Los riesgos que enfrentaría la Argentina si no cumple con el FMI
El país quedaría excluido de la nueva línea de crédito que el organismo diseña para asistir a países pobres o en desarrollo y perdería desembolsos del Banco Mundial o el BID
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Redactor LA NACIONJavier Blanco
De caer en un incumplimiento con el FMI, la Argentina se expone al riesgo de quedar excluida de cualquier línea de financiamiento que ponga en marcha ese organismo o cualquiera de sus pares internacionales (Banco Mundial o Interamericano de Desarrollo) e iniciar un proceso que podría terminar dos años después con la expulsión del país como miembro de esa institución crediticia.
Eso bloquearía cualquier posibilidad que pudiera existir para que la Argentina sea asistida por el Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) que ese organismo proyecta desarrollar para ayudar a los países pobres o en desarrollo: el objetivo es que puedan encarar iniciativas que le permitan dejar atrás impactos de la pandemia o desarrollar energías que ayuden a evitar un mayor calentamiento global, según un artículo publicado por la directora del departamento de estrategia, política y revisión, Ceyla Pazarbasioglu, y se segunda, Uma Ramakrishnan.
Este fondo, que llegaría a los US$50.000 millones, permitiría al organismo generar una nueva línea de créditos a plazos más largos y con menor costo de tasas de interés, como los que reclamaba la administración Fernández e incluso apoyara el G-20 el año pasado.
Los pasos formales que se activan ante un evento de incumplimiento fueron detallados por un informe de Quantum Finanzas, una consultora presidida por el economista Daniel Marx, de larga trayectoria en el sector público y con amplia experiencia en tratativas con el FMI.
“Sus normas identifican una serie de pasos ante atrasos de un país miembro. El proceso formal tiene una secuencia temporal que involucra un período de 24 meses, con etapas bien definidas, tanto en término de acciones y los efectos en la relación”, explica el trabajo.
Al incurrir en un atraso, el país recibirá un pedido de cumplir con lo pactado, pero en los hechos tendrá hasta un mes para concretarlo, ya que sólo una vez transcurrido ese lapso, la directora gerente del organismo (Kristalina Georgieva) comunicará al directorio del organismo la irregularidad.
Si ella persiste, se abre una etapa de comunicaciones e intimaciones para lograr el pago de las que van participando, a medida que se avanza en el calendario, funcionarios de mayor jerarquía de los distintos niveles decisorios del FMI.
Si el incumplimiento supera los 6 meses, para el FMI el deudor entra en la categoría de “atrasos prolongados” (protracted arrears), algo que ya le sucedió con 31 países, “la mayoría de bajos ingresos, con severos conflictos políticos y sociales (por ejemplo, revoluciones como fue el caso de Cuba) o guerras”.
El FMI no enfrenta hoy atrasos prolongados en el pago de los créditos concedidos a distintos países desde la cancelación que le hizo Sudán (país que defaulteó esa deuda por más de 37 años) en mayo del año pasado. El promedio de los impagos que enfrentó ronda los 7,8 años y el país en la región que más demoró en regularizar esa situación fue Perú, que incumplió esa deuda entre los años 1985 y 1993.
El informe de Quantum destaca que, desde el momento en que incurre en un incumplimiento, el país deudor “es automáticamente excluido de cualquier línea de financiamiento del FMI hasta tanto cancele los atrasos incurridos”.
Cuando los atrasos se prologan hasta los meses 18 o 24 meses, “el FMI decide primero la suspensión del derecho de voto del país miembro y finalmente su exclusión como miembro de la institución”.
Los efectos de ingresar en incumplimiento “son variados y de intensidad cambiante” y suelen depender “de la forma en que el deudor se vincula con el FMI, las políticas que se implementan para superar la situación y de su extensión temporal, entre otros”, detallan.
Básicamente, impactan sobre la posibilidad que el país tendría de recibir asistencia de otros organismos internacionales de crédito, que a la Argentina le aportaron en los últimos años financiamiento neto por unos US$2000 millones por año a través de distintos programas.
Pero también la situación afecta el financiamiento comercial al que pueden acceder las empresas con actividad en el país incumplidor, ya que se les dificulta más recibir prefinanciaciones para operaciones de comercio exterior o de casas matrices o proveedores externos. “El año pasado, la Argentina tuvo importaciones superiores a US$60.000 millones y la deuda comercial (intercompany y terceros) con vencimiento entre 0-180 días estuvo en el orden de US$30.000 millones”, apunta el trabajo para dimensionar el impacto que podía tener en esas operaciones.
Por Javier Blanco
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