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Los tickets tendrán un 17% de descuento
Otros más: el Gobierno fijó topes para las exenciones que tenían otros beneficios sociales como servicios de comedor cobertura médica y capacitación; los vales serán parte del salario.
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El Gobierno confirmó ayer la incorporación de los vales para alimentos al salario de quienes percibían este beneficio y ratificó también que estarán sujetos a los mismos aportes y contribuciones que empleados y empresas efectúan al sistema de seguridad social.
Las empresas pagarán los tickets -con esos descuentos- tal como hasta ahora o su equivalente en efectivo.
Dentro de un paquete de siete decretos el Gobierno también estableció regulaciones sobre diversos beneficios sociales que habitualmente otorgan las empresas a su personal tales como servicio de comedor vales de almuerzo ropa de trabajo cobertura médica guardería infantil capacitación elementos escolares y vivienda gratuita.
Las otras normas reglamentan la aplicación de las reformas dispuestas hace dos semanas en materia de asignaciones familiares así como los requisitos a los que deberán ajustarse las empresas que emiten y administran los sistemas de tickets particularmente en cuanto a su solvencia patrimonial.
En cuanto a las asignaciones familiares el Gobierno precisó que la eliminación de estos pagos para los haberes superiores a $ 1000 y su modificación para quienes perciben sueldos inferiores a ese monto regirán desde el mes próximo y se percibirán a partir de septiembre.
Retroceso justificado
El ministro Armando Caro Figueroa intentó explicar ayer en una conferencia de prensa en el Ministerio de Trabajo los siete nuevos decretos aprobados por el Gobierno sobre asignaciones familiares vales alimentarios beneficios sociales y sobre el fondo de recolocación laboral de empleados públicos.
Los principales anuncios fueron: el nuevo régimen de asignaciones la obligatoriedad de pagar el monto de tickets se reorganizó el funcionamiento de la empresas emisoras y se derogó el decreto 333 con uno nuevo para contemplar los beneficios sociales.
Caro Figueroa defendió la reforma del sistema y rechazó la inconstitucionalidad de lo que en la práctica significa imponer un gravamen a las empresas por decreto ya que deberán pagar el 32% de contribuciones por los tickets que entreguen. Al empleado que gana más de $ 1000 pesos le significa una importante reducción salarial en asignaciones familiares. A los "beneficiados" es decir a los que ganen menos de $ 1000 se le aumentará el monto de asignaciones siempre y cuando no superen ese monto al sumársele al sueldo los vales de comida.
En todos los casos el trabajador que cobraba tickets debe aportar el 17% para jubilación y seguridad social. Claro que según el ministro esto no es una reducción de salario porque se recupera con la jubilación y con una mejora de los servicios sociales.
Esto comenzó a regir ayer y las empresas y los trabajadores ya deberán pagar proporcionalmente aportes y contribuciones a la Seguridad Social por los cinco días hasta fin de mes ya que no se corrigió en los nuevos decretos la fecha de vigencia como en asignaciones familiares (que rigen a partir del 1° de agosto).
Temas pendientes
Quedan pendientes las excepciones por zonas ya que en algunas zonas del país los trabajadores recibían asignaciones multiplicadas por dos tres y cuatro (Tierra del Fuego Patagonia Salta y Jujuy y algunos departamentos de Mendoza) en una norma especial que verá la luz "seguramente la semana que viene" según explicó el funcionario.
Flanqueado por el secretario de Seguridad Social Carlos Torres y el subsecretario de Empleo Osvaldo Giordano el ministro se dedicó a describir los nuevos decretos esquivando en la medida que le era posible -al parecer siempre resulta menos probable cuando hay cámaras de por medio- las preguntas más conflictivas.
Para el rubro de asignaciones familiares explicó que: de 19 que había sólo quedan tres más los dos programas de ayuda a los escolares primarios y secundarios y que desapareció el salario familiar aguinaldo aunque las empresas sigan aportando por 13 meses.
En cuanto a las provincias rebeldes Caro Figueroa observó: "Yo les garantizo que no es una buena noticia para los trabajadores porque en estas provincias la mayoría gana menos de $ 500 y si se aplican las nuevas reglamentaciones las provincias tendrían que pagar más".
Estatales: una crítica salida
Por decreto: se creó un fondo especial para reconvertir a los empleados públicos de los cuales el Estado quiere prescindir en el actual proceso de reestructuración de la administración.
Entre tantos decretos se agregó uno más para apagar el incendio que creó el anuncio de los despidos en el sector público.
Un séptimo decreto creó "el Fondo de Reconversión Laboral del sector público en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
"Por este medio se pone en marcha el proceso de reestructuración de la administración pública" dijo el ministro Caro Figueroa.
"La ley de reforma del Estado estableció que aquellos trabajadores que sean excedentes como consecuencia del proceso de reorganización del Estado en lugar de ser despedidos o puestos en disponibilidad -como lo autoriza la legislación vigente- van a ser colocados en un fondo administrado por el Ministerio de Trabajo cuya finalidad primordial será impartir a ese trabajador la capacitación necesaria y tratar de buscarle un nuevo empleo en otro sector de la administración pública -que deberá buscar a su personal nuevo en ese fondo- o en el sector privado." Los agentes de los cuales el Estado se desprenda pasarán a cobrar el mismo sueldo de este fondo durante seis nueve o doce meses; durante ese lapso serán capacitados en una nueva tarea y el Estado intentará su inserción en empresas privadas. En tal caso el empleado seguirá cobrando el sueldo del fondo por el tiempo mencionado.
No fue aclarado qué pasaría si después la empresa decide "no tomar" al trabajador.
Si fracasa luego de un período de permanencia en el fondo el trabajador será indemnizado.
Aportes
"Lo que pretende el decreto es brindar servicios para ayudarlos a insertarse en otra actividad productiva con una modalidad diferente" explicó Caro Figueroa.
Si bien para el empleado estatal es obligatorio participar de este sistema no lo es la aceptación del nuevo puesto ofrecido dentro del sector público en cuyo caso recibirá indemnización.
Según la nueva norma la financiación provendrá de "los fondos y/o instrumentos de la deuda pública que asigne el Ministerio de Economía; aportes del Tesoro de acuerdo con el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 1997 y toda otra fuente de financiamiento que el Poder Ejecutivo nacional establezca". Esto resulta contradictorio teniendo en cuenta que todas la medidas establecidas apuntan a bajar el gasto y no a producirlo.
Caro Figueroa también admitió: "A esta altura no podemos saber a cuántos trabajadores incluye seguramente la Unidad que coordina la reforma del Estado lo dirá".
Tienen sustento legal los vales de comida
Obligatoriedad: las empresas que los entregan a sus empleados deberán continuar con el sistema pero tendrán que efectuar los aportes y contribuciones que pesan sobre todos los sueldos.
El gobierno confirmó que el pago de los tickets canasta será obligatorio para aquellas empresas que lo venían haciendo hasta ahora reglamentó el pago de los subsidios por escolaridad primaria y fijó el tope por el cual diversos beneficios sociales no pagarán cargas sociales.
En una conferencia de prensa el ministro de Trabajo Armando Caro Figueroa dio a conocer siete decretos entre los cuales figura también el que reglamenta la utilización de los tickets canasta por parte de las empresas.
El Poder Ejecutivo estableció que los empleadores que venían otorgando vales alimentarios o cajas de alimentos a sus empleados "están obligados a mantenerlos pudiendo sustituirlos por su equivalente en dinero". Asimismo ordenó que se deberán efectuar sobre ellos "las retenciones en concepto de aportes y las contribuciones con destino al Sistema único de la Seguridad Social".
Por medio de otro decreto se fijó que la provisión de los vales alimentarios deberá ser cumplida "por intermedio de empresas expresamente habilitadas al efecto".
Los montos que se les entreguen a los empleados en concepto de tickets canasta no podrán exceder el 20 por ciento de la remuneración bruta mientras que en el caso de los trabajadores no comprendidos en los convenios colectivos de trabajo los montos serán del 10 por ciento.
En cuanto a la ayuda escolar el gobierno estableció que los trabajadores que perciban un salario de hasta 500 pesos recibirán una ayuda por escolaridad anual de 160 pesos mientras que para quienes tengan un sueldo de entre 500 y 1000 pesos la asistencia será de 130 pesos.
El pago de la ayuda por escolaridad se hará efectivo en marzo de cada año o en el que comience el ciclo lectivo y se abonará a uno solo de los cónyuges "no pudiendo percibirse simultáneamente en relación con más de un empleo".
En tanto creó un fondo especial de 100 millones de pesos para la atención de la escolaridad secundaria. Esta ayuda la percibirán los estudiantes pertenecientes a hogares de bajos recursos y el monto será de 600 pesos por año.
La reestructuración de las asignaciones familiares establecidas hace dos semanas y que incluyó la eliminación del beneficio para los haberes superiores a 1000 pesos regirá a partir de los haberes de agosto.
Dentro del paquete de decretos que el gobierno difundió anoche una de las principales novedades fue la reglamentación de diversos beneficios sociales que habitualmente pagan las empresas a sus empleados al margen de las remuneraciones.
Cargas para los beneficios
Se estableció que los beneficios sociales no tienen carácter remuneratorio ni están sujetos a aportes ni contribuciones pero para poder acceder a ello no deberán exceder los 300 pesos mensuales o el 20 por ciento de la remuneración normal y habitual.
Entre ellos se anotaron los servicios de comedor de empresa y los vales de almuerzo o reintegros de comida debidamente documentados otorgados en días efectivamente trabajados con el tope de valor por cada vale que determine la autoridad de aplicación.
Tampoco tendrán carácter remuneratorio la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo; ni los reintegros por gastos médicos y odontológicos "que hubiera asumido el empleador previa presentación de comprobantes" emitidos por profesionales habilitados.
A ello se agrega el otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización ni la provisión de útiles escolares guardapolvos y juguetes para los hijos del empleado. A esta lista se suma además la entrega de viviendas gratuitas a los trabajadores ubicadas en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo.
En tanto no serán consideradas remuneraciones los pagos por suspensión de prestación laboral los retiros de socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada a cuenta de utilidades; los reintegros por gastos de automóvil de propiedad de la empresa o del empleado ni los viáticos y los reintegros de gastos de automóvil de los viajantes de comercio.
Asimismo se estableció que los vales alimentarios y de tickets canasta entregadas a través de empresas especializadas sólo se computarán para calcular las retenciones en concepto de aportes y contribuciones para la seguridad social.
En otro orden el gobierno dispuso que las empresas que emitan tickets canasta y vales alimentarios deberán acreditar condiciones de solvencia moral técnica y económica.
El decreto estableció que las empresas especializadas que suministren vales de alimentación deberán operar con mecanismos adecuados que preserven el destino final de los vales y las cajas alimentarias reunir condiciones de calidad e higiene básicas.
Los analistas prevén los efectos negativos
Conocidos los decretos que disponen respecto del tratamiento de los tickets canasta y del nuevo régimen de asignaciones familiares -que aún tiene puntos pendientes- las opiniones de empresarios y especialistas laborales se inclinan a destacar los efectos negativos que vendrán.
Algunos representantes de la comunidad empresarial prefirieron no salir a declarar públicamente sobre el tema. Por lo general existe entre ellos la sensación de que no es conveniente poner piedras en el camino a los designios oficiales aun al precio de verse perjudicados. Con ojos políticos entienden que con la firma de la obligatoriedad del pago de los tickets ahora remunerativos se busca calmar los ánimos de las clases populares y dar una moneda de cambio que quede acreditada para las negociaciones pendientes con los sindicatos.
En todo caso el sector nunca legitimará que se le obligue a un pago que se hacía bajo un concepto de beneficio o premio para el empleado. "Esto significa en concreto que se aumentan los sueldos por decreto" puntualizó Daniel Funes de Rioja jefe de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Y resulta claro que la voluntad de los empresarios no está dispuesta a aceptar que el Estado se arrogue la atribución de disponer sobre los manejos del sector privado de la economía. Tanto menos cuando lo hace en un intento por encontrar una salida a un problema que surge de las alicaídas cuentas fiscales.
"En realidad vamos a seguir diciendo que apoyamos las medidas porque no nos queda otra; después de todo se podrían haber resuelto otras peores a los efectos de la recuperación de la actividad" dijo Diego Videla secretario de la UIA al adelantar la posición que tomará la entidad en las próximas horas.
Estímulos en baja
Para Funes de Rioja la norma que modifica el decreto 333 sobre beneficios no remunerativos se traducirá en una falta de estímulo para los empleados.
De hecho los abogados laborales han advertido a los empresarios respecto de lo ajustado que puede ser dar sólo hasta un 20% en estos conceptos que incluyen guardería para niños ropa de trabajo servicio de comedor y prestaciones médicas entre otras. Se interpreta como que podrían cortarse beneficios y se cuestiona qué pasará cuando algún mes las prestaciones superen el tope dispuesto.
El abogado de la UIA también pone un llamado de alerta al decir que con estas medidas no habrá un efecto sobre el mercado en negro; "no se ampliará la base de contribuyentes sólo se presionará a los que ya pagan" consideró.
Héctor Valle de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) razona que con la disminución de ingresos que marca el nuevo sistema de asignaciones se con- traerá el nivel de consumo y el de recaudación mientras que con el aumento de las cargas se resta incentivo a los empleadores lo que sumado a la baja de la actividad no hará más que constituirse en una causa de mayor desocupación.
Desde una óptica distinta Silvia Montoya de la Fundación Mediterránea prefiere destacar que los cambios acentúan la solidaridad. En el caso de los tickets Montoya consideró que la medida habría despertado menos oposición si se hubiera acompañado por una reducción de los aportes. "Pero mantenerlos como no remunerativos era justificar una gran evasión. Además no hay que olvidar que el pago en vales implica un costo administrativo lo que disminuye el efecto cuantitativo del cambio si es que las empresas optan por pagar en efectivo" agregó.
Más allá de las opiniones vertidas ayer y las que vendrán con la aplicación concreta de las medidas -aseguran los abogados laboristas- será casi inevitable la generación de una importante litigiosidad.
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