Luis Caputo manejará desde hoy todos los fondos fiduciarios cuestionados por el Gobierno
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo le otorgó el control al Ministerio de Economía de aquellos integrados “plena o parcialmente” por bienes y/o fondos del estado nacional
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LA NACION
Tal y cómo se había adelantado, el Gobierno decidió otorgarle el control de todos los fondos fiduciarios integrados por bienes del Estado al Ministerio de Economía de Luis Caputo que desde ahora regirá como fiduciante, en nombre del estado nacional de aquellos fideicomisos que fueron cuestionados desde el Ejecutivo y que significan el manejo de cuantiosas sumas de dinero en un contexto de extremo ajuste fiscal.
La decisión estaba al caer, según había informado LA NACION. Solo faltaba la firma del presidente Javier Milei y su posterior publicación en el Boletín Oficial que llegó en la medianoche del lunes a través del decreto 215/2024.
El mismo estableció lo siguiente en su artículo 1°: “Designase al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”. Esto se traduce en que los fondos que hasta ahora estaban bajo la administración, principalmente de los bancos BICE y Nación, a través de su vinculada, Nación Fideicomisos, pasan a ser administrados por Economía.
En tanto aclara en el segundo apartado que “en los casos en los que el Congreso haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del Ministerio de Economía, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio”.
Además, se insta al propio Ministerio a realizar, dentro del plazo de 60 días, una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado, con el objetivo de discriminar entre aquellos fondos fiduciarios que tienen o no tienen bienes estatales en su haber.
“La idea es revisarlos, analizar las irregularidades, pedir actualizaciones de las auditorias a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), para determinar el camino a seguir e ir cerrando los fideicomisos que corresponda, que van a ser casi todos. Algunos no pueden ser cerrados por decreto, sino por ley; en esos casos demoraremos un poco más, pero lo que vamos a hacer es intervenirlos”, explicaron fuentes oficiales.
Desde el Gobierno plantean que en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios existentes en la Argentina, contemplados en el Presupuesto 2023 [el cual fue extendido por el Ejecutivo para 2024] hay números que no cierran, que no son del todo transparentes y que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, aproximadamente dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Tras el rechazo del apartado dedicado a los fondos fiduciarios que se intentó legislar en el Congreso en la Cámara de Diputados [el llamado artículo N°4] la Casa Rosada pretendía conseguir que el Presiente pudiera disponer de esos fondos de manera discrecional sin necesidad de autorización del Poder Legislativo. En específico: “Transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos”. Esto fue rechazado y la sesión se levantó.
La nueva medida dispuesta por el Ejecutivo con la firma del Presidente, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca llevar a cabo, en parte, esa idea en los casi 50 fideicomisos que parecen surgir ahora de la auditoría realizada por el Gobierno, de fondos que no necesariamente están circunscriptos al presupuesto nacional.
En sus considerandos se aclara que se decidió continuar con esta iniciativa luego de los resultados del Informe de Entrega y Recepción elaborado por la Sigen en donde se advirtió sobre las debilidades de los procesos de rendición de cuenta de los mismos y por lo tanto, la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones.
Además, el informe observó la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario; las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros puntos.
LA NACION
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