Luz y gas: el Gobierno promete que no violará el secreto fiscal con la segmentación tarifaria
La semana próxima hay audiencias públicas para definir los aumentos de gas y electricidad de junio
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LA NACIONSofía Diamante
Cuando faltan pocos días para las audiencias públicas en las que se tratarán los aumentos tarifarios de gas y electricidad, hay varias dudas que surgen entre los analistas del sector, las empresas y los mismos usuarios. Uno de los mayores interrogantes es cómo harán los entes reguladores para cruzar los datos de ingresos de los clientes con sus números de medidores para determinar si se les quitará el subsidio.
El informe técnico que publicó la Secretaría de Energía indicó que comenzarán a pagar la tarifa plena de gas y luz aquellas personas que, entre otros criterios, tengan ingresos superiores al equivalente a 3,5 canastas básicas totales; es decir, $314.000 a marzo, según los últimos datos publicados. Para ello, el Ministerio de Economía utilizará la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que se nutre con información de la Anses.
En el Gobierno admiten que esa base es incompleta, ya que solo tiene en cuenta los ingresos formales, pero señalan que es un primer paso para comenzar con la segmentación. Para complementar los criterios socioeconómicos, se van a utilizar parámetros patrimoniales (cantidad de vehículos y de inmuebles, y si se tienen aviones o embarcaciones de lujo) e información geográfica, basada en los polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
“Hay países que han segmentado solo en términos geográficos, pero porque los grupos poblacionales están muy marcados: los ricos viven todos juntos y los pobres también. Eso no es replicable en la Argentina; en el interior están todos juntos, es imposible aplicar un método de orden geográfico. Solo se puede hacer en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde hay mayor grado de homogeneidad y más concentración poblacional. Por eso es necesario trabajar con algún criterio socioeconómico”, explicaron fuentes oficiales en reserva.
Además, señalaron, las empresas distribuidoras Edenor y Edesur, que operan en el AMBA, tienen más información de los usuarios que las cooperativas eléctricas del interior para cruzar datos.
En el Gobierno indicaron que al utilizar la base de datos del Sintys no se violan el secreto fiscal o bancario, ya que se utiliza información pública. Si el usuario al que se le quita el subsidio quiere pedir una reconsideración, en el formulario que se pondrá a disposición deberá firmar una declaración jurada en la cual habilita al Estado a acceder a los datos de la AFIP para analizar su situación.
Otra base de datos que se empleará será la del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Esta información servirá para detectar los barrios cerrados con mayor capacidad de pago, según explicaron las fuentes oficiales. También aclararon que la información que se obtenga con el Censo no se podrá utilizar.
Si bien se teme que pueda ocurrir, como en los anteriores aumentos tarifarios, que los usuarios cambien la titularidad del servicio a personas jubiladas o a aquellas que reciban subsidios, en el Gobierno aclararon que solo se podrá tener una factura con tarifa social para limitar esta práctica.
Por otro lado, dijeron que en los últimos años la Anses ha constituido información de la composición de los hogares para alcanzar también a las personas que cambian la titularidad de un servicio a un familiar que no tiene poco patrimonio a su nombre.
Las dudas sobre la segmentación de tarifas igual seguirán durante las próximas semanas, ya que hay varias áreas del Gobierno involucradas en su implementación. Esto incluye a la Secretaría de Energía, que depende de Darío Martínez; el Ente Nacional Regulador del gas (Enargas), intervenido por Federico Bernal, y el ENRE, intervenido por Soledad Manín, quien responde a su vez a Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica.
Tampoco hay certezas todavía sobre cuánto será el aumento tarifario para el 10% de la población con mayor capacidad de pago de la sociedad ni cuánto ahorrará el Tesoro en subsidios a la energía con los incrementos del costo de los servicios. A partir de junio, cuando se implementen las recomposiciones tarifarias, se espera tener más información.
Por Sofía Diamante
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