para atacar a la oposición. Otros observadores indicaron que el mandatario estaba tratando de fortalecer su posición de cara a las elecciones municipales de diciembre, que son consideradas como el primer gran indicador de su popularidad.
"Queremos advertir que la verdadera intención de la solicitud de una Ley Habilitante ha sido la de hacer creer que el gobierno de Nicolás Maduro no es el principal responsable de los problemas económicos y sociales que están sufriendo los venezolanos", dijo la Mesa de la Unidad Democrática, una coalición de partidos políticos de oposición en un comunicado di-vulgado el martes.
Los presidentes de Venezuela pueden solicitar la Ley Habilitante en caso de una emergencia nacional. El predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez, dictó más de 200 decretos bajo esta ley durante sus 14 años en el poder.
El Parlamento actual, dominado por el Partido Socialista Unido al que pertenece Maduro, le había dado un primer visto bueno la semana pasada a la solicitud y la aprobó el martes después de un acalorado debate con la oposición.
El presidente venezolano ha insistido en que necesita las facultades extraordinarias para combatir una "guerra económica" contra Venezuela a la que responsabiliza de agravar la escasez de productos básicos en las tiendas y una inflación galopante que superó 50% en los 12 meses a octubre de este año.
Maduro, haciéndose eco de la dura retórica de Chávez, también culpa a una supuesta conspiración entre Estados Unidos, el sector privado de Venezuela y la oposición política por la falta de dólares en una economía que depende en gran medida de las importaciones. Esto ha arrastrado al bolívar a mínimos históricos contra el dólar en el mercado negro. La economía se expandió un magro 1,6% en el primer semestre luego de crecer 5,6% en 2012.
Maduro ordenó este mes a algunas tiendas de electrodomésticos que redujeran sus precios a la mitad y desplegó a los militares para supervisar las operaciones de una de estas cadenas. El presidente ha prometido que los siguientes blancos serán los negocios que venden textiles, juguetes, calzado, autos, alimentos y artículos de ferretería. La semana pasada, empezaron a formarse largas colas delante de algunas tiendas en anticipación a más descuentos ordenados por el gobierno.
"Bajamos los precios de los productos, que los tenían inflados indebidamente, y los vamos a seguir bajando", dijo Maduro en un discurso que fue transmitido por la radio y televisión el lunes por la noche.
El frenesí de compras que se desató a continuación resultó en al menos 39 incidentes de violencia y pillaje, según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, una organización local sin fines de lucro.
Conatel, la agencia que regula las telecomunicaciones del país, anunció el martes que envió una carta a la sede de Twitter, en San Francisco, solicitando que la red social cancele cuentas que publican el tipo de cambio del bolívar en el mercado negro. Twitter no respondió inmediatamente a un pedido de comentario para este artículo.
Conatel también cerró, bajo órdenes del presidente, 50 sitios web que distribuían la tasa de cambio clandestina e inició un proceso administrativo contra varios proveedores de Internet.
Por Ezequiel Minaya
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