Los fondos para el gasoducto Néstor Kirchner están destinados por ley a otro sector y figuraban ejecutados el año pasado

La principal fuente de financiamiento de gasoducto Néstor Kirchner es el 25% de lo recaudado con el impuesto a la riqueza, que se aprobó en 2020. El problema es que esa ley comprometió el uso del dinero en otro tipo de obras. Se trata de un nuevo contratiempo para el Gobierno: si la Justicia o la oposición lo deciden, podrían pedir explicaciones sobre un nuevo punto polémico en el proyecto más comentado del Frente de Todos.

El Congreso definió que un 25% de lo recaudado por la AFIP a las grandes fortunas sería asignado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A.”.

El artículo no contempla la construcción de gasoductos ni de iniciativas parecidas. La industria petrolera se encuentra dividida en tres grandes sectores: upstream, midstream y downstream. La ley del impuesto a la riqueza puso el foco en el primero para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, pero en la implementación, surgió un problema: la dificultad de seguir ampliando la producción de las reservas hidrocarburíferas sin los medios para transportarlas.

Por este motivo, el Gobierno intentó enmendar el problema. En medio de la discusión sobre el Presupuesto 2022 en diciembre del año pasado, el oficialismo -a último momento- agregó 56 artículos al proyecto original, lo que generó un choque con la oposición. Uno de los cambios fue el artículo 101, que sumó dos palabras al detalle de la ley del impuesto a la riqueza: “construcción y transporte”. Esta adición buscó blindar el financiamiento del proyecto.

En aquel momento, fuentes oficiales explicaron a LA NACION que se trataba de agregados para habilitar el uso de esos fondos para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Estos términos hubieran permitido al Gobierno asignar el 25% de lo recaudado pero, como el presupuesto fue rechazado, el problema persistió.

El oficialismo decidió avanzar igual considerando que nadie cuestionaría el detalle sobre ese punto, ya que la obra se considera fundamental para el abastecimiento.

Esta semana, promovidas por la oposición, se presentaron tres denuncias penales contra diversos funcionarios, principalmente Agustín Geréz, presidente de Energía Argentina, por incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación contra la administración pública y asociación ilícita. La intención de los denunciantes es que se investiguen las sospechas aludidas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que le valieron el cargo a Matías Kulfas en el marco de una crítica pública de Cristina Kirchner. Así, el proyecto del gasoducto captó un nivel de atención que no tenía al principio.

“La asignación específica por ley es una limitante. Podría, aunque no se trate ese tema, poner en revisión esta cuestión, si el expediente se mira desde el inicio judicialmente”, explicó Nicolás Gadano, economista especializado en energía. “El DNU que le dio la concesión a Ieasa hace una mención al aporte solidario como fuente de financiamiento, pero menciona el destino que dice la ley. Además, la Constitución no permite modificar cuestiones tributarias por DNU. Lo que rige es la ley original, con lo cual Ieasa debería usar el dinero para proyectos upstream”, agregó.

Sin embargo, los US$520 millones a partir del impuesto a la riqueza son tan solo un tercio de lo necesario solamente para la primera etapa. Según el decreto, el resto de los fondos provendría de las siguientes fuentes, si bien no aclararon los montos respectivos:

• Los recursos provenientes de operaciones de crédito en el mercado interno o externo.
• El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los Bienes Fideicomitidos.
• Los recursos provenientes de los contratos de venta de capacidad de transporte.
• Los fondos que determine la Secretaría de Energía, provenientes de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
• Los fondos especiales que Ieasa haya creado por instrucción de la Secretaría de Energía con afectación específica al financiamiento y a la construcción de obras de infraestructura de transporte de gas natural.
• Los fondos de cualquier naturaleza que anualmente asigne el Presupuesto Nacional.
• Aportes de terceros.
• Los fondos que perciba Ieasa en virtud de cualquier norma legal con destino a la construcción de obras de infraestructura de gas natural.
• Los cargos específicos que se fijen como aportes al Fondesgas en el marco de la Ley N°26.095 y su modificatoria.
• Otros cargos fijos para el desarrollo del Programa Sistema de Gasoductos “Transport.Ar Producción Nacional”, a aplicarse sobre todo el sistema de gasoductos, en los términos y condiciones que establezca la normativa vigente, con la intervención del Ministerio de Economía.
• Otros aportes que defina la autoridad competente.

¿Dónde estaban los millones?

La Oficina de Presupuesto del Congreso reporta periódicamente el nivel de ejecución presupuestaria del Estado. Dentro de sus análisis, desde la entrada en vigencia del impuesto a la riqueza, hizo una evaluación de la ejecución de los fondos recaudados. En noviembre del año pasado, reportó que se habían devengado los $56.250 millones originales para Ieasa (ahora Energía Argentina). El porcentaje de ejecución había alcanzado el 93,5%. En diciembre, llegó al 100%.

LA NACION consultó a Ieasa sobre dónde se encontraban esos fondos, debido a que el Gobierno tenía la intención de utilizarlos para el gasoducto Néstor Kirchner y tampoco se había anunciado una inversión en otro proyecto. Geréz, presidente de la empresa, informó que habían recibido casi la totalidad de lo recaudado y lo habían colocado en un fondo de inversión del Banco Nación para evitar su depreciación.

“Faltan unos US$200 millones para la primera parte del gasoducto por las diferencias que se generaron por el tipo de cambio”, afirmó la subsecretaria de Hidrocarburos de la Nación, Maggie Videla Oporto, en una entrevista durante la exposición Argentina Oil & Gas (AOG), antes de que se abrieran los sobres de la licitación para la compra de caños.

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