Los gobernadores fijan límites a la intervención nacional
Los gobernadores de las provincias petroleras fijaron límites a la intervención del Gobierno en el mercado de hidrocarburos, que concretó a través del decreto 1277. Fue en un encuentro de más de una hora que se desarrolló ayer en el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Además del anfitrión estuvieron, en representación de la presidenta Cristina Kirchner, el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
"Fue una buena reunión", afirmó al término del encuentro uno de los asistentes. "Se va a flexibilizar un poco el decreto en el sentido de darles más participación a las provincias", completó.
El texto del decreto 1277 establece que el Estado tendrá injerencia directa en la exploración y producción de hidrocarburos, su almacenamiento, transporte, refinación y venta, a tal punto que lo habilita a analizar costos, fijar precios de referencia y aplicar sanciones a través de una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, que encabezará Kicillof. Para las provincias, esos atributos van en contra de la reforma constitucional de 1994, que otorga a los gobernadores la autoridad sobre los recursos del subsuelo, así como de la ley Corta, que data de 2006 y fue una de las concesiones del ex presidente Néstor Kirchner a los líderes provinciales.
Agenda conjunta
Los gobernadores se fueron con otra convicción: la reunión de ayer abrió la puerta para establecer una agenda de trabajo conjunto, que había sido cerrada tras la difusión del decreto.
De acuerdo con otro de los asistentes, que también pidió reserva de su nombre, "Axel es el más duro con respecto a la autoridad de aplicación". Por ese motivo el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, mantuvo un contrapunto con Kicillof que fue celebrado por el resto de los líderes provinciales. El patagónico, al frente del mayor distrito productor de hidrocarburos del país, le recordó que hay normas legales por encima del decreto 1277 que protegen el rol de las provincias en materia de hidrocarburos. "Jorge se plantó. Esto no altera las facultades de las provincias", sostuvo uno de los mandatarios que compartieron la mesa.
Lo seguían con la mirada Francisco "Paco" Pérez, gobernador de Mendoza; Gildo Insfrán, de Formosa; Oscar Jorge, de La Pampa, y el rionegrino Alberto Weretilneck.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se mostró más apacible a la hora de analizar la medida. "El decreto no puede modificar artículos constitucionales", reflexionó con seguridad.
A diferencia de Kicillof, De Vido se mostró cómodo en su rol de mediador. Si bien justificó la norma para favorecer la realización de inversiones, intentó garantizar a los gobernadores que continuarán teniendo el poder de decisión sobre sus distritos.
Por su parte, Galuccio, que mañana será la estrella de la agenda petrolera cuando inaugure obras en la refinería de La Plata junto a la presidenta Cristina Kirchner, casi no participó de las discusiones.
El Ministerio de Planificación no aceptó el ingreso de la prensa. Al final del encuentro envió un mensaje oficial pacificador. "Se acordó establecer mecanismos de intercambio fluido de información entre la Comisión" que encabeza "la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, y los estados provinciales", destacó por medio de un comunicado. Entre los grandes ausentes estuvo el gobernador de Chubut, Martín Buzzi. Fue una de las puntas de lanza del Gobierno durante el proceso de nacionalización de YPF, pero un viaje a Brasil en busca de inversores lo obligó a faltar al convite.
Su silla la ocupó el vicegobernador Gustavo Mac Karthy. Tampoco fueron de la partida los patagónicos Daniel Peralta y Fabiana Ríos, de Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente dos nombres de peso en el mundo de la política petrolera.
Sindicalización
Los gobernadores y sus equipos técnicos se llevaron algunos papeles para revisar en el viaje. El más importante: el Acuerdo para la Implementación de la Ley 26.741 (de nacionalización de YPF). Entre otras cosas, allí se establece la sindicalización de acciones de las provincias en la petrolera, que equivalen a un 49% del 51 por ciento en manos del Ejecutivo Nacional. Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza se quedarán con la mayor parte.
La intención inicial es que los mandatarios de las diez provincias petroleras agrupadas en la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) lo firmen mañana.
Las alternativas son la sede del Ministerio de Planificación o la torre que la petrolera tiene en Puerto Madero. No está previsto que asista la Presidenta.
- 49%
Parcipación provincial
Es la porción del 51% en manos del Estado nacional que las provincias petroleras sindicalizarán en YPF
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