Los precios que más suben y las críticas al Gobierno por su plan “insuficiente”
Detrás del número promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora y difunde el Indec, y que en marzo dio un 4,8%, existen tendencias heterogéneas, con algunas categorías de bienes y servicios liderando las subas, con cifras que casi duplican al dato general y rubros que, entre congelamientos y regulaciones, se mantienen reprimidos.
Entre las cifras más calientes de los últimos 12 meses se destacan los aumentos en la indumentaria (80,6% en el área metropolitana, según el Indec), las frutas (82,5%), los autos cero kilómetros y usados (76,5%), el calzado (69,7%), la carne y sus derivados (62,8%) y los productos medicinales y equipos para la salud (50,9%).
“Alimentos y ropa no son todos regulados, y ahí tenés un buen pulso del verdadero ritmo de ajuste de precios. Por más que la Secretaría de Comercio insista, no todos los alimentos y bebidas se pueden regular”, dice Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, que realiza un monitoreo semanal de precios de 8000 productos online y estimó una suba promedio del 4,6% en la categoría alimentos en las últimas cuatro semanas.
“Sorprende porque el ritmo al que se actualizan los precios de alimentos y bebidas según nuestros relevamientos es del 15% mensual, es decir que en menos de dos meses hay que remarcar todos los precios, eso da una idea del componente inercial que tiene el fenómeno inflacionario”, agrega el economista, docente en la UBA.
En el otro extremo, los congelamientos de las tarifas de servicios públicos, que comenzaron en 2019 y que el Gobierno actual extendió antes de la pandemia de coronavirus a través de la Ley de Emergencia que aprobó el Congreso, llevaron a que la categoría electricidad, gas y otros combustibles acumule una suba del 1,5% en el área metropolitana en los últimos 12 meses. Medidas oficiales de regulación o congelamiento afectan a otras categorías que se ubican también por debajo del promedio, como los servicios de telefonía e Internet (12,4%), los gastos en prepagas (13,8%), el transporte público (18,8%) y el alquiler de vivienda (27,5%).
Esa distorsión de precios relativos, según la jerga habitual de los economistas, llevó a que creciera la brecha entre el precio de los bienes, que acumulan un alza del 50,5% en los últimos 12 meses y el de los servicios, que según el Indec tuvieron un incremento promedio del 26,9%. Este proceso también se refleja en la diferencia que muestran los precios regulados (22,5% de suba interanual) respecto del IPC Núcleo, que excluye a los estacionales y acumula un alza de 45,7% en el período.
“El hecho de que estos precios regulados estén siendo usados como ancla para que la inflación no sea todavía más alta, genera expectativa de que esos precios suban más que el resto más adelante, porque no pueden quedarse eternamente atrás. En muchos casos son tarifas de servicios públicos, que pueden retrasarse a fuerza de incrementar el gasto en subsidios, y eso tiene un costo fiscal. Este ritmo no es sostenible y en algún momento se empareja, pero eso ya es una definición política”, dice Martín Kalos, economista de Epyca Consultores.
Las medidas del Gobierno
Con más palos que zanahorias, el Gobierno avanza en estos meses con un conjunto de medidas sectoriales y de control de algunas variables macroeconómicas, para intentar contener la suba de precios. Controles a la exportación de carne, congelamiento de los valores de electrodomésticos, aplicación de la Ley de Góndolas, y tensas gestiones con las empresas de alimentos para transformar Precios Máximos en un sistema de “precios de referencia” son algunas de las herramientas anunciadas días atrás.
El rubro alimentos está entre los más delicados. Según las estimaciones de la consultora LCG, acumula subas promedio de al menos 1% semanal desde fines de febrero. Además, se mantienen congeladas las tarifas de servicios públicos y habrá ajustes inferiores a los que estipuló el Gobierno en el presupuesto. A la vez, el Banco Central disminuyó su tasa de devaluación del tipo de cambio oficial: del 4% en enero al 1,5%.
“Esas medidas darán resultado en el segundo semestre; pero así entramos en el clásico problema de menos inflación hoy y más inflación mañana. El ministro Guzmán insiste en ‘coordinar’ pero actúa en la dirección contraria. Sincerar que la inflación será más alta (y no de 29%) y marcar un sendero de convergencia fiscal podría dar una señal de racionalidad y ser incluso expansivo para la economía. Hoy no hay plan anti-inflacionario y eso es gravísimo”, apunta Guido Lorenzo, director de LCG.
Según Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo, las medidas del Gobierno son insuficientes ante las dinámicas de los precios. “Hoy la política monetaria impacta a través del canal cambiario. La tasa queda corta contra la devaluación, pero corta con la inflación, y estás financiando al consumo. El exceso de pesos con esta inflación se convierte en aceleración de decisiones de consumo. La demanda tira y la oferta responde hasta donde puede”, dice la economista, quien plantea que el esquema contra la inflación depende indirectamente también de factores no económicos.
“Las medidas que pueden tener implicancias de oferta, como frenar exportaciones de carne, son medidas coyunturales con efectos adversos en el mediano plazo y tienen el riesgo de tener menor oferta de dólares. Una medida importante sería conseguir vacunas y alejar el riesgo sanitario. El otro punto es cerrar algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que descomprima el pago de vencimientos y el uso de reservas de corto plazo. Así, será más factible el objetivo de que la brecha no se escape. La agenda hoy es esa”.
Por Esteban Lafuente
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