Vacunas. ¿Cuánto cuesta cada una? Pagos millonarios, una conducta inusual y números que encienden polémicas
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Las necesidades del Gobierno en un contexto de alta demanda mundial de vacunas para Covid-19 y problemas con proveedores lo llevaron a poner en marcha un plan de acción distinto a los parámetros habituales de la administración pública. Así surge de los resultados que obtuvo LA NACIÓN al cruzar la información de expedientes públicos, las fechas de arribo de vuelos, el giro de fondos al exterior, las consultas a fuentes involucradas en la logística de los inmunizantes para esta pandemia y datos que aportó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su última rendición de cuentas al Congreso.
El 9 de octubre pasado el país le giró US$3,628 millones a la Alianza Gavi -donde están representados los productores de vacunas- a un tipo de cambio de $76,05 (cotización vendedora del Banco Nación) a modo de anticipo para cerrar la compra de 907.000 dosis a través del fondo internacional Covax.
Fue el primer pago por vacunas, que resulta paradigmático para lo que vino después: el giro se registró el mismo día del vencimiento, una conducta inusual que se repetirá en las siguientes 37 transacciones, hasta el 7 de mayo pasado, cuando empezaron a llegar dosis como para reactivar la campaña de vacunación.
Pagador ejemplar
En otros términos, la Argentina cumplió casi de manera ejemplar con los desembolsos por vacunas contra Covid-19, dado que en ningún caso superó las 72 horas de demora en sus transferencias a tres farmacéuticas y al sistema internacional Covax. Sin embargo, el 63% de las vacunas no llegó a suelo argentino en el tiempo pactado en los contratos, de acuerdo con las actas de arribo de dosis publicadas por el Ministerio de Salud.
El Estado argentino tiene una larga tradición de demora en los pagos, algo que entorpece su capacidad de contratación. Uno de los últimos casos polémicos tuvo que ver con la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la pandemia, en abril del año pasado. La cartera de Daniel Arroyo había aceptado precios hasta 50% por encima de los valores máximos autorizados por la Casa Rosada. La explicación de los precios tuvo que ver, entre otras cosas, con las demoras en los pagos del sector público.
La política de las vacunas desconoce de cepos cambiarios, dificultades en el giro de divisas o trabas a la importación, males que acecharon a la última gestión de Cristina Kirchner, se repiten en la administración de Alberto Fernández y derraman sobre la industria y el comercio.
Hasta mayo pasado, se habían abonado US$208 millones, que equivalían a 26.968.596 dosis, de las que se recibieron 12.355.850 hasta fin de abril. Dicho de otra manera: el Gobierno ya había pagado por 14,6 millones de dosis que no tenía.
Por cada dosis de las vacunas que se están usando en el país y sin tener en cuenta costos adicionales, se abonó US$4 en el caso de AstraZeneca Covishield, US$9,95 en el de Sputnik V y US$20 en el de Sinopharm, mientras que se firmó contrato con CanSino a US$17 la monodosis y hay negociaciones por dosis de Pfizer (US$10-19,5), Janssen-Johnson & Johnson (US$8,5-10) y Moderna (US$15-30).
Si se tienen en cuenta los costos adicionales de logística y traslado para las dosis que se aplican en el país, se pagó US$4,15 cada dosis de AstraZeneca traída de los Países Bajos, US$4,05 la dosis de su versión producida en India, US$11 la Sputnik y US$20,77 la dosis de Sinopharm.
Ahora bien, romper los acuerdos es la regla en la provisión de vacunas. LA NACION revisó las actas de arribo disponibles hasta mayo pasado. De allí surge que casi dos de cada tres vacunas que llegaron al país lo hicieron fuera del plazo acordado originalmente.
Operación Moscú
Las últimas cifras confrontadas por LA NACION reavivan una vieja polémica por la logística.
Aerolíneas Argentinas hizo hasta mayo pasado 24 viajes a Rusia para traer dosis de Sputnik V. El primero fue el último 23 de diciembre, que rebautizó al trayecto como “Operación Moscú”. La denominación está en línea con la épica oficialista que se construyó alrededor del plan de vacunación “más grande de la historia”, según definen.
Sin embargo, las cifras le restan brillo a los aviones. Cada vuelo de la línea aérea de bandera a Rusia costó, en promedio, US$299.000 (a eso se le suma el trabajo logístico en los aeropuertos, que en esos casos prestó DHL, con lo cual la cifra se estira en no menos de US$111.000), mientras que los viajes a China salieron US$428.000.
En cambio, Hellmann Worldwide Logistics, una empresa internacional, recibió US$28.754,31 por traer vacunas de India y otros US$31.709 por un viaje desde Países Bajos.
Los números no son directamente comparables entre sí por diversos motivos. En primer término, las distancias son distintas (desde Buenos Aires hay unos 11.437 kilómetros hasta Amsterdam, 13.476 hasta la capital rusa y 13.640 hasta India).
Tanto la empresa como el Gobierno, además, suelen aclarar que la compañía le prestó al Ministerio de Salud un servicio a medida como ninguna otra compañía privada podría dar, y fueron a buscar vacunas a destinos con una oferta logística más escasa y menos competitiva, lo que no se aplica a India, una potencia en la producción anual de vacunas para los programas nacionales de inmunizaciones de más de un centenar de países.
En la práctica, de todas formas, el sector privado cobró significativamente menos del Estado que la firma pública que recibe subsidios millonarios.
Los proveedores
Los desembolsos comenzaron a principios de octubre pasado con el anticipo para reservar 9 millones de dosis a través del sistema internacional Covax de la vacuna de AstraZeneca y su versión producida en el Serum Institute de India, Covishield. Fueron US$3.628.000 por 907.000 unidades.
En noviembre arrancaron los pagos directos a AstraZeneca, que desembarcó en la comercialización de vacunas con la pandemia. Para el 10 de mayo, ya se habían desembolsado el valor equivalente a 15.981.905 dosis: US$ 63.927.620,8, de acuerdo con las cuentas oficiales. Para entonces, habían llegado apenas 2.320.000 dosis de AstraZeneca/Covishield, incluidas las recibidas por el fondo Covax.
El contrato firmado con AstraZeneca a principios de noviembre pasado, y por fuera de lo reservado a Covax, preveía la entrega de 22,4 millones de dosis de la versión “de producción nacional” a cargo de los laboratorios mAbxience (Grupo Insud) y Liomont, de México. La primera entrega de ese contrato, según se informó oficialmente, fue por 843.600 dosis y llegó al aeropuerto de Ezeiza recién el 24 de mayo. El origen no era México, sino Estados Unidos.
Hasta el momento, de ese contrato, la compañía entregó 7.057.900 de dosis, menos de un tercio del total comprometido. Ante la Justicia federal, que investiga si se cometieron delitos contra la administración pública, Vizzotti declaró por escrito como testigo: a la vez que admitió que no se cumplió el cronograma pactado, justificó que la empresa no caería en un incumplimiento si entregaba dosis antes del 30 de junio.
El ejemplo anterior le pone números a una polémica que sobrevuela la discusión por las vacunas: como en casi ningún otro caso, la Argentina cumplió de manera ejemplar con su parte del trato, no así la mayoría de sus contrapartes, contra las que el Gobierno prefiere no formalizar sus reclamos en los términos contractuales.
También con la empresa rusa que comercializa la vacuna Sputnik V el Gobierno tuvo un comportamiento ejemplar como comprador. En promedio, en estos meses, no se demoró más de 48 horas en transferir los fondos, a pesar del incumplimiento reiterado en las entregas, algo que el Ministerio de Salud aceptó al firmar el contrato de compra.
Todos los desembolsos por US$9,95 la dosis -la vacunación con Sputnik V incluye dos dosis- se vienen haciendo a nombre de la sociedad de responsabilidad limitada Human Vaccines.
Los US$60.492.923,5 iniciales para vacunar con dos dosis a poco más de tres millones de argentinos -de un primer contrato para inmunizar a 10 millones- se abonaron en 26 transferencias a partir del 5 de enero.
Pero al momento de completarse el pago, la compañía manejada por el Fondo Ruso de Inversión Directa no sólo adeudaba 43.970 unidades, sino que el 80% de las partidas entregadas eran de primera dosis, algo que el Gobierno terminó presentando como de mutuo acuerdo para poder vacunar a más población con por lo menos una dosis.
La salida oficial a ese desequilibrio en la entrega de ambas dosis fue ampliar el contrato de 10 a 20 millones de esquemas de Sputnik V, aunque el Ministerio de Salud no termina de confirmar si la decisión incluye o no las entregas a cargo del socio local de Human Vaccines LLC -Laboratorios Richmond- y qué componentes incluirá en el corto plazo.
Pero a pesar de que ambas partes ya conocían los problemas de producción iniciales, los pagos sin dilaciones arrancaron con una factura por US$450.000 del 21 de diciembre en concepto de “compensación de gastos adicionales por transporte de la vacuna contra Covid-19”. Fue tres días antes de que arribaran las primeras 300.000 dosis en el vuelo que le dio origen a la saga “Operación Moscú”.
Con China, fue la excepción. El Estado argentino alcanzó un desempeño perfecto en los vencimientos, ya que no superó nunca la fecha establecida en las facturas por las vacunas de Sinopharm. Abonó US$80 millones en dos pagos en febrero y marzo. A la vez, recibió los 4 millones de dosis abonadas. El Ministerio de Salud anunció hace una semana que firmó un nuevo contrato por otros 24 millones de dosis a partir de este mes.
Quién paga la cuenta
El manejo de los fondos públicos para enfrentar la pandemia muestra una planificación precaria de las cuentas nacionales.
El presupuesto votado por el Congreso para este año le otorgaba al Ministerio de Salud casi $13.700 millones para comprar vacunas, pagar la logística y enfrentar tratamientos terapéuticos. Ese número parece insignificante con respecto a los casi $97.000 millones disponibles a mediados de junio.
Es un monto siete veces más que el original y llegó a la cartera de Salud a través de modificaciones presupuestarias dispuestas por el jefe de Gabinete un mecanismo válido para reasignar partidas, pero también polémico porque contempla un alto grado de discrecionalidad al momento de orientar fondos.
Si bien los pagos de las vacunas se hacen con fondos del Tesoro, según los registros que vio LA NACION, es probable que este año el Gobierno tenga ayuda extra para enfrentar esas erogaciones.
La pandemia parece haber dejado atrás asperezas. El Frente de Todos hizo campaña para que Gustavo Béliz presidiera el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuestionó al electo Mauricio Claver-Carone, identificado con la gestión de Donald Trump. Más aún: los legisladores que rodean a Cristina Kirchner lo mencionan en una denuncia contra el FMI por el préstamo que ese organismo le dio a la Argentina en la presidencia de Mauricio Macri.
Esas diferencias no impiden que el Ministerio de Salud tenga en marcha una negociación con el BID para recibir fondos adicionales por US$470 millones para comprar vacunas y atender la pandemia. Dicho en otros términos: el enemigo de la Argentina podría facilitarle más del doble de todo lo que puso el Estado hasta ahora en la compra de inoculantes.
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