Los motivos detrás de la creación de una empresa provincial de salud en Buenos Aires

Uno de los nuevos objetivos de la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es la creación de una empresa para recuperar plata que no se cobra en el sistema público de emergencia de salud, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense en medio de cierta polémica derivada de la política.

Esta iniciativa deja al descubierto deficiencias de la estructura sanitaria y servicios que nunca se cobraron al sector privado, y expone una suerte de “toma y daca” entre la administración bonaerense y las obras sociales. Estas últimas tendrían que poner más dinero, pero a cambio, aseguraron fuentes oficiales, evitarían “sobrepagar” atenciones hospitalarias.

El proyecto lleva el rótulo de “SAPEM”, que quiere decir Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Su nombre: Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Al menos el 51% de sus acciones estarán en manos de la provincia de Buenos Aires, aunque quienes impulsan su nacimiento admiten que, sin ningún socio privado, como ocurre hasta el momento, ese porcentaje podría subir.

“Con el sistema utilizado actualmente se recupera cerca del 5% del costo a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), mientras que con un armado de empresa del Estado se podría llegar a recuperar cerca del 80% de costo a través de distintos mecanismos”, indica un comunicado del Ministerio de Salud bonaerense, dirigido por Nicolás Kreplak. La razón por la que se cobra una parte minúscula del servicio de emergencia responde al funcionamiento de la estructura.

El sistema de emergencias de salud bonaerense se divide en dos partes, tal como explicaron ideólogos del proyecto de creación de esta empresa. Una corre a cargo del gobierno provincial. Esta se dedica a realizar traslados entre hospitales. La otra se encarga de ingresar a los pacientes desde la calle a un hospital, como por ejemplo cuando ocurre un accidente en la vía pública. Esta responsabilidad pertenece a cada uno de los municipios. En consecuencia, existe una “fragmentación” del sistema que se divide por la cantidad de intendencias que conforman a la provincia.

La Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud busca absorber esa potestad de los municipios y centralizarla. Desde la administración de Kicillof, argumentan que dicha parte del sistema sufre problemas porque su infraestructura carece de mantenimiento, escasean profesionales de emergencia que trabajen para los municipios y estos tienen dificultades financieras para comprar nuevos equipamientos. ¿Por qué ocurre esto? Porque nadie lo paga, según explicaron.

En otras palabras, los municipios no les cobran a las obras sociales de los pacientes, prepagas o seguros el servicio de ambulancia, y todo lo que ello implica, hasta ingresar al hospital. “No está reglamentado”, contestaron sobre por qué nunca se buscó cobrar esa prestación.

En paralelo, no existe una estimación de cuánta plata hubiera entrado al sistema público de haber cobrado dichas prestaciones, dado que la situación varía según el municipio en cuestión. De todas maneras, los cálculos oficiales proyectan que se pasaría del 5% a un 80% en términos de recuperación de costo. Ese incremento lo deberán cubrir obras sociales, seguros, prepagas o el agente del sector privado correspondiente.

A su vez, los municipios dejarían de destinar parte de su presupuesto al financiamiento del sistema de emergencias. En promedio, destinan un 40% de su caja al área salud, según detallaron fuentes oficiales.

Desde la administración bonaerense aseguran que esto no busca quitarle dinero al sector privado porque, en simultáneo, la modificación del funcionamiento del sistema lo dotaría de mayor eficiencia y evitaría “sobrepagos”. ¿Cómo? “Centralizar en el gobierno de la provincia el monitoreo de las operaciones de emergencias facilitaría la gestión de la emergencia”, describe el comunicado del Ministerio de Salud bonaerense. Esto significa, por ejemplo, que la información sobre cada paciente radicaría en un mismo sistema y se ahorrarían estudios considerados innecesarios que, actualmente, se realizan por falta de datos o historias clínicas accesibles.

En términos prácticos, esto evitaría realizar a alguien que llega por una emergencia un electrocardiograma cuando hace dos semanas ya se había practicado el mismo estudio. Esto es lo que los negociadores del proyecto de creación de la nueva empresa sanitaria muestran como “el beneficio” que obtendría el sector privado: “evitar el sobrepago”. Por lo tanto, señalan que el sistema y sus recursos tendrían un funcionamiento más eficiente.

“Es plata que ya está en el sistema y se va a reordenar”, resumieron a propósito de cómo podría impactar el funcionamiento de la empresa provincial en el sector privado.

Otro punto que destacan los ideólogos del proyecto es que la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud no necesitaría “gasto extra”, dado que utilizaría las ambulancias y profesionales del sistema de la provincia y de los municipios que tengan convenios con la misma.

Además, sostuvieron que podría financiarse sola, con los recursos que le ingresen por el servicio de “accidentología”. De esta manera, sobre la compañía que buscan crear concluyeron: “Es una figura legal para hacer recupero de costos”.

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