Los subsidios económicos podrían crecer este año entre 0,1% y 0,5% del PBI

Luego de anunciar el congelamiento de tarifas de energía y de transporte, la lupa de los analistas económicos se centró en el gasto que estas medidas significarán para el Estado. De ello dependerá el resultado fiscal que logre el Gobierno y, por lo tanto, la capacidad de pago que tenga para renegociar los vencimientos de la deuda. Si bien es difícil hacer proyecciones, ya que todavía no se sabe cuánto aumentará el valor de los servicios cuando finalicen los congelamientos, los economistas estiman que el gasto en subsidios económicos podría crecer entre 0,1 y 0,5% del PBI.

En concreto, el Gobierno estableció que no habrá aumentos de tarifas de electricidad hasta fines de junio, mientras que los boletos de trenes y colectivos quedarán congelados hasta fin de abril. Luego, si bien no hay precisiones, los funcionarios de Energía y de Transporte indicaron que se buscará que las subas se ubiquen por debajo de la inflación.

"Para mantener el gasto de 1,55% del PBI en subsidios del año pasado, las tarifas deberían subir mucho más que la inflación y eso no va a ocurrir", dijo Gabriel Caamaño, economista de la consultora Estudio Ledesma. "De hecho, en el primer semestre de 2019, el gasto en subsidios representó el 1,22% del PBI anualizado y luego, en la segunda parte, aumentó a 1,9%. El promedio anual es 1,55%, pero hubo un fuerte incremento. Para que no sigan creciendo, hay que hacer cosas bastante severas", agregó.

La semana pasada, el Ministerio de Economía informó que en 2019 el Estado gastó $338.409 millones en subsidios económicos, un 20,3% más que los $281.237 millones de 2018, pero muy por debajo del 53,8% que acumuló la inflación. Del total, $214.137 millones fueron subsidios a la energía (1% del PBI) y $120.351 millones al transporte (0,5%), mientras que $3921 millones representaron otras funciones.

Dentro de Energía, el mayor gasto en subsidios está destinado a la electricidad. Según las últimas estimaciones oficiales, los usuarios pagan el 40% del costo de la luz, mientras que el Estado aporta el resto. Estas transferencias son las que más se incrementaron en los últimos meses, ya que es un servicio directamente vinculado al tipo de cambio. Cammesa, la administradora del mercado con control estatal, compra la electricidad en dólares a las generadores y la vende en pesos a las distribuidoras, que representan a los clientes residenciales e industriales. Si bien hubo una devaluación del 25% en agosto pasado, tras las PASO, el valor de este servicio no se actualizó y el Estado se hizo cargo del incremento del valor del dólar, mientras que las empresas absorbieron el alza de la inflación.

En cuanto a las tarifas de gas, las facturas no están subsidiadas. En este caso, las distribuidoras compran directamente el gas a las productoras. Si bien las tarifas tendrían que haberse incrementado por la inflación y por el tipo de cambio, el costo de no haberlo hecho lo absorbieron las empresas en sus tres segmentos: producción, transporte y distribución.

"El Gobierno buscará equilibrar tres cosas: darles una señal a los inversores para reactivar Vaca Muerta, cuidar el equilibrio del déficit fiscal para negociar la deuda y cuidar el bolsillo de la gente. Por lo tanto, el valor de los servicios va a subir, pero por debajo de la inflación, y creemos que van a intentar bajar el costo de las tarifas en dólares, para que los subsidios aumenten lo mínimo posible", indica Juan Ignacio Paolicchi, economista de EcoGo. La consultora estima una suba de tarifas del 25% e incremento del gasto en subsidios del 0,1% del PBI.

Por el lado del transporte, los mayores subsidios del Estado están destinados al boleto de tren. Según las últimas estimaciones oficiales, el fisco financia el 60% de la tarifa de colectivo y el 90% de la de tren. En este caso, los costos principales son salarios y combustibles. "Este mes se terminó de cerrar la paritaria y además se pagará el bono de $3000 y el de $4000 en febrero. Ese dinero tiene que salir de algún lado, y si no sale de la tarifa aumentan los subsidios", señala Caamaño.

Otros gastos que tiene el Estado y que no se sabe cómo evolucionarán son el previsional, las asignaciones sociales y el sueldo de los empleados públicos. Con la sanción de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, el Gobierno logró desindexar los dos primeros, aunque debe presentar una nueva fórmula de actualización de los haberes en los próximos cinco meses. En cuanto a los sueldos, el gasto destinado dependerá del resultado de las paritarias.

"Con la suspensión de la actualización de la fórmula jubilatoria, el Gobierno maneja este gasto con la perilla: si la cosa va bien, se les dará un poco más. La ley les permitió discrecionalidad para aumentar cuánto quieran. Lo mismo sucede con los programas sociales, aunque en un monto inferior. Los salarios, por otro lado, representan un tercio del gasto previsional. En 2019 fueron el 2,4% del PBI. Para este año, no creo que apliquen las cláusulas gatillo", concluyó Guido Lorenzo, economista de la consultora LCG.

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